Opinión

Editorial


Danilo Aguirre

Los nombramientos por mandatos ya vencidos o por vencerse en el Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la República, Superintendencia de Bancos y Procuraduría de Derechos Humanos, tienen dos ópticas políticas para ser examinadas y esto es valedero para el partido de gobierno como para la oposición.
Una es la de seguir viendo la integración de estas fundamentales instituciones para la gobernabilidad, la paz social y la democracia, como un objeto de negociación, palabra que nos hiere cada vez que se pronuncia en los debates de ambos sectores que trascienden a los medios de comunicación.
Otra visión debería ser la de aprovechar la oportunidad para un mea culpa de toda la clase política nicaragüense y sobre la base de un listado de personas respaldadas por una vida honesta y transparente, darle por fin a nuestro país el despegue institucional democrático que siente las bases para la construcción de un verdadero Estado de Derecho y por añadidura históricamente comprobada, la de una firme proyección para nuestro desarrollo económico y social.
Ese listado debe ser amplio, no sólo salido de la sociedad civil y de la oposición, sino también del partido gobernante, en el que también militan ciudadanos con las cualidades ya apuntadas.
¿No designó en el pasado del FSLN al Dr. Mariano Fiallos Oyanguren como garantía de confiabilidad desde el sandinismo para la oposición?
El Dr. Fiallos cumplió con creces su cometido y así fue reconocido nacional e internacionalmente.
En Nicaragua hay muchos Marianos Fiallos para el CSE o para cualquiera otra de las instituciones en juego, si lo que se quiere es volver por la credibilidad electoral, la recta administración de la justicia y la firme tutela de los bienes del Estado.
Si lo que se desea es mantener fidelidades por prebendas y garantías de deshonestidad cuando de ésta se les requiera, Nicaragua seguirá hundiéndose en el atraso, la miseria y la resolución de sus contradicciones con el uso de la violencia.
No basta decir que no se reelija a ningún miembro del actual Consejo Supremo Electoral.
El partido de gobierno está en capacidad de cambiar a los suyos con varias réplicas de los actuales y la oposición otra vez llenaría su cuota con correligionarios que al rato están cayendo en los mismos oscuros manejos.
La oposición no debe seguir poniendo como imperativo fatalista el tener que “negociar”. Es hipocresía y cobardía.
Saben que los llamados fallos de la hechiza Sala Constitucional, declarando inconstitucional a la Constitución para permitir la reelección presidencial y la prolongación por decreto ejecutivo de mandatos que sólo pueden ser extendidos por el voto de 56 diputados o más de la Asamblea Nacional, terminarían por dejar al actual gobierno y los comicios electorales que convoque bajo esos términos, más ilegítimos y repudiados nacional e internacionalmente, que el régimen que precedió al derrocamiento del Presidente Manuel Zelaya.
Por su parte, el Presidente Ortega y su entorno de poder deben al fin dejar de tenerle miedo a la democracia y vivir “exprimiéndose las neuronas” para falsificarla.
El contenido social y la bondad de una gestión de gobierno tienen que darse con instituciones que faciliten al pueblo el control del uso del poder y someterse periódicamente al escrutinio limpio de los electores.
Esto da gobernabilidad y progreso. Lo contrario, el querer perpetuarse en el poder con autocracia y espejismos alienantes de apoyo popular, sólo conducen a la división y enfrentamiento de la sociedad.
No se trata de planteamientos utópicos. ¿O es que acaso ya no hay cabida a las virtudes ciudadanas en los sectores políticos de Nicaragua?