Opinión

Un paso contra la violencia


Pareciera no ser suficiente los tantos y tantos convenios y leyes suscritos, nacional e internacionalmente, para erradicar la violencia contra las mujeres y los niños, así como la violencia en general.
Ante las debilidades y escollos que presentan las mismas leyes, la ausencia de centros de prevención contra la violencia, que de existir, podrían ser centros promotores de la paz, las prácticas de la cultura misógina, más los anémicos o inexistentes presupuestos para el tema de la violencia intrafamiliar, instancias sensibles han buscado la forma de trabajar y cooperar mutuamente en aras de que la población nicaragüense acceda a los servicios forenses, servicios que juegan un papel fundamental en el esclarecimiento de los casos penales y de manera relevante en casos de violencia en sus distintas manifestaciones.
El Instituto de Medicina Legal creado hace 11 años, cuyo mayor porcentaje de servicio es en personas vivas (91% atención en personas vivas, versus 3% de estudios postmortem), tiene presencia en el país con 23 delegaciones forenses, lo que a todas luces reclama la asignación de un mayor presupuesto, no sólo para cubrir todos los municipios, sino además para equiparlas debidamente. Esto significaría; presencia de dos o más médicos forenses en los pueblos de mayor incidencia de violencia, al menos una ginecóloga, psicólogas (con carácter de urgencia) y psiquiatras forenses, una o un secretario y de manera óptima una morgue debidamente equipada y su respectiva ambulancia, en cada región de nuestro país. El IML sólo cuenta con una ambulancia, mejor dicho un camioncito medio adaptado para trasladar cadáveres y osamentas para estudios post-mortem.
Ante tales circunstancias, aunando esfuerzos, la Corte Suprema de Justicia y el Minsa, firmaron el 12 de enero, un convenio fundamentado en la Constitución de la República y la ley General de Salud, la Ley 423, la Ley 260 y la Ley 1731, atinentes al acceso oportuno a todos los servicios de salud. Dicho convenio contempla la capacitación de los médicos que el Minsa tiene ubicados en todos los rincones del país donde no hay presencia forense y luego de ello, el nombramiento como médicos adhonorem. Este convenio también establece la creación de la Comisión Nacional Médico Legal y las Comisiones Médico Legales Departamentales. La instalación oficial de la Comisión Nacional de Medicina Legal juramentada el 28 de enero, está integrada por las Direcciones Generales de; Extensión de Calidad, Regulación Sanitaria y de Planificación y Desarrollo, por parte del Minsa y por La Dirección General, las Subdirecciones de Delegaciones, y Vigilancia y Epidemiología Forense por parte del IML.
Eurosocial, Aecid, Fiiap y la fundación alemana para la Información Judicial Rechtliche Zusammenarbeit dieron su aporte para la capacitación de los 150 médicos, impartida por peritos forenses del IML, en la cual se dio énfasis a las “Técnicas de Entrevistas Forenses en casos de violencia intrafamiliar y Delitos Sexuales y la Preparación de Testimonios en Juicio Oral”, dado que los peritos forenses y ahora, los adhonorem, en cumplimiento del Código Penal, asisten a rendir su testimonio en los juicios orales. Dada la importancia de este paso médico legal, a los dos actos de Juramentación, de los 150 médicos forenses adhonorem, dados el 22 y el 28 de enero respectivamente, asistieron las magistradas Alba Luz Ramos Vanegas y Yadira Centeno González, quienes han mantenido en su ejercicio una actitud beligerante en los temas de violencia intrafamiliar, así como la Viceministra de Salud, Licenciada Nora Orozco y otros funcionarios del Poder Judicial, IML y Minsa.
El Ministro González expresó que “este hecho constituye un paso fundamental para atender, no sólo los casos de violencia intrafamiliar y sexual, sino además por la democratización del Derecho que debe ser el pilar fundamental para el desarrollo del país. González amplió sobre el deber y la responsabilidad del médico en nuestra sociedad, y apeló a la ética y la dignidad que debe primar, y más ahora en su nuevo rol de médicos forenses adhonorem.
El magistrado Manuel Martínez por su parte, destacó este paso, al momento de la juramentación, “como ejemplo de la buena marcha y el entendimiento que hay en estas dos instituciones del Estado de Nicaragua, donde el objetivo principal es hacer accesible la justicia y la salud en todos los rincones del país. Así mismo remarcó la necesidad de mantener un buen cumplimiento apegado a la ética, a la ciencia y al humanismo, pues estos casos llenos de dolor, requieren de mucha solidaridad humana. Todos estos esfuerzos deben ser tenidos muy en cuenta por aquellos funcionarios amenazados por tentaciones inescrupulosas, para no tirar por la borda la ética y la dignidad de quienes se deben única y exclusivamente al cumplimiento de su deber.

* Periodista cultural educativa