Opinión

El ilegal Acuerdo No. 08 de la CSJ


En una reciente edición de END salió publicada una circular de la Corte Suprema de Justicia con fecha veinticinco de enero, por medio de la que se pone en conocimiento a la ciudadanía de los porcentajes que deberán pagar los usuarios del Registro de la Propiedad cuando soliciten servicio de agilización por inscripción de escrituras de compra venta, sociedades anónimas, libertad de gravamen, declaratoria de herederos, certificaciones regístrales, etc.
La circular es publicada en los medios de comunicación social, para que entre vigencia, por ende partir del acuerdo los ciudadanos nicaragüenses, quedan virtualmente divididos en dos grandes grupos. El primero lo conforman aquellas personas que tienen capacidad económica para pagar dinero extra a la CSJ, y así lograr que sus documentos sean inscritos en un plazo no mayor de cinco días. El segundo grupo lo integran los que no tienen dinero para comprar lo que puede proporcionar don dinero. Los pobres recibirán en los Registros un mal servicio, ya que sus documentos serán atendidos en forma discriminatoria, pasaran meses sin la inscripción de sus documentos. La resolución de la CSJ, viene a sepultar de una vez por todas, el principio universal, de que todos somos iguales ante la ley.
La resolución del máximo tribunal de justicia es el segundo golpe asestado al bolsillo de los usuarios, ya que en el mes de marzo de 2009, el Presidente de la República, con la complacencia de la CSJ, emitió el ilegal Decreto Ejecutivo No. 14-2009, con el cual fueron incrementados los servicios en el Registro de la Propiedad en un 600%. Mas aún no satisfechos los honorables magistrados, con los enormes ingresos que percibieron el año pasado, ahora vienen y asestan otro zarpazo contra los usuarios, para seguir llenando las insatisfechas arcas financieras de la Corte Suprema de Justicia.
En consecuencia, los ciudadanos que quieran obtener un servicio rápido en el Registro de la Propiedad, deberán tocarse la bolsa, pues ahora además de pagar el servicio ordinario, deberán pagar un porcentaje extra, partiendo del primer escalafón.
Empero lo que quiero enfatizar es que el Acuerdo No. 8, del 25 de enero, rubricado por los magistrados: 1) Manuel Martínez, 2) Rafael Solís, 3) Alba Luz Ramos, 4) Marvin Aguilar, 5) Yadira Centeno, 6) Francisco Rosales, 7) Armengol Cuadra, 8) Juana Méndez, 9) Sergio Cuaresma, 10) Antonio Alemán y 11) Gabriel Rivera, aprobado supuestamente en “Corte Plena”, es ilegal por atropellar a la Constitución Política y Ley No. 260, conocida como Ley Orgánica del Poder Judicial, por cuanto, los magistrados no consiguieron constituir el quórum de ley, amen, aun cuando los magistrados consiguieran reunir el quórum de ley, no tienen competencia para establecer cobros por servicios diferenciados en los Registros de la Propiedad.
La Constitución Política en el artículo 163 dispone que la Corte Suprema de Justicia estará integrada por dieciséis magistrados. La Ley No. 260, ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 26 dispone: “La Corte Plena formará quórum con la presencia de por lo menos tres cuarta parte del total de sus miembros”. El quórum de Corte Plena, lo constituye doce magistrados y no once. La circular del 25 de enero, está firmada sólo por 11 magistrados, por tanto es claro que no hubo quórum, por ese motivo la resolución dictada, no tiene validez ni eficacia alguna, para llevar a efecto los cobros por servicios en los Registros de la Propiedad.
La Ley 260, artículo 26, taxativamente señala las competencias que tiene la Corte Plena, por ningún lado consta que tenga potestad para resolver en asuntos de porcentajes por cobro en los Registros de la Propiedad. En lo personal a mi no me sorprende la actitud de irrespeto a la ley, de parte de los magistrados de la CSJ, quienes en los últimos años se han destacado por violentar el ordenamiento jurídico del país. Al no haber quórum en la reunión del 25 de enero, cabe formular las interrogantes siguientes: ¿Si la CSJ, en estos momentos tiene 15 magistrados, por qué no asistieron a la reunión de Corte Plena los magistrados Edgar Navas, Iván Escobar Fornos, Ligia Molina y Dámisis Sirias? ¿O es que los mencionados magistrados estuvieron en la reunión, pero se negaron a firmar el Acuerdo No. 8, por estar en desacuerdo con los porcentajes que señala la Circular de la CSJ? ¿Será acaso que los magistrados disidentes a lo interno consideraron que no es facultad de la Corte Plena, asumir ese tipo de resolución por no estar estipulado en la ley No. 260?
Cualquiera que sean las causas por la que no hubo quórum de Corte Plena, la verdad es que la referida resolución, no debe ser acatada por los ciudadanos, ya que acatarla, implicaría continuar avalando el atropello a la ley, ya que los funcionarios suscritores del acuerdo, no están facultados por la ley, para dictar cobros en los registros de la Propiedad.
Sería vano e inútil recurrir de Amparo contra el Acuerdo No.8, pues cualquier recurso que pretenda impugnar la resolución, ya que la CSJ sería juez y parte en el caso. Para que este problema tenga una resolución favorable, se requiere la intervención de los diputados de la Asamblea Nacional. Se precisa que el Parlamento proceda a interpelar a los magistrados de la CSJ para que estos rindan cuenta de su actuación anómala, expliquen los motivos y las razones por la que constantemente irrespetan la Constitución y ley. Es inadmisible e injustificable la pasividad, la complicidad y la alcahuetería en que han caído los legisladores, con los magistrados de la CSJ, muchas leyes que aprueba el Parlamento son impunemente violentadas por los encargados de administrar la ley, sin que esas violaciones tengan consecuencia alguna para los infractores. Tengo la certeza que el día que los diputados se amarren los pantalones, y se decidan a actuar con independencia, acorde a lo preceptuado en la Carta Magna, cuando los sancionen, los destituyen de los cargos, por atentar contra el principio de legalidad, será entonces que los funcionarios públicos pondrán su barba en remojo, se acabará el jueguito de estar manipulando las leyes. Algún día, la Asamblea Nacional, asumirá el genuino rol de constituirse en un Primer Poder de Estado, como el que tienen la inmensa mayoría de los países del mundo.
*Abogado y Notario Público