Opinión

Lecciones del Golpe en Honduras


Al caer el telón del golpe de estado hondureño, el presidente de facto Roberto Micheletti cumplió su promesa de mantenerse en el poder hasta el último día. El nuevo presidente, Porfirio Lobo, tomó posesión sin que se hubiera restaurado el orden constitucional, como reclamaban la OEA y Estados Unidos. Este desenlace repercutirá en todo el continente y particularmente en Nicaragua.
A contrapelo del chavismo, se demostró una vez más que las “revoluciones” no son exportables. Zelaya nunca contó con el apoyo popular que alegaba para encabezar una rebelión, aún si ésta fuera financiada por el dinero de Chávez y apoyada por la logística conspirativa del orteguismo. Al final, ganó el golpismo encabezado por Micheletti, el líder de una alianza conservadora integrada por el sector privado, los partidos liberal y nacional, la iglesia, el ejército y los principales medios de comunicación. Pero el costo económico y político para el país ha sido inmenso. “Pepe” Lobo asumió la presidencia de un gobierno en quiebra económicamente, y deberá hacer un formidable esfuerzo político de reconciliación interna a fin de recuperar su legitimidad y apoyo internacional.
La tragicomedia del presidente derrocado Mel Zelaya dejó en crisis al sistema interamericano. Pese a la suspensión de Honduras de la OEA, y al rechazo generalizado al golpe de Estado, la OEA demostró ser totalmente ineficaz. Y aunque ahora muchos reclaman una reforma a la Carta Interamericana para dotarla de “colmillos”, no existe consenso para acordarla bajo el clima de división ideológica que prevalece en el continente.
Pese a la OEA, el golpe se impuso desafiando incluso las presiones de Estados Unidos y el acuerdo de paz para restituir a Zelaya en el poder. En Honduras prevaleció una correlación de fuerzas doméstica, y por efecto de la inercia de las relaciones económicas, el nuevo gobierno de Lobo tiende a lograr gradualmente su reintegración al sistema interamericano.
Para Nicaragua, el fracaso de la OEA deja lecciones de gran trascendencia. Cuando la OEA condenó el golpe en Honduras, renació el reclamo sobre por qué la institución regional no se pronunció con igual beligerancia condenando el fraude electoral en Nicaragua. En efecto, hay un paralelismo entre el golpe de estado como violación a la institucionalidad democrática y el fraude ocurrido en total impunidad. Pero al fracasar las sanciones externas en Honduras, queda en evidencia el peso que tienen las correlaciones de fuerzas políticas en un país, para bien o para mal, que nacen de la fortaleza de los actores internos.
En nuestra cultura política, marcada durante más de un siglo por la debilidad del estado y el injerencismo de Estados Unidos, ha existido una tendencia a sobredimensionar el factor externo en la búsqueda de soluciones o culpables de los problemas nacionales. Siempre se quiere hacer del actor externo el árbitro, cuando no un protagonista central. A esto se añade la enorme dependencia de la economía en la ayuda externa, que hace del factor internacional un elemento estructural que genera profundas distorsiones en los equilibrios de poder.
En la oposición, alimenta la creencia de que la presión externa puede ser un sustituto de su propia fuerza doméstica; y en el gobierno, la expectativa de conseguir más recursos externos se convierte en un incentivo para financiar el voluntarismo político, más allá de los límites económicos que impone el presupuesto nacional. Precisamente, eso es lo que está ocurriendo con la nueva dependencia clientelista establecida entre Ortega y Chávez.
Pero si la oposición se propone impulsar un cambio democrático profundo, debería empezar por descartar la vieja creencia de que la presión externa --OEA, EU, UE-- puede sustituir su incapacidad de movilizar a las fuerzas nacionales. O que los problemas que afectan a los aliados externos de Ortega, como las protestas que enfrenta Chávez en Venezuela y el caos económico en ese país, determinarán el futuro del régimen en Nicaragua, y por tanto, sólo habría que esperar a que caiga del árbol la fruta madura.
No hay duda de que en un país como Nicaragua el factor externo es importante, nadie puede desestimarlo, pero la realidad indica que no es determinante. Aquí no habrá un cambio verdadero si no surge una oposición beligerante, capaz de resistir el embate del modelo estado-partido-petrodólares y de proponer una alternativa creíble, sin esperar que la solución venga de afuera.
Y si se trata de evitar un nuevo fraude electoral y refundar el Consejo Supremo Electoral, resulta ingenuo pensar que el régimen de Ortega aceptará “en frío” ceder cuotas de poder. Una limpieza de nuestro sistema electoral sólo es concebible como resultado de una presión popular masiva. No existen antecedentes en América Latina en el que un régimen autoritario ceda el control del sistema electoral por voluntad propia. En cambio, deberíamos mirarnos en el espejo de Perú en el año 2000, cuando el fraude electoral y el régimen de Fujimori fueron derrotados por una revuelta cívica, encabezada por el entonces candidato opositor Alejandro Toledo, con el apoyo de la comunidad internacional y la OEA.
En última instancia, sólo una alternativa política que logre echar raíces nacionales para movilizar a la población,--acompañada de redes ciudadanas y empresarios que se preocupen más allá de sus intereses económicos inmediatos-- logrará un apoyo externo efectivo. Entonces, quizás, el compromiso democrático de la comunidad internacional rendirá sus frutos en nuestro país.