Opinión

Al rescate de la Nicaragua empastillada


Conciente de la importancia de las notas periodísticas publicadas los días 26 y 27 de enero en este prestigioso diario respecto a la venta indiscriminada de fármacos; considero oportuno hacer algunos aportes que permitan ilustrar a los lectores las causas y consecuencias así como la responsabilidad de los actores involucrados y algunas sugerencias sobre este delicado tema.
La automedicación y por ende la venta indiscriminada de fármacos es un problema de antaño (60 años dice la Dra. Cajina) que ha tenido su máxima expresión en el impulso de mercadeo o marketing, como dicen los estudiosos en economía y que se ha establecido en “países en vías de desarrollo”, blanco perfecto para las transnacionales farmacéuticas, ya que en la mayoría de estos, las instituciones reguladoras no cuentan con los recursos profesionales, logística y condiciones necesarias para el desempeño de sus funciones de ejecución e implementación de leyes vigentes.
Esta situación en nuestro país se refleja en el bajo presupuesto asignado al Ministerio de Salud y la voluntad política por parte del Estado en intervenir en este tema de salud pública que también afecta directamente el bolsillo de los consumidores, víctimas de la promoción farmacéutica agobiante que induce al consumo y gasto excesivo en medicamentos.
Es contradictorio que las instituciones reguladoras, las cuales generan aranceles cuantiosos en las diferentes actividades administrativas, como: trámite de licencias sanitarias para establecimientos farmacéuticos, permisos de importación, registro sanitario de productos etc., no reviertan dichos ingresos en el fortalecimiento del sistema, lo que incide en su pobre desempeño.
Obviamente, los fármacos no son “chicles ni caramelos “, el problema es que esta frase no la tomamos en serio ni aun por lo que está en juego, que es la vida misma.
El 4 de junio de 1998 fue publicada en la Gaceta Diario oficial la Ley 292 “Ley de Medicamentos y Farmacia”, que en su artículo No.1 literal a y c dice textualmente Arto.1: La presente Ley tiene por objeto proteger la salud de los consumidores, garantizándoles la disponibilidad y accesibilidad de medicamentos eficaces, seguros y de calidad, para tal efecto regulará:

a) La fabricación, distribución, importación, exportación, almacenamiento, promoción, experimentación, comercialización, prescripción y dispensación de medicamentos de uso humano, cosméticos medicados y dispositivos médicos.
b) La información, publicidad y uso racional de medicamentos.
Como vemos, esta Ley tiene cuantiosa valía ante la situación planteada pues es parte integral en la solución del caos en el Sector que por cierto no se limita a la venta indiscriminada sino también a temas como: la publicidad, el acceso y el precio de medicamentos.
Si el Sr. Roberto Lacayo afirma que solo para los Psicotrópicos se pide la prescripción médica y que “todo lo demás es de venta libre” me queda la impresión que desconoce que al menos “no debería ser así” puesto que la Ley 292 en su arto.59 en su parte conducente dice Arto.59 “Se entiende por medicamento de venta libre aquellos por su relación beneficio -riesgo favorable no expone al paciente a riesgos mayores y cuya entrega o administración no requiere la autorización facultativa o receta médica. El Ministerio de Salud es responsable de definir, elaborar y distribuir la lista de medicamentos de venta libre.”
Esta lista fue elaborada y enviada a publicación por última vez el 26 de agosto del 2003 amparada en la Resolución Ministerial 181-2003 y en la cual se definen los medicamentos que pueden venderse sin receta facultativa en pulperías, misceláneas, supermercados, gasolineras, puestos de venta y la misma farmacia, dicha lista sigue vigente al no existir otra disposición.
La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿Quién es el encargado del cumplimiento de esta resolución ministerial?
El arto.4 de la Ley General de Salud señala: “Corresponde al Ministerio de Salud como ente rector del Sector, coordinar, organizar, supervisar, inspeccionar, controlar, regular, ordenar y vigilar las acciones en salud, sin perjuicio de las funciones que deba ejercer frente a las instituciones que conforman el Sector Salud, en concordancia con lo dispuesto en disposiciones legales especiales”.
A su vez el arto.3 de la Ley de Medicamentos apunta Arto.3: “El Minsa es el órgano competente del Estado para ejecutar, implementar y hacer cumplir la presente Ley”.
Por tal razón es más que evidente que dicha Institución es la encargada de hacer cumplir la venta de medicamentos con la debida prescripción medica a través de la dependencia administrativa que corresponde, en este caso la División de Farmacias que ve limitado su accionar por las razones que ya comentaba al inicio. Esto también explica por qué no es necesario crear instituciones paralelas en complicidad con alguna organización médica pues el Arto. 1 y 2 de la Ley General de Salud define que es el Estado el encargado de tutelar el derecho de toda persona de disfrutar, conservar y recuperar su salud, en armonía con lo establecido en las disposiciones legales y normas especiales.
En todo caso lo que debería de ocuparnos a todos los profesiones de la salud es promover la colegiación en aras del ordenamiento, ética del ejercicio profesional, superación académica y coordinación conjunta con el Minsa en actividades de educación sanitaria que redunde en un beneficio a la población. Este proceso debe estar alejado de intereses políticos que lo único que fomenta es más caos en el Sector Salud reflejado en aspectos de repercusiones todavía aun más graves, como los abortos inducidos por fármacos fuera del entorno sanitario, (práctica de moda en los jóvenes), dependencia a los psicotrópicos o la Resistencia Bacteriana cuyas afectaciones son ya visibles en el manejo de diversas enfermedades en el medio a las cuales ni el mismo Sistema de Salud Pública tendrá solución por no establecer con mesurada razón una sola línea de trabajo en el Uso Racional de Medicamentos con el Sector Privado. Son estas algunas razones de sobra para exigir al gobierno acciones inmediatas, pues todo esto es producto de la facilidad de comprar medicamentos sin receta.
Demás está decir que “en río revuelto ganancia de pescadores” y esto es precisamente lo que pasa en nuestro país donde la Salud se ha convertido en un negocio redondo y prueba de ello es el auge acelerado de la apertura de farmacias en los últimos 10 años, farmacias que en un porcentaje considerable no cumplen a cabalidad con los requisitos de ley, principalmente con lo relacionado a la Regencia Farmacéutica, ejercicio que debe de ser capitalizado por el Estado como parte de la solución del problema todo esto con el debido respaldo institucional para hacer prevalecer las funciones establecidas en el Arto.75 de la Ley 292.
Al igual que en muchos otros casos, como la intoxicación y muerte de personas con metanol ocurrida hace unos años en León, donde las autoridades actuaron de forma temporal, enérgica, efectiva y conjunta (Minsa, Policía, Alcaldía, etc.) solo cuando ocurra un percance de igual magnitud que implique la venta de algún medicamento en alguna farmacia o canasto de la calle con iguales consecuencias ¡Dios no lo permita!,y si acaso no ha ocurrido, estoy casi seguro que volveremos a ver beligerancia en nuestras autoridades por lo que ésta será una alerta mas que este medio de comunicación acertadamente pone al descubierto pero que desgraciadamente, la experiencia lo demuestra, una vez más pasará al olvido.
Me resulta frustrante y preocupante que autoridades del nivel de la Dra. Maritza Quant y del Dr. Guillermo González (ex ministro y Ministro actual de Salud) se limiten a felicitar a este medio por su labor educativa ignorando absolutamente la responsabilidad que tienen para tomar medidas al respecto.
¿Por qué no comprometerse a tratar de dar pasos significativos en función de mejorar este escenario, gestionando una mayor asignación de recursos económicos y humanos a la dependencia correspondiente y planificando un trabajo enérgico y dinámico en la aplicación de la Ley? La tarea es ardua y complicada pues es transformar la idiosincrasia del nicaragüense por esto se debe hacer un llamado activo a los actores involucrados en este tema a sumarnos a un esfuerzo por realizar cambios sustánciales que beneficien a la población.
En medio de la pobreza que impera en el país, condición que nos obliga a tomar decisiones sabias, diferentes inquietudes surgirán de esta reflexión planteada, inclusive la incomodidad de pensar si es que acaso es necesario acudir en cualquier situación de salud al médico para que este prescriba ¡es difícil aceptarlo! El asunto esta que peor nos irá en nuestro futuro si no damos pasos en vías del ordenamiento.
Para concluir insto a todos los profesionales de la salud a avocarnos a apoyar al gobierno en cualquier llamado en este sentido y al gobierno mismo que pregona la defensa de la clase empobrecida demostrar voluntad y firmeza en corregir esta lamentable situación y hacer de esta utopía una necesaria realidad.

*Químico Farmacéutico UNAN- León