Opinión

Sobre la amnistía


Históricamente surgida como una figura política con la cual se trató de solucionar problemas políticos; así surgió y se adoptó en México por ejemplo, donde aún subsiste pero reservada únicamente para el Poder Legislativo.
Pero la amnistía nada tiene que ver con la justicia, puesto que lo que realmente hace es desvirtuarla, no se trata de una institución jurídica sino de un fenómeno político-constitucional acomodado en el Derecho y en las leyes penales. Es un instrumento puesto a la disposición del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, respectivamente, conforme lo establecido en nuestra Constitución Política: artículos 138, numeral 3 y artículo 140, numeral 4, relativos a la concesión de amnistía e indulto y a la iniciativa de ley según corresponda.
Cierto es que en muy determinadas circunstancias históricas conviene, por razones de Estado, más que castigar, olvidar; estamos entonces en supuestos muy vinculados con la ciencia del poder, misma que como sabemos es la política, siendo ajena a la justicia que sencillamente dispone que quien delinque debe ser castigado.
¿Conviene a la nación nicaragüense y a sus nacionales, olvidar más que castigar la intensidad y amplitud de los delitos comunes cometidos contra ellos?
Los gobernantes por sí mismos, de manera desinteresada y con la mejor disposición, nunca conceden una amnistía; cuando lo hacen será obligados por las circunstancias: por ejemplo, para pacificar el país o consolidarse en el poder.
No es ni por asomo, la situación por la que pasan los actuales gobernantes de la Nicaragua donde el “Pueblo es Presidente”, apoyándose precisamente en los principios que nutren la Democracia directa, la misma que se ejerce a partir del Poder Ciudadano. Hablamos por tanto de participación ciudadana y de representación principalmente, ambos sustentados en la legitimidad que la voluntad popular libremente manifestada otorga.
En nuestro país cuando iniciamos la segunda década del siglo XXI y en el año de la Solidaridad, ¿vamos a permitir que la incapacidad crónica y generalizada de una oposición minusválida nos enfrente con dicha figura científica del poder político, para hundirnos sin remisión en la politiquería hueca, ilegal e inmoral que ya sin pudor alguno propone olvidar tanto latrocinio e ignominia?

Amnistía e indulto como formas político-constitucionales:
Ambas figuras (constitucionalmente determinadas, y por tanto con vida institucional por el mandato de que sean objeto de Leyes expresas), son comunes tanto al Derecho Constitucional como al Penal, y deben tenerse formalmente como expresiones político-constitucionales en la vida de todo Estado de Derecho ya que, de igual manera que la organización estatal tiene facultades para crear tipos delictivos e imputarlos ante los tribunales, abriendo los procesos correspondientes donde se determinarán culpabilidades cuando sea el caso, y se fijarán las sanciones correspondientes, también puede por razones consideradas válidas excepcionalmente, renunciar a su facultad de castigar.
En las circunstancias actuales y desde hace ya demasiado tiempo, existen culpabilidades determinadas por el Poder Judicial no cabiendo siquiera la eventualidad del indulto, puesto que al actuar en abierta violación a la Ley Orgánica del Poder Legislativo (Título III, Capítulo I, artículos 90 a 97 inclusive), la descarada iniciativa de Ley que pretende una amnistía con nombre y apellidos tristemente célebres en nuestra historia reciente, ni siquiera existe legal y jurídicamente hablando, puesto que caducó en el año 2008 al operar plenamente lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo (Ley No. 606), que regula la denominada “Caducidad de la iniciativa por falta de impulso”.
Ningún firmante del nefasto “dictamen de mayoría” suscrito al amparo de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, ni la misma Comisión impulsó ni solicitó prórroga del plazo de una legislatura para la aprobación de la iniciativa de Ley de Amnistía desde el año 2007 en que por primera vez se habló de la misma; por tanto y conforme al artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la caducidad en el proceso de formación de la pretendida Ley opera plenamente, y dicha iniciativa debe ser archivada de oficio por el Presidente de la Asamblea Nacional.
Al violentarse el proceso de formación de Ley, la iniciativa nunca tuvo vida y deberían los “presuntos inocentes” afrontar democráticamente los procesos judiciales que tienen pendientes, puesto que no debiendo nada ni a nadie, no deberían temer nada y mucho menos a nadie.
Finalmente, una última reflexión que debemos compartir todas y todos los nicaragüenses sobre la amnistía soñada por Alemán y Montealegre:
¿Del espíritu y voluntad política de qué autollamadas “fuerzas democráticas”, nacen los complicados delitos que pretenden ser olvidados políticamente?
Por todo lo comentado, será sano para el futuro de la Nicaragua que somos todas y todos, no confundir Amnistía e Indulto bajo pretexto alguno, menos el de autoproclamados espíritus democráticos que una vez más delinquen políticamente, y se arriesgan a que caiga sobre sus nombres y apellidos una democrática condena popular y ciudadana, en la cual política y justicia inevitablemente coincidirán en el veredicto de culpabilidad sin absoluciones históricas posibles.-

*Jurista y docente en Derecho Constitucional