Opinión

Momento histórico para la institucionalidad de Nicaragua


El día 22 de enero se instaló la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para seleccionar a las personas que ocuparán los 25 cargos que quedarán vacantes en distintos Poderes del Estado e instituciones públicas. En este contexto Nicaragua está viviendo una oportunidad histórica para restablecer el Estado de Derecho y la clase política tiene la oportunidad de hacer valer su papel de servidores públicos que trabajan por el bien de la nación.
El proceso que está viviendo Nicaragua también representa un nuevo punto de partida para que el país sea más atractivo a la inversión privada y social; y de esta manera presentarse ante la comunidad internacional como una sociedad que a pesar de las diferencias políticas y económicas, tiene como fin seguir fortaleciendo los valores democráticos e institucionales. Sin embargo, esta oportunidad histórica solamente será posible a través de la elaboración de un contrato social entre los que gobiernan y los gobernados; y no a través de amnistías o constituyentes como se ha hecho creer y que han dado resultados negativos a través de toda la historia del país, porque promueven la impunidad y se han realizado de forma inconsulta con la ciudadanía.
En este sentido es necesario que los partidos políticos con representación parlamentaria depongan sus intereses y declinen de ver a los poderes e instituciones del Estado, como el fin para fortalecer sus espacios de poder en la sociedad. Las organizaciones políticas deben entender que la única manera de fortalecer estos espacios, es que los partidos tengan procesos internos más democráticos, faciliten el surgimiento de nuevos liderazgos y tengan una propuesta de agenda política y económica en permanente actualización, coherente con las necesidades de los y las nicaragüenses.
La selección de los 25 cargos y en especial, la selección de nuevos Magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) que realizará la Asamblea Nacional, tienen un nivel de importancia único, porque permitirá tener procesos electorales más transparentes y un tratamiento más equitativo de parte de la autoridad electoral con las fuerzas políticas en contienda electoral.
Para ello las organizaciones civiles que integran el Grupo promotor de Reformas a la Ley Electoral en su pronunciamiento del 21 de enero del corriente, sugirieron que los diputados y diputadas, además de los requisitos ya establecidos en la Constitución Política, tomen en cuenta los siguientes criterios para la selección de los Magistrados del CSE: “De reconocida trayectoria y capacidad profesional, de reconocida honestidad y responsabilidad demostrada en el ejercicio del servicio o cargo que se le haya asignado en la vida pública o privada, no pertenecer a ninguna junta directiva, órgano de dirección de algún partido político y no haber sido electo como magistrado en este Poder del Estado en el período inmediato anterior”.
Pero estos criterios también son aplicables para los candidatos y candidatas que aspiraran a ser nombrados para el resto de cargos públicos, además del Consejo Supremo Electoral que quedaran vacantes y es aquí la oportunidad de los legisladores de apoyar las propuestas de candidaturas que distintos sectores de la sociedad civil, la empresa privada y asociaciones de abogado, entre otros está proponiendo.
De esta manera los legisladores demostrarían ante la nación que la negociación que según ellos es inevitable hacer por cuestión de los votos calificados que se requieren para los nombramientos, la centrarían en la escogencia de personas con los criterios antes mencionados y sin el sesgo de partido político. Lo cual significaría ante la nación que la escogencia de estos cargos fue para el bien común de la sociedad en general y el debido fortalecimiento de las instituciones del país.

*Lic. en Relaciones Internacionales