Opinión

Amnistía para los corruptos


La semana pasada los Magistrados de la Sala Penal Dos, del Tribunal de Apelaciones de Managua, sorprendieron a los sectores políticos del país, dictando resolución en la cual anula la sentencia de sobreseimiento definitivo, que por prescripción de la acción penal había dictado en el año 2006 el Juez Primero del Distrito del Crimen, en la causa penal donde estaba siendo procesado el ex Presidente de la República doctor Arnoldo Alemán Lacayo, por los casos de las “Vaquillas” del IDR y el “Narcojet”. La resolución judicial implica que el proceso penal contra el político liberal, cobra vida, razón por la cual en cualquier momento el imputado podrá ser convocado por la Juez, para que rinda declaración indagatoria, abrir a prueba el juicio y dictar una sentencia definitiva a favor o en contra del acusado. La situación legal se le complica a Arnoldo Alemán, pues otra causa judicial conocida como Mayco, también fue reabierta, por tanto el caudillo de los liberales muy probablemente se vea obligado a enfrentar la justicia penal.
Obviamente, la reactivación de los procesos penales contra Alemán Lacayo, es un mecanismo de presión y chantaje, que está implementado públicamente el gobernante Daniel Ortega, utilizando como instrumento represivo al Poder Judicial, a fin de obligar a negociar al caudillo liberal, en el nombramiento de 25 funcionarios públicos de los Poderes de Estado, en especial para que sean ratificados en sus cargos los Magistrados del Consejo Supremo Electoral, elección que en los próximos días, ineludiblemente tendrá que efectuar los diputados de la Asamblea Nacional. Mas como ninguna de las bancadas del parlamento nacional- incluyendo a la del FSLN- tienen los dos tercios de votos para nombrar a los funcionarios públicos, conociendo que el PLC y la bancada VCE han dicho que no darán un solo voto para reelegir a ninguno de los actuales magistrado del CSE, es que Ortega, de la manga de la camisa se saca el garrote del Poder Judicial y lo usa como amenaza con la intención golpear políticamente al caudillo del PLC, el fin es amedrentarlo e intimidarlo, hasta lograr doblarle el brazo, para que conceda los votos necesarios para reelegir al magistrado Presidente del CSE, Roberto Rivas Reyes.
Es así que los diputados del PLC, inmediatamente se movilizan y desempolvan de la tubería parlamentaria, el proyecto de ley de Amnistía, que habían elaborado el año pasado, para liberar a su líder de la causa conocida como la Guaca 1, en la que había sido acusado y condenado a veinte años de cárcel. Ese proyecto de Amnistía no fue necesario presentarla en el plenario de la Asamblea Nacional, pues el juicio se resolvió a favor del condenado, con la sentencia definitiva que dictarán los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los primero días del mes de enero del 2009. Para lograr la sentencia Alemán Lacayo tuvo que ceder al FSLN, la Presidencia del Parlamento Nacional, al diputado orteguista, René Núñez Téllez, aun cuando meses atrás los diputados del PLC, pregonaban que no reeligirían en el cargo a Núñez Téllez. Por lo tanto el proyecto de amnistía, no perdió vigencia ni validez de conformidad a la parte in fine del arto. 141 Cn., que dice: “Las iniciativas de ley presentadas en una legislatura y no sometidas a debate, serán consideradas en la siguiente legislatura”. Las que fueran rechazadas, no podrán ser consideradas en la misma legislatura.
El gobierno, pretendiendo manipular la opinión pública nacional, a través de todos los medios de comunicación que están bajo su control, en especial el Canal 8 de televisión, inició un spot publicitario de ataque y desprestigio contra a los impulsores del proyecto de amnistía, atacando con los peores adjetivos, de ladrones y corruptos. Sin embargo, los del gobierno callan con respecto a que en 1990 y 1993, el gobierno sandinista fue impulsor de dos proyectos de amnistía, que cubrió y protegió a todos los funcionarios del gobierno y a quienes participaron en la toma de la ciudad de Estelí, donde fueron saqueados bancos y fueron asesinadas muchas personas. También guardan silencio cuando Arnoldo Alemán Lacayo fue sobreseído mediante sentencia de la CSJ, en el caso de la Guaca 1, por órdenes expresas del Presidente de la República, Daniel Ortega.
El juicio de la Guaca 1, iniciado de buena fe durante la administración de Enrique Bolaños, fue objeto de manipulación por parte Ortega, éste usó la causa penal para sacar réditos políticos personales y partidarios, es decir, la causa judicial contra Alemán tuvo un giro, el proceso dejó la buena intención de hacer justicia y castigar a los culpables de actos de corrupción. A partir del cambio de gobierno el juicio se convierte en un circo, en una parodia, en un chantaje y extorsión política, pues al reo se le decía si no me das esto o lo otro, te mando a la modelo de Tipitapa, de esta manera Alemán fue cediendo cuotas de poder a favor del caudillo del FSLN.
La disyuntiva o encrucijada en que nos encontramos los nicaragüenses es la siguiente: ¿Debemos apoyar el proyecto de Amnistía a favor de Arnoldo Alemán Lacayo y Eduardo Montealegre? ¿O por el contrario debemos apoyar a Daniel Ortega, para que nuevamente procese a Arnoldo Alemán Lacayo y a Eduardo Montealegre? ¿Estamos de acuerdo los nicaragüenses en que el Presidente de la República, Daniel Ortega, continúe utilizando como un instrumento de persecución política el Poder Judicial? ¿Cuáles es el grado de independencia que tienen los jueces y magistrados en este país a la hora de impartir Justicia? Sin tener un ápice de dudas, tengo la certeza que el ex Presidente Arnoldo Alemán, antes y durante su administración presidencial incurrió ciertamente en actos de corrupción, que sacó del erario público millones de dólares, los que trasladó a la República de Panamá, usando sociedades anónimas falsas, por ese motivo es que en el país canalero, le tiene pendiente un juicio por el delito de lavado de dinero. De igual manera tengo la certidumbre de que Alemán Lacayo está implicado hasta la médula de los huesos en los casos del Narcojet, Mayco y las vaquillas del IDR.
Pero el punto de reflexión es hasta dónde el gobierno tiene la intención genuina de hacer justicia y castigar a los culpables por los actos de corrupción, o por el contrario el objetivo de estos nuevos juicios es continuar con la manipulación de la justicia de cara a intereses políticos partidistas. Conociendo el antecedente de la Guaca 1, nadie debe llamarse a engaño, los juicios contra Alemán Lacayo en este momento están siendo utilizados porque se encuentran trabados en el parlamento nacional el nombramiento de los funcionarios públicos de los poderes de Estado. Entonces Daniel Ortega, al no tener los votos en la Asamblea Nacional, para elegir a sus lacayos, es que presiona con el Poder Judicial, para que el caudillo del PLC, ceda en cuanto a ratificar a los magistrados del CSE.
Como nicaragüense me preocupan los problemas políticos de inestabilidad, de ingobernabilidad por los que atraviesa la nación, lo cual afecta el clima económico y social. Considerando que en nuestro país no existe una justicia independiente en la cual se respete el debido proceso, considerando que en este país los jueces y magistrados son subordinados del poder político, bajo esa triste y deplorable realidad, es que como ciudadano, me inclino para que de vez por todas se resuelva por medio de una Amnistía, los problemas no políticos, sino de corrupción de Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre, ya que está más que demostrado que las causas incoadas contra estos políticos, dejaron el alero de la justicia, para ser llevado al alero de lo político. Estas causas no son más que una farsa, un circo, una pantomima, del gobierno de turno, con lo cual el Presidente, pretende aumentar sus cuotas de poder.
La actuación de Daniel Ortega es la de un simple y vil oportunista, que quiere mantener secuestrado a sus adversarios y enemigos políticos para que no le hagan sombran en la ostentación y conservación del poder político. Si se apoya la posición del Gobierno de mantener como reo político al caudillo del PLC y a Eduardo Montealegre, con ello estaríamos siendo tontos útiles en función de los intereses de Daniel Ortega, lo que conllevaría que éste logre sus objetivos de ratificar en los cargos a los magistrados del CSE, se materialice candidatura presidencial de Daniel Ortega, para las elecciones generales del 2011, se asegure su continuidad en el poder hasta el año 2016, esa victoria electoral que sin lugar a dudas, sería garantizada por el magistrado electoral Roberto Rivas Reyes. Ante esa difícil disyuntiva, los nicaragüenses, tenemos en estos momentos que poner en primer lugar los intereses supremos de la nación, sacrificando por el momento los inmensos deseos de justicia y de castigo contra los funcionarios públicos de anteriores gobiernos que cayeron en actos de corrupción.

*Abogado y Notario Público