Opinión

Venta de Canal 8 obliga a la transparencia


La compra-venta de Telenica (Canal 8 y Radio 8) es noticia y motivo de una reflexión amplia que aún no se ha dado. Los medios de comunicación son en nuestros tiempos escenario principal de la vida política y portadores de la principal riqueza de la sociedad del siglo XXI: la información. La frecuencia, calidad y acceso a la misma afectan directamente la vida democrática de una sociedad. Por eso la información es un derecho fundamental. Tanto como la vida o el alimento, la educación o la salud, la movilización o las posibilidades de expresarse públicamente.
Hasta ahora las partes involucradas se han mantenido herméticas sobre la naturaleza y alcance de esta transacción, la primera de su tipo en la historia de la televisión nacional. El licenciado Carlos Briceño Lovo, ex dueño de Telenica, cuando se confirmó la compra-venta que días antes negara rotundamente declaró que: “por razones de confidencialidad los nombres y las razones sociales de los nuevos compradores, contractualmente no pueden ser divulgados”.
Los nombres y las razones sociales de los nuevos compradores conducen a un reducido grupo en Nicaragua, ya que la transacción es multimillonaria. Unas versiones indican 210 millones de córdobas. El señor Briceño ha dicho que el monto fue mucho menor. Lo cierto es que se pagaron varios millones de córdobas y en Nicaragua tenemos muy pocos millonarios.
Algunas versiones periodísticas apuntan a que altos funcionarios de la Presidencia de la República, del Frente Sandinista y la familia del presidente Daniel Ortega, han empleado fondos del Grupo ALBA para tomar control de Telenica. Hasta ahora no se ha conocido reacción alguna de Telcor, la Presidencia, el FSLN, la familia Ortega-Murillo ni del Grupo ALBA.
Pero es llamativo que los licenciados Orlando Castillo, Director de TELCOR, y Francisco López, Presidente del Grupo ALBANISA y de PETRONIC, habrían participado en la transacción. También, que el personal de Canal 8 fue convocado a una reunión nocturna con los licenciados Juan Carlos Ortega Murillo, directivo de Multinoticias Canal 4 y TeleSur, e hijo del Presidente; y Alberto Mora, de Multinoticias Canal 4 y socio de una de las empresas a las que se les ha confiado la elaboración de publicidad gubernamental. Tal encuentro se dio en el complejo de Reparto El Carmen donde se funden el hogar del presidente Ortega, las oficinas del FSLN y la sede del Poder Ejecutivo.
Todo este sigilo debe dar paso a la transparencia, puesto que no ha cambiado de propietarios una empresa cualquiera. Los medios de comunicación, aunque empresas privadas, administran un bien público y un derecho fundamental para las personas y la salud de la democracia: el derecho de la gente a saber, a ser informadas oportuna y debidamente. Lo mismo aplica para todas las que se han dado anteriormente, sobre todo en el mundo de la radiodifusión nacional.
Lo primero que debe quedar claro es el efecto de la transacción sobre el titular de la licencia de la frecuencia de Telenica. La ley 200, Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales, establece en su artículo 67 que las “concesiones, licencias o permisos concedidos a personas naturales (…) serán personales e intransferibles.” La página web de Telenica indica que hasta antes de la transacción, Canal 8 era “una empresa familiar de una pareja de empresarios…”, a saber Carlos Briceño Lovo y su esposa.
¿Cambió de titular la frecuencia de Telenica? El señor Briceño informó a los trabajadores de Canal 8 que se apartaba totalmente de la empresa. ¿Se apartó de la licencia concedida por el Estado, y la ha cedido a otra persona natural o jurídica? Esto es algo que Telcor debe aclararnos. Si no se atendió el marco jurídico y su reglamento, las partes habrían incurrido en una violación muy grave y debiera analizarse la posibilidad de aplicar las sanciones administrativas y civiles que manda la Ley 200, entre las cuales se contempla “suspender o cancelar total o parcialmente la concesión, licencia, permiso o autorización”.
La ciudadanía también tiene el derecho a saber quién la compró y para qué. Si fue la Presidencia de la República, una pregunta básica sería ¿por qué no se puso en marcha el largamente pospuesto proyecto del Canal 6, que es propiedad del Estado, y se prefirió adquirir un canal privado de televisión? ¿Para qué la Presidencia querría otro canal de televisión cuando ya tiene a Multinoticias?
¿Si fue desde la Presidencia que partió la orientación de adquirir Telenica, se actuó conforme la Ley de Contrataciones del Estado? Hasta donde se sabe, hubo una discusión directa entre vendedores y compradores. Telcor y el Consejo de Comunicación y Ciudadanía deben informar a la sociedad la naturaleza de esta transacción, que supuestamente se dio entre particulares. Ambas instancias saben que la Presidencia no es un particular. Este llamado aplica para la Tesorería General de la República y la Contraloría General de la República que, en voz de uno de sus magistrados ha dicho que nada tienen que ver en este asunto “entre particulares”, señal de que él sabe quiénes son o podrían ser los compradores.
Un segundo aspecto que debe aclararse prontamente es el manejo de la información que habría permitido a los adquirentes situarse ventajosamente en el proceso de compra-venta de Telenica respecto a otros potenciales compradores. Tal práctica, si es que se ha dado ahora, ha sido duramente cuestionada en el pasado y debe serlo ahora porque es antiética y corruptora.
Personas allegadas al mundo empresarial nicaragüense compartían que Telenica sufría problemas para actualizar sus compromisos con el Instituto de Seguridad Social, INSS, y la Dirección General de Ingresos, DGI. También, que buena parte de los cheques enviados al señor Briceño terminaban no en las arcas de Telenica, sino en las de la DGI e INSS como abono a la millonaria deuda. Es decir, en el gobierno se conocía al dedillo todo lo referido a Telenica.
El señor Alberto Mora se habría autoidentificado como vocero de los compradores. Mora labora para el Canal 4, en el espacio “En Vivo”. Se podría deducir que los propietarios de Multinoticias habrían comprado Telenica. Y esos compradores estarían en la cúpula del FSLN.
Otra posibilidad, si nos atenemos a lo que ha dicho el Contralor citado en los medios, es que los adquirentes son “privados”. Dado su poderío económico no sería cualquier grupo de personas. Serían cercanas al presidente Ortega o su familia. No se trataría de cualquier “privado” sino de personas con acceso a información privilegiada por esa cercanía al primer Mandatario.
De ser así, es necesario que la sociedad nicaragüense conozca también el origen de los millonarios fondos empleados por estas personas para completar esta transacción. Y las características del acceso privilegiado a la información a que podrían haber tenido acceso este grupo económico o miembros de la familia del presidente Ortega.
El tercer argumento para que prevalezca la transparencia en esta transacción, si es que el FSLN está de alguna manera involucrado, es que durante la campaña electoral se comprometió a desarrollar un modelo ético distinto al de los tres gobiernos anteriores.
La estrategia de comunicación del gobierno rechaza de tajo la corrupción. “Corrupción Cero”, dice. El documento señala que el presidente Ortega gobernará “de cara al pueblo, sin dobleces, sin resquicios, sin nada que ocultar. Cualquier acto de corrupción, debe ser reconocido y sancionado en el acto, desde el inicio. Los nicaragüenses deben tener la certeza y confianza en que no los vamos a engañar jamás y que no nos temblará la mano para castigar al corrupto, porque lo que hace es dañar al pueblo de Nicaragua. Y nosotros, cuidamos a nuestro pueblo.”
Ésta es una oportunidad de oro para que el Consejo de Comunicación y Ciudadanía implemente oportuna y transparentemente la estrategia de comunicación del gobierno.
Finalmente, los fondos ALBA forman parte del patrimonio nacional. El gobierno está obligado por ley a rendir cuentas sobre ellos. El Grupo Albanisa, que incluye a Petronica debe informarnos si de sus arcas han salido esos millones para comprar Telenica. La Contraloría General y la Asamblea Nacional están obligadas por ley a informar sobre los fondos ALBA y, por tanto, sobre el reciente cambio de dueños de Telenica. No está de más recordar que los fondos ALBA implican a Venezuela y la legislación nuestra prohíbe que extranjeros copen los medios de comunicación y frecuencias radioeléctricas.
Como se ve, lo de Telenica está profundamente implicado con la salud de nuestra democracia, su institucionalidad y la ética que este gobierno se ha comprometido a tejer durante su administración. Tenemos el derecho a saber todo sobre esta transacción, pues una vez más ha cambiado el panorama de la televisión en Nicaragua.

*Investigador del Ieepp