Opinión

¿Incremento de impuestos durante una recesión…?*


Ante el déficit fiscal de 60 millones de dólares que enfrentan las finanzas públicas, no sólo por la pérdida del apoyo presupuestario de Europa (a raíz del fraude electoral del pasado noviembre), sino también por la disminución de la recaudación a causa de la caída de las importaciones en 6.5 %, y de las exportaciones en 10.2 %, más la disminución del apoyo externo en 360 millones de dólares, sumado a la caída de los impuestos al consumo en 12.5 %, el gobierno ha decidido incrementar sustancialmente los impuestos. Sin un ulterior análisis para justificar técnica y económicamente cada medida impositiva propuesta (más allá del criterio general de financiar el presupuesto, exigido por el FMI). Sin un análisis de sensibilidad del efecto que los nuevos impuestos puedan producir en cada una de las distintas actividades económicas, debilitadas ya en diferente grado y con diversa pendiente por la contracción global de la demanda.
El gobierno asume que con la reforma tributaria obtendrá 240 millones de dólares de nuevos ingresos, o sea, el 2.4 % del PIB (que le daría recursos al Estado para sobrepasar en más de tres veces la brecha fiscal desfinanciada). Esta pretensión exagerada del gobierno, no puede tener como base metodológica fijar una meta antojadiza de recaudación para regatear después, como haría un mercader informal.
Un gobernante con credibilidad, debe, más bien, definir una estrategia para revertir el rumbo del país, que va hacia el colapso económico. Y en armonía con tal estrategia, afrontar el diseño de la política fiscal, destinada, en primer lugar, a promover con coherencia la recuperación económica (que, a su vez, restablecerá sosteniblemente los ingresos del fisco).
La toma de estado de nuestra situación objetiva es efectivamente dramática. La importación de bienes de capital ha caído 32.4 %, el crédito bancario al sector privado ha descendido 4.5 %, la inversión pública es negativa, en 1.6 %, la inversión global ha caído 20 %, el PIB ha caído en 3.5 % (el PIB per cápita ha caído 7 %), la inversión extranjera ha disminuido en 45 %, el desempleo ha afectado a 200 mil personas más, y 300 mil personas más han pasado a incrementar el universo de la pobreza.
Sin embargo, no se conocen acciones concretas del gobierno para resguardar con efectividad a los sectores más débiles de la sociedad. Por el contrario, los organismos internacionales, como el Fondo Para la Paz, constatan que en los dos últimos años han empeorado velozmente los índices de inestabilidad que colocaban a nuestro país en el puesto 19 entre las naciones más próximas al fracaso como sociedad. Para el Banco Mundial, el Estado está secuestrado por intereses particulares. Se ha deteriorado el estado de derecho. Los funcionarios usan el poder en beneficio personal. El riesgo país se ha incrementado. Ha caído tanto la calidad de los servicios públicos, como la independencia de las instituciones a la política partidaria, al igual que la capacidad y habilidad del gobierno de formular políticas y regulaciones que promuevan inversiones, y la credibilidad en el compromiso del gobierno con tales políticas.
Y ante estos índices deplorables de contracción económica y de ingobernabilidad, que rezaga a nuestro país del mundo en desarrollo, el gobernante actual grita a todo pulmón: “¡Mejor así. Somos más libres!” Y sube sin más los impuestos en 240 millones de dólares, a pesar de que Nicaragua tiene ya la carga tributaria más alta de Latinoamérica (sólo superada por Bolivia y Brasil). Entonces, su actitud nos rememora la simbología surrealista kafkiana, con la cual se puede comprender que este personaje anhele por instinto gobernar un país cada vez más desolado, donde su improvisación resulte menos cuestionable.
En su propuesta tributaria, el gobierno eleva la base exenta para el impuesto sobre la renta de los asalariados, de 50 mil a 100 mil Córdobas anuales. Sin embargo, no compensa con ello la pérdida del poder adquisitivo de la base exenta del salario que, por efecto de la inflación ahora debería corresponder a 150 mil Córdobas. Por otro lado, tampoco incluye en la base exenta de los asalariados, como sería correcto, el costo de la canasta básica. En cuyo caso, este umbral debiera ser de 205 mil Córdobas. Pero, peor aún, si hacemos un análisis comparativo de esta propuesta, vemos que los salarios superiores a la base exenta deberán pagar impuestos 233 % más elevados que los que les corresponde abonar a los asalariados con iguales ingresos, en Estados Unidos o en Costa Rica
En adición, se debe apreciar que esta alta carga tributaria produce aquí un efecto devastador en la capacidad de consumo de la población asalariada, cuya renta global es inferior al 1.5 % del PIB (con la que sólo pueden satisfacer necesidades humanas familiares y colectivas muy básicas), mientras, en comparación, los asalariados de los países desarrollados reciben el 11 % del PIB.
La reforma también incluye una tasa fija del 10 % sobre renta de capital, intereses y alquileres, lo que violenta el principio de equidad vertical. Una familia que para ayudarse a sortear la crisis ofreciera en alquiler un cuarto o depositara sus ahorros en el sistema financiero, se vería obligada a pagar impuestos en proporción igual a un gran capitalista, aunque sus ingresos sean menores a 415 dólares mensuales (que como renta personal entraría dentro del umbral de la base exenta, establecida en 100 mil Córdobas anuales). Con lo cual, la propuesta contradice, también, el principio tributario de equidad horizontal, que busca gravar en la misma proporción ingresos iguales (sin que importe la distinción del origen de los ingresos).
La propuesta de reforma incluye que las empresas den en adelanto, como pago mínimo de IR, el 3 % sobre ventas brutas (cualquiera que sea su renta). Con lo cual, desincentiva y discrimina la inversión industrial, ya que su margen sobre ventas es menor que el que obtiene el comercio, dado el peso elevado que en el precio de venta tiene el costo de los bienes productivos industriales. Así mismo, golpea directamente a las pequeñas empresas, que carecen de economías de escala (y que ameritan una atención tributaria especial, tanto por su debilidad económica como por su alto coeficiente de empleo). A las que, por el contrario, se les estaría sustrayendo el patrimonio básico indispensable para continuar en operación, al verse obligadas a enterar dicho impuesto aunque trabajen con pérdidas.
La incongruencia más evidente de esta medida, es su efecto en la distribuidora de electricidad. Cuyas ventas pueden crecer por inflación exógena (al subir el precio del petróleo), mientras su renta disminuye en términos absolutos y relativos. Incluso hasta operar con pérdidas por el mismo efecto inflacionario sobre aquellos costos que como empresa regulada no puede trasladar al precio de venta. Con tal medida, el Estado sangraría, parasitariamente, a la industria eléctrica, al captar mayores ingresos con el incremento de la factura petrolera que, al reorientar mayores recursos a la importación de combustible e incrementar la inflación, contrae por partida doble la economía del país.
Por último, esta reforma grava con 25 % la renta de los no-residentes, lo que encarece el crédito de los bancos internacionales.
Una política tributaria responsable, en este momento, ampliaría la base tributaria combatiendo la evasión fiscal y las exenciones indebidas (que actualmente representan el 1.32 % del PIB). Con sólo aplicar correctamente las leyes tributarias existentes, el doctor Báez estima que se podrían recaudar 810 millones de dólares netos adicionales. Por su parte, antes de cualquier concertación fiscal, la sociedad debe obligar al gobierno a integrar al presupuesto todos los fondos provenientes de la ayuda venezolana y taiwanesa; recuperar los 73 millones de dólares, que se reintegrarían como apoyo presupuestario de Europa al revertir el fraude electoral; recortar del presupuesto los gastos superfluos de la burocracia de todos los poderes del Estado (en vehículos, combustible, viáticos, guardaespaldas, viajes, celulares, publicidad, etc.); castigar los actos de corrupción; y retirar de las instituciones estatales las banderas partidarias, que ideológicamente convierten el Estado nacional en un Señorío medieval.

*Datos e información tomados de Funides y del Foro “Reforma Tributaria en Nicaragua 2009”.
**Ingeniero eléctrico