Opinión

Los derechos humanos requieren instituciones más sólidas


PARÍS
Hace sesenta años que las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, la primera proclamación internacional de la dignidad y la igualdad de derechos inherentes a todas las personas. Aún hoy, la Declaración Universal sigue siendo el punto de referencia más importante para el examen de los valores éticos por encima de las divisorias nacionales, ideológicas y culturales.
Sin embargo, la ilustrada concepción de la libertad individual, la protección social, la oportunidad económica y el deber para con la comunidad sigue sin cumplirse. Resulta trágico que vuelva a haber genocidios, esta vez en el Sudán. Un programa de seguridad intensificada desde los ataques a los Estados Unidos, en septiembre de 2001, ha comprendido el intento de legitimar el recurso a la “entrega extraordinaria” (el traslado entre países de prisioneros y sospechosos sin el debido procedimiento judicial) y la tortura.
En el caso de las mujeres de todo el mundo, la violencia doméstica y la discriminación en el empleo son una realidad cotidiana. Las minorías padecen estigmas, discriminación y violencia en los países desarrollados y en desarrollo. Se deniega el derecho a la información a millones de personas mediante la censura y la intimidación a los medios de comunicación.
La pobreza es nuestra mayor vergüenza. Al menos a un mil millones de personas muy pobres, el 20 por ciento de la Humanidad, se les deniegan diariamente los derechos básicos a una alimentación suficiente y al agua potable. Mientras persistan enormes desigualdades entre ricos y pobres, no podremos afirmar que estamos logrando avances hacia el cumplimiento de las ambiciones establecidas hace sesenta años.
Al señalar este aniversario, la cuestión que se nos plantea es la de cómo proteger la dignidad y la igualdad de derechos inherentes a todas las personas. Una parte decisiva de la respuesta radica en sistemas más eficaces de rendición de cuentas, de modo que se reconozcan los derechos y se imponga la aplicación de las leyes. Sin embargo, si examinamos detenida y rigurosamente lo que se ha logrado en los sesenta últimos años --y lo que sigue resistiéndose a todas nuestras medidas--, resulta claro también que no será suficiente.
No se pueden abordar los problemas más profundos de la discriminación, la opresión, la injusticia, la ignorancia, la explotación y la pobreza, mediante leyes o políticas exclusivamente. Para hacer reformas sostenibles y velar por que protejan de verdad los derechos humanos, necesitamos instituciones de gobierno eficaces.
Las instituciones mal equipadas o corruptas son un obstáculo primordial para la protección y la promoción eficaces de los derechos humanos. En los últimos años, los gobiernos, las empresas y los filántropos privados, han invertido miles de millones de dólares para luchar contra la pobreza en los países pobres. Millones de personas se han beneficiado de ello. Aun así, los participantes han reconocido públicamente que, sin una capacidad institucional muy mejorada --por ejemplo, sistemas nacionales y locales de salud competentes y dotados de recursos suficientes--, no se lograrán grandes avances.
Asimismo, miles de millones de personas carecen en la actualidad de disfrute y protección de sus derechos jurídicos, porque los sistemas judiciales y de imposición del cumplimiento de las leyes carecen de medios suficientes o de integridad. Para cambiar esa situación, harán falta inversiones en gran escala en tribunales, funcionarios judiciales, Policía, sistemas penitenciarios, ministerios sociales y parlamentos, y además, en instituciones nacionales pro derechos humanos y otros organismos oficiales de vigilancia.
Nada es más importante en este aniversario, que instar a nuestros dirigentes a que reconozcan la escala de la tarea y se comprometan a adoptar medidas sostenidas para crear capacidades institucionales a fin de proteger los derechos humanos, empezando por sus propios países. Cuando los dirigentes mundiales se apresuran a abordar la actual crisis económica mundial, puede parecer poco realista pedir grandes inversiones a largo plazo de este tipo.
Pero, si bien es importante estabilizar el sistema financiero internacional, con ello no se resolverán los problemas más amplios en materia de gestión de los asuntos públicos. A falta de instituciones eficaces, no se pueden hacer realidad los derechos humanos. Allí donde los tribunales y la Policía sean corruptos e ineficientes por estar sobrecargados con un gran volumen de asuntos, se violarán los derechos humanos básicos. Allí donde los ministerios sociales carezcan de recursos suficientes, de autoridad o de personal competente, seguirán sin cumplirse los derechos básicos a una atención de salud, una educación y una vivienda adecuadas.
Incluso el país más rico del mundo, los Estados Unidos, tiene que esforzarse para aplicar reformas muy necesarias de algunas de sus instituciones sociales más importantes, incluidos los sistemas de salud y de educación. Piénsese en lo mucho más difícil que resulta ese imperativo para las naciones en desarrollo del mundo. El logro de avances es una gran prueba de madurez política. No obstante, es esencial para que logremos que los derechos sean una realidad para todos.
Durante el último año, como miembros de The Elders, grupo de dirigentes formado a instancias de Nelson Mandela, hemos colaborado con diversas organizaciones asociadas para enviar al mundo un mensaje en pro de los derechos humanos, mediante la campaña “Todos los seres humanos tienen derechos”. Gracias a esa empresa colectiva, decenas de miles de individuos --y millones más mediante las escuelas, los grupos comunitarios, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil-- han llegado a identificarse de nuevo --o por primera vez-- con las metas de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es una razón para abrigar esperanzas.
Tenemos mejores instrumentos para comunicar y exigir justicia que ninguna generación anterior a la nuestra. Tenemos metas mundiales y destinos compartidos que nos unen. Lo que ahora se necesita es capacidad de dirección, recursos, una mayor conciencia de la urgencia y compromiso con las medidas a largo plazo, encaminadas a velar por que no sólo sean reconocidos universalmente los derechos consagrados en la Declaración Universal, sino también respetados.

Mary Robinson es ex Presidenta de Irlanda y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Desmond Tutu es arzobispo emérito de Ciudad del Cabo y premio Nobel de la Paz. Los dos son miembros de The Elders, www.theElders.org.

Copyright: Project Syndicate, 2008.
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