Opinión

Los Derechos Humanos


El Estado de Nicaragua es signatario de las Convenciones Internacionales siguientes: Declaración Universal de los Derechos Humanos; Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos; lo anterior se encuentra en el artículo 46 de nuestra Constitución Política. Por lo tanto, los tratados, son Leyes de la República; por ende, el respeto a los derechos humanos, en cuanto a la vida, libertad, derechos políticos, de organización, de participación en la Administración Pública, de criticar, elegir y ser electo, etc., todas esas normas jurídicas son de orden público, de ineludible cumplimiento para las personas naturales o jurídicas, autoridades de Gobierno y del Estado, sin excepción alguna.
La historia de la humanidad es una síntesis de la dura y ardua lucha que ha tenido que enfrentar el hombre para reivindicar el reconocimiento y el respeto a los derechos humanos. Se ha tenido que pasar por dolorosa experiencias, como el deplorable trauma de vivir dos guerras mundiales, la primera de 1914 a 1918, y la segunda de 1940 a 1945, dejando en los pueblos un resultado apocalíptico de millones de víctimas.
Concluida la segunda guerra mundial se conformó la Organización de las Naciones Unidas. Uno de los primeros esfuerzos de la ONU fue redactar y aprobar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y promulgada por Resolución de la Asamblea General 217 A, el 10 de diciembre de 1948.
Los derechos humanos es un tema tan amplio y profundo, por lo cual, quiero sólo referirme a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los Estados Partes de la Convención se comprometen ante la Comunidad internacional, a observar, respetar y fomentar los siguientes derechos humanos: a) La libertad, la igualdad, la dignidad, fraternidad, sin discriminación por raza, color, sexo, religión, opinión política y posición económica; b) Respetar el sagrado Derecho a la vida y la seguridad; c) No ser sometido a servidumbre y esclavitud; d) No ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; e) Reconocer el derecho a la personalidad jurídica; f) El Derecho a impugnar ante los tribunales nacionales la violación de los derechos fundamentales; g) No ser detenido arbitrariamente, preso, ni desterrado; h) Que se presuma la inocencia, mientras no se pruebe la culpabilidad; i) Respetar la vida privada, familia, domicilio o correspondencia, y que no se ataque la honra o reputación; j) Circular libremente; k) Respetar la propiedad individual y colectiva; l) Respetar a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones; ll) Libertad de reunión y de asociación pacífica; m) Derecho a participar en los asuntos de gobierno; n) Derecho a optar a cargos públicos; p) Derecho a la seguridad social, trabajo, organizar sindicatos, descanso, salario igual, tener un nivel de vida adecuado, educación, etc.
Con frecuencia los Estados Partes son denunciados y sentados en el banquillo de los acusados por violación a los Derechos Humanos. Para tal efecto, la ONU constituyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano encargado de recepcionar las denuncias que interponga cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida. La Comisión investiga, propone recomendaciones al Estado infractor, dando un plazo para que tome las medidas que le competan para remediar la situación. Si el Estado no toma las medidas o las recomendaciones, la Comisión por mayoría de votos decide publicar o no su informe. Esa publicación implica que el Estado denunciado es tenido como un violador de los Derechos Humanos.
Agotado el trámite, la Comisión remite el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por siete Jueces de los Estados Miembros. En esa instancia, el Estado violador a los derechos humanos es juzgado, por lo cual la Corte dispondrá que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcado; se ordena el pago de una justa indemnización.
El fallo de la Corte es inapelable. La sentencia dictada por la Corte es de ineludible cumplimiento para los Estados Partes. La sentencia condenatoria en cuanto a indemnización compensatoria se ejecuta en el respectivo país, bajo el procedimiento interno de una ejecución de sentencia.
Desde 1948, en diversas ocasiones el Estado nicaragüense ha sido condenado como violador a los Derechos Humanos. En la época de Somoza, fueron múltiples las denuncias y las condenas contra el régimen somocista, por fraccionar los derechos humanos, en cuanto a la vida, seguridad, tortura, asesinato, desapariciones, persecución política, etc.
En la década de los ochenta, el Gobierno Sandinista fue denunciado por violación a los derechos políticos y la propiedad privada. El Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro fue condenado por violar los derechos laborales de los trabajadores, pues realizó una barrida de éstos en la Aduana de Peñas Blancas y otras instituciones del gobierno. La Corte ordenó indemnizar a más de cien trabajadores despedidos arbitrariamente. En el Gobierno de Enrique Bolaños, el Estado fue condenado por violación a los Derechos Políticos, de la agrupación Yatama, al no permitir su participación en las elecciones de la Costa Atlántica. El actual Gobierno de Daniel Ortega pagó la indemnización compensatoria ordenada por la Corte.
En estos momentos existen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos varias denuncias contra el Estado nicaragüense, pues el gobierno de Daniel Ortega es señalado de violar un sinnúmero derechos humanos: a los Partidos políticos Conservador de Nicaragua y Movimiento Renovador Sandinista se les canceló su personalidad jurídica, con lo cual fueron inhibidos de participar en las elecciones municipales del presente año; hay denuncia contra el Gobierno por represión y persecución política contra opositores; se denuncia persecución contra organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y resto de ONG’s que operan en el país.
Para ello se está instrumentalizando al aparato represivo del Estado, Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Policía Nacional y organismos para-estatales llamados CPC.
Cuando los derechos humanos son violentados por el Estado, de acuerdo a la gravedad de los hechos, la estabilidad política y social en el país se ve seriamente perturbada y afectada. Producto de esas transgresiones se producen alteraciones al orden público, hay enfrentamientos callejeros, se inventan delitos políticos contra los dirigentes, se amenaza con la cárcel; la situación puede desembocar en crímenes políticos.
Se hacen llamados a la desobediencia civil y al desconocimiento de las autoridades constituidas. El ambiente es proclive a insurrecciones. En fin, se puede llegar hasta un estado de revolución social contra el gobierno de turno. Lamentablemente, ése es el ambiente político en que puede caer el país si el Gobierno de Daniel Ortega continúa con su política de violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está afectando a los nicaragüenses. Aún está a tiempo el Gobierno de la Republica para que reflexione sobre sus actos y se disponga a cumplir con lo que manda nuestra Constitución Política, es decir, el Estado de Nicaragua debe observar y respetar los derechos humanos de todos los nicaragüenses.

*El autor es abogado y notario.