Opinión

Aquella sentencia histórica de la CCJ


A pocos días de que la Corte Centroamericana de Justicia celebre su XIII aniversario de estar funcionando como sede en Nicaragua, vale la pena reflexionar en uno de los aportes judiciales más trascendentales en los últimos años de esta instancia, en la búsqueda de la paz social. Me refiero al fallo judicial histórico que emitió este órgano, aquel 29 de marzo de 2005, cuando sustancialmente resolvió declarar inaplicables las reformas constitucionales promovidas por el primer poder del Estado. Por ello, el objetivo de este artículo es que la opinión pública conozca a grosso modo cómo esta sentencia contribuyó a que hoy en día todavía se vivan aires de democracia en el país. Asimismo, destacar la resistencia que mostraron las distintas instituciones para desacreditar la sentencia de este organismo.
No hay que pasar por alto que la sentencia de este tribunal centroamericano fue vista como papel mojado por la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República y el Parlamento Centroamericano, rechazando tajantemente el artículo 22, inciso f) de los Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, que cita: conocer y resolver a solicitud del agraviado de conflictos que puedan surgir entre los poderes u Órganos fundamentalmente de los Estados, y cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales.
La Asamblea Nacional presidida en ese entonces por el diputado Carlos Noguera, como representante de este poder del Estado no contestó la notificación que le hizo ese tribunal centroamericano sobre la demanda interpuesta por el ex mandatario Enrique Bolaños. Igualmente no acató las medidas cautelares emitida por la CCJ, que básicamente mandaban a suspender las reformas constitucionales y la solicitud de la CGR de destituir al presidente Bolaños hasta que dicha corte no resolviera el fondo de esta demanda.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, en la misma fecha --29 de marzo de 2005--, que la Corte Centroamericana de Justicia, le daba la razón al Ejecutivo, el tribunal nacional dictó una sentencia en la cual declara inconstitucional parcialmente el inciso f) del artículo 22 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, argumentando que el actuar de la CCJ entró en contradicción con el artículo 164, numeral 12 de nuestra Constitución Política, que destaca ser atribución de la Corte Suprema de Justicia conocer y resolver los conflictos de competencia y constitucionalidad entre poderes del Estado.
Asimismo, la Contraloría General de la República se amparó en el Tribunal de Apelaciones cuando la CCJ, mandó a suspender la solicitud de destitución al presidente Bolaños, emitida por el órgano contralor de Nicaragua, quedando sin efecto dicha solicitud. Este hecho dejó como jurisprudencia que el actuar de la Corte Centroamericana de Justicia, como órgano supranacional, no puede ser regulado por ningún órgano y poder del Estado, ya que su creación, como lo establece el artículo primero del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, se debe al artículo 12 del “Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (Odeca)”.
No obstante, recuerdo que el Parlamento Centroamericano desacreditó el actuar de los magistrados miembros de la Corte Centroamericana de Justicia, argumentando que las decisiones de este tribunal no estaban apegadas a derecho, puesto que a varios magistrados ya se les había vencido su periodo de diez años para el cual fueron electos conforme con los estatutos de esta Corte. Sin embargo, como bien lo hace saber el doctor Darío Lobo, en su obra jurídica Conflictos entre poderes del Estado --segunda edición-- ellos legalmente actuaron en el marco jurisdiccional conociendo y resolviendo la crisis de los poderes Legislativo y Ejecutivo de Nicaragua, basado en el artículo 11 de su ley orgánica.
Hay que destacar que precisamente por el peso jurídico que tienen las resoluciones de este organismo centroamericano, debido al artículo 22, inciso f) y porque sus sentencias son de obligatorio cumplimiento, como establece el artículo 39, que señala que las resoluciones interlocutorias, laudos y sentencias definitivas que dicte la Corte… se ejecutarán como si se tratara de cumplir una resolución, laudo o sentencia de un tribunal nacional del respectivo Estado… tres de los estados firmantes, Costa Rica, Panamá y Guatemala, decidieron no ratificar el Protocolo de Tegucigalpa anteriormente señalados, quedando de esta corte integrada por El Salvador, Honduras y Nicaragua. Exactamente por ello, Costa Rica condicionó su participación en este tribunal sólo si reformaba el artículo 22, inciso f).
Si bien es cierto que esta sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia no fue acatada por la Asamblea Nacional, ya que esta crisis del poder Ejecutivo y del Legislativo de Nicaragua terminó con la aprobación de la Ley Marco, tampoco se puede negar que la misma fue un elemento trascendental para que la Organización de los Estados Americanos, a través del diplomático Dante Caputo, pudiera jugar el papel de mediador. En otras palabras, la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia también contribuyó a que se restableciera el orden constitucional. Ahora, si la Asamblea Nacional suspende la Ley Marco, el comandante Ortega sufrirá los embates de las reformas constitucionales de la cual también él fue firmante junto con el PLC. ¡Cosas de la vida política, verdad!

El autor es Periodista, Comunicador Social y Responsable de Prensa de UCC
Adrian.uriarte@ucc.edu.ni