Opinión

¿La delincuencia se mexicaniza en Nicaragua?


El ataque del que fue víctima recientemente-¡dentro del recinto del juzgado!- la fiscal Auxiliar Eddith Tuckler, por parte de un reo sometido a juicio, me ha dejado perplejo y preocupado.
La inseguridad ciudadana ahora, a juzgar por este hecho, se vive hasta dentro de los recintos judiciales. El acto cobarde de este desadaptado social no hace más que poner de manifiesto que la delincuencia en Nicaragua está llegando a límites cada vez más temerarios. Ésta escalada de violencia delincuencial sólo viene a revelar a la luz pública el grave problema que enfrentan las instituciones encargadas del orden y el sistema judicial de nuestro país para controlar el accionar delictivo.
Si los delincuentes ahora se dan el lujo de cometer sus crímenes con la mayor desfachatez en las propias barbas de la policía y los jueces, Dios nos libre a los ciudadanos comunes y corrientes que circulamos por las calles del país.
El problema de fondo siguen siendo los recursos. Año con año la Policía Nacional solicita más presupuesto con justas razones. El índice delictivo de Nicaragua es muy elevado, por mucho que se nos quiera endulzar la pastilla diciéndonos que somos el país más seguro de Centroamérica. Aunado a este fenómeno de espiral delictiva, el crimen organizado está permeando cada vez con mayor fuerza el territorio nacional. Los operativos que la Policía ha ejecutado en contra de los cárteles mexicanos, y que incluso han implicado amenazas de muerte en contra de la Jefa Nacional de la Policía, demuestran que el país está girando hacia una mexicanización delincuencial que es muy alarmante.
Hasta hace unos años, Colombia era considerada por mucho el país más violento y peligroso de la región latinoamericana. Desde el año pasado esa desafortunada distinción se le reconoce a México.
En las grandes ciudades de la nación azteca, a saber, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, es noticia de todos los días en los diarios televisados el asesinato a sangre fría de agentes de la Procuraduría General, de agentes ministeriales (Ministerio Público) y agentes de los distintos cuerpos policiales. El fenómeno también se está expandiendo a otras ciudades otrora tranquilas.
Esta situación debe ser un signo de alarma para Nicaragua. Cuando la delincuencia pierde todo temor por la representación de la autoridad, sus agentes o los funcionarios judiciales, se inicia entonces una carrera hacia la descomposición social por medio de la violencia delincuencial descarada.
Hoy es el ataque a una funcionaria ministerial en la persona de la fiscal Tuckler, pero mañana será el ciudadano común y corriente que tendrá la mala fortuna de quedar atrapado en una balacera que ejecuten grupos organizados en contra de policías, procuradores, fiscales, jueces, magistrados…. Tal cual ocurre día a día en México.
Este incidente no debería pasar desapercibido, o tan solo ser objeto de altisonantes declaraciones de altos funcionarios policiales o de los entes públicos concernidos. Este hecho debería darles elementos para hacer conciencia de las precarias condiciones logísticas en que se administra la justicia en Nicaragua, algo que es vergonzoso porque a la Corte Suprema de Justicia, por disposición constitucional, le corresponde como presupuesto anual el equivalente al 4% de los ingresos ordinarios del presupuesto general de la república.
¿Esperaremos acaso a que algún pistolero osado irrumpa en un recinto judicial y desate una masacre para tomar acciones contundentes? Si no se hace nada ahora no cabe la menor duda de que esto ocurrirá en el futuro cercano.
La delincuencia nos está robando espacios en las ciudades. Barrios enteros hay ya en Managua que son conocidos como terrenos anárquicos, sin ley. Es necesario trabajar seriamente para frenar el accionar delictivo. La Policía Nacional y el sistema judicial deben actuar más coordinadamente y evitar que muchos delincuentes, incluso algunos de alta peligrosidad, salgan libres campantemente en toda impunidad. A la larga esto puede tener un alto precio.
Es urgente tomar en serio la seguridad en los recintos judiciales. No se puede seguir exponiendo la vida de fiscales, procuradores, abogados y hasta el público que llega a presenciar los juicios.
Una campanada de alerta ha sonado. ¿La escucharán a caso los tomadores de decisiones de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, de la Policía Nacional? Esperemos que sí.

*El autor es especialista en Economía Gubernamental y Administración Financiera
Pública. Catedrático de la Universidad Autónoma del Noreste, Coahuila, México.