Opinión

La autonomía universitaria y la libertad de cátedra


Invitado por el Rector de la Universidad de Panamá, Dr. Gustavo García de Paredes, asistí a la reunión de trabajo de dicha Comisión que tuvo lugar recientemente en la ciudad de Panamá.
Me correspondió abordar la problemática de la autonomía universitaria en el contexto actual, lo que hice partiendo del análisis de la evolución histórica del concepto de autonomía, hasta llegar a las amenazas que se ciernen sobre ella, procedentes de los fenómenos contemporáneos de la globalización, el surgimiento de las sociedades del conocimiento y las pretensiones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de incorporar a la educación superior en el sector de servicios, sujetos a las reglas del mercado.
En América Latina, a partir de la Reforma de Córdoba de 1918, la autonomía es el reclamo más importante y persistente de las universidades, tanto para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de cátedra como para el mejor cumplimiento de su misión y el desarrollo de su quehacer académico. Desde entonces, el concepto de autonomía ha evolucionado de una autonomía de defensa hacia un concepto de presencia en la vida de la sociedad, hasta llegar al proclamado por la Conferencia Mundial de París (1998) sobre “La Educación Superior para el siglo XXI”, que se resume en una autonomía responsable con rendición social de cuentas.
Un peligro, o al menos riesgo para la autonomía, proviene de la existencia, en algunos países, de Ministerios o Viceministerios de Educación Superior, a los cuales las leyes suelen atribuir funciones que genuinamente son de la competencia de las propias universidades. En consecuencia, pronto surgen confrontaciones entre las Academias y las autoridades del gobierno central. La existencia de estos ministerios ha creado problemas a las universidades en cuanto a la aprobación de las pruebas de admisión o graduación, en la determinación de los cupos y hasta de los currículos que deben impartirse.
El concepto clave para resguardar, en un mundo globalizado y de mercados abiertos y competitivos, la autonomía, la libertad de cátedras y los principios esenciales que caracterizan el quehacer universitario, tal como hasta ahora lo hemos conocido, es el criterio proclamado por la aludida Declaración Mundial sobre la Educación Superior, que nítidamente define la educación superior como un bien público y el conocimiento generado en ella como un bien social al servicio de la humanidad. En recientes reuniones de académicos latinoamericanos, se ha advertido el peligro que representa la pretensión de aplicar a la educación superior las normas del mercado, que al asumirla como un simple bien transable la reducen al nivel de mercancía.
Cabe señalar que estos desenvolvimientos en el contexto internacional generan también amenazas para la autonomía universitaria, tal como hasta ahora la hemos concebido tradicionalmente. Su mejor defensa radica en un redimensionamiento conceptual de la autonomía, a luz de los nuevos desafíos, pero conservando sus atributos esenciales, que se ciñen a la libertad como la atmósfera irrenunciable del quehacer académico, y a su ejercicio con la mayor transparencia y responsabilidad social.
En la reunión de Panamá, el Vicerrector Académico de la Universidad Central de Venezuela hizo ver que las reformas constitucionales recientemente aprobadas por el Congreso de ese país, y que serán muy pronto sometidas a un referendo, incluyen un artículo que ha generado profundas preocupaciones en las universidades públicas de Venezuela, que conquistaron su autonomía a raíz del derrocamiento del dictador Pérez Jiménez. Dicho artículo establece que, en el futuro, las autoridades universitarias no seguirán siendo electas por los colegios electorales, en los que los académicos tienen mayor número de votos, como sucede en casi toda América Latina, sino por todos los profesores, desde titulares hasta auxiliares, todos los funcionarios y empleados de la institución, y todos los estudiantes.
La preocupación de los universitarios venezolanos radica en que esta forma de elegir a las máximas autoridades universitarias, conduzca a un “populismo académico”, equivalente a la elección de un alcalde, donde, en lugar de los criterios académicos, prevalezcan la partidarización o manipulación política de las elecciones de rectores, decanos y directores. En ese caso la autonomía universitaria, y consecuentemente la libertad de cátedra, estarían en serio peligro, más aun si, como en el caso de Venezuela, se pretende imponer a todo el sistema educativo una sola ideología.
Por eso, y con toda razón, los académicos venezolanos están en contra de este tipo de reforma constitucional. Los estudiantes venezolanos han salido a las calles demandando una prórroga en el plazo para el referendo y expresando su repudio al afán continuista del Presidente Chávez. Los estudiantes lucen pancartas que dicen “Ya Bolívar dijo NO”. Y es que en su célebre “Discurso de Angostura” (15 de febrero de 1819), Bolívar advirtió: “La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se originan la usurpación y la tiranía”.
Las sabias palabras de Bolívar también son válidas para el caso de Nicaragua.