Opinión

Agresión a la Autonomía Municipal


Puede ser que la sociedad nicaragüense esté sorprendida por la violencia –hasta ahora sólo verbal— que en los últimos días adquirió la contradicción entre el alcalde de Managua y la pareja presidencial. La sorpresa es motivada por su amistad personal y los vínculos políticos partidarios de larga data, pero las causas acumuladas han sido apenas disimuladas por la moderación del alcalde, y no por los gobernantes, quienes no se han distinguido por su prudencia a la hora de atropellar a sus burócratas y a quienes no lo son, como es el caso de Dionisio Marenco.
Las primeras críticas vienen desde los cambios efectuados en el gabinete del gobierno Ortega-Murillo, recién iniciado el período y a lo largo de escasos once meses, y no sólo por lo repetido de los casos, sino también por la intención de amordazar a las personas para no dejarlas expresarse sobre temas vedados por la pareja gobernante. Esta grosera demostración de desprecio por la libertad de expresión hace, al mismo tiempo, que la otra parte de su personal burocrático y partidario se llene de miedo y ofrezca una lastimosa actitud de sometimiento.
La crítica incluye a la demagogia tejida con frases de “unidad” y “reconciliación”, sumadas a otras demagogias tradicionales, como ofrecer garantías de trabajo, democracia y “hambre cero”. Porque lo primero que hicieron fue barrer con los empleados menores bajo el pretexto de que son “cargos de confianza”, para ubicar a quienes “les cuesta la causa del partido”, entre los cuales no faltan los parientes de gobernantes y funcionarios. Aunque esa forma de aumentar el desempleo causó molestias sociales y políticas, porque en las campañas electorales los votos fueron captados por el ofrecimiento de “cero desempleo”, estas reacciones duraron poco tiempo, porque, en realidad, ha sido un ritual de todos los gobiernos.
Este gobierno, dizque sandinista, no ha sido muy original con esta práctica sectaria, la ha tomado de la tradición libero-conservadora. Sin embargo, aporta características propias, como eso de gobernar contrario al interés de estimular y conservar buenas, respetuosas y fraternas relaciones con los “compañeros” de partido ubicados en cargos públicos, cuando éstos hacen uso de su libertad de expresión. Algunos, incluso, no han obtenido sus cargos por la voluntad directa de la pareja gobernante, sino que han sido electos por votación mayoritaria de sus comunidades, tal es el caso del alcalde Marenco, aunque el caudillo tuvo que ver en su selección como candidato.
El caso que marcó la historia de la dispar relación entre gobernante autoritario y alcalde con criterio propio, es el del inolvidable Herty Lewites. El caso de Dionisio Marenco va por la misma senda, aunque con sus particularidades y distintas circunstancias, pero igual refleja la contradicción entre el gobernante atropellador y el alcalde de criterio independiente. Pero si con Herty pudo explicarse, aunque no justificarse, el origen fueron los celos de Ortega en su obsesión presidencialista, los atropellos contra Marenco sólo tienen origen en un autoritarismo enfermizo de la pareja reinante.
La primen vez que Marenco recibió ataques fue cuando le aconsejó al presidente que no es conveniente utilizar la Secretaría del FSLN como despacho presidencial; pese a que lo hizo con el respeto, la sinceridad y la sensatez del amigo y compañero de partido con derecho de opinar y de ser escuchado. Después, fue cuando criticó la destrucción de la fuente luminosa de la Plaza de la Revolución, y por no habérsele consultado, siendo la máxima autoridad municipal, por elección popular (la suya sí, mayoritaria).
El siguiente motivo que reveló el autoritarismo ilimitado de Ortega, fue que Marenco hizo la observación de que los consejos del llamado poder ciudadano –una mala copia de experiencias revolucionarias ajenas— no tenían porqué intervenir en los asuntos municipales. Siempre ha habido menosprecio, irrespeto y marginación hacia el alcalde en los actos públicos oficiales, efectuados en la ciudad capital, donde Marenco ejerce la máxima autoridad. Esta vez, le quisieron imponer un vicealcalde incompatible con su estilo de conducir la alcaldía, y muy fiel cumplidor de las órdenes extra Concejo, es decir, del presidente Daniel Ortega y señora.
Éste fue el detonante de la crisis actual. Marenco se opuso a esta imposición y logró evitarla. Enorme “pecado”: defender su autoridad y la autonomía municipal, una de las pocas conquistas comunales de mayor afinidad con la democracia, tan precaria en nuestro país. Tras su demostración de independencia y valor cívico, el ingeniero Marenco ha recibido amenazas de muerte y agresiones verbales, además de las homilías condenatorias, propias de un hacendado-caudillo católico, apostólico, romano y no de un gobernante democrático, menos de un revolucionario.
Con palabras irreflexivas, Daniel lo ubicó en alianza con la derecha, e invitó a su grey a combatirlo, lo que está cumpliendo con estilo de “cobardes y mafiosos”. No hay ni una mínima razón que justifique esta arbitrariedad. Pero existe una sinrazón: esta violencia contra el alcalde de Managua, contrasta con la tolerancia y el apoyo a los alcaldes orteguistas acusados de corrupción en Chinandega, Jalapa y de otros municipios. Dos actitudes opuestas: la agresiva contra un alcalde eficiente, reconocido en las encuestas de opinión, y sin ningún cargo de corrupción; y la complaciente con los alcaldes denunciados por sus compañeros, investigados por la Contraloría y señalados de corruptos por la opinión pública.
Independiente de la actitud futura del ingeniero Marenco, incluso si fuere de reconciliación con sus agresores –y libere de culpa a Ortega—, este conflicto es creado por el autoritarismo de la pareja gobernante. Todo el mundo lo sabe, y puede confirmar que no es una cuestión sólo interna del Frente; es un asunto que trasciende al campo público y es de interés para los capitalinos. El motivo es sencillo: la injerencia del presidente en las cuestiones municipales, sin haber razón y sin mediar solicitud del Consejo, sino contraria a su voluntad. Es una violación a la Ley de la Autonomía Municipal, y va también contra los derechos
democráticos y humanos de Dionisio Marenco, Nery Leiva Orochena y su familia.