Opinión

La reforma de la política de machos


Las democracias de América Latina oscilan entre las que son modelos para el mundo –Chile, Costa Rica y Uruguay- y las que, como Guatemala, Haití y Venezuela, son tan deficientes que resulta dudoso que se pueda llamarlas democracias. Las democracias de esa región afrontan innumerables peligros, pero un problema decisivo que se podría resolver de forma relativamente fácil: la escandalosa infrarrepresentación de las mujeres en sus órganos legislativos.
Pese a que hay algunas mujeres destacadas en la política latinoamericana, la falta general de mujeres en la vida política de esa región causa un grave déficit democrático. La infrarrepresentación de las mujeres en los órganos legislativos no es sólo un símbolo de deficiencias en el funcionamiento de las democracias latinoamericanas; también significa que las legisladoras no consiguen hacer entrar en juego sus planteamientos, intrínsecamente diferentes, para la formulación de políticas.
Sólo el Senado argentino tiene una composición en más de un 40 por ciento femenina, mientras que la Asamblea Legislativa de Costa Rica y la Cámara de Diputados argentina son los únicos órganos legislativos que superan la barrera del 30 por ciento. En nueve órganos legislativos de la región, las mujeres representan el 10 por ciento o menos de sus miembros.
Entre 1991 y 2000, doce países latinoamericanos aprobaron una legislación que requería porcentajes mínimos de mujeres en las listas de candidaturas de los partidos a las elecciones de los legisladores nacionales, pero, pese a dicha legislación, el porcentaje de legisladoras en muchos de esos países sigue siendo muy bajo.
Para abordar la deprimente infrarrepresentación de las mujeres en los órganos legislativos de América Latina, se deben adoptar una serie de reformas que dependen en parte de la legislación electoral vigente en los países. Por ejemplo, todos los países deben aprobar cupos para que no haya en cada uno de los distritos más de la mitad de los candidatos de los partidos a las elecciones legislativas que sean del mismo sexo.
Las investigaciones demuestran que la legislación con cupos correspondientes a los sexos es más eficaz para garantizar la elección de mujeres cuando el sistema de votación se basa en listas cerradas de los partidos. Conforme a dicho sistema, los votantes sólo pueden votar a los partidos políticos en conjunto, por lo que no influyen en el orden en que se elige a los candidatos. Cuando se combinan con la aplicación idónea de los cupos para las elecciones legislativas, las listas cerradas garantizan un nivel mínimo de representación femenina en todos los partidos y distritos.
Por ejemplo, en la Argentina, Costa Rica y México (donde está vigente un sistema de listas cerradas y mandatos que especifican el puesto que deben ocupar las mujeres y su cumplimiento estricto), existe la garantía de que, si un partido obtiene tres escaños en un distrito, al menos uno de ellos será ocupado por una mujer. Los sistemas de listas abiertas, en los que los votantes influyen en el orden en que se elige a los candidatos de un partido, no ofrecen esa garantía.
En los sistemas de listas cerradas, las listas de candidatos deben estar alternadas en forma de cremallera: hombre, mujer, hombre, mujer (o viceversa). En los sistemas de listas abiertas, se debe adoptar un cupo del 50 por ciento. No es posible predecir con exactitud alguna las repercusiones de un aumento en los porcentajes de los cupos en los sistemas de listas abiertas que actualmente tienen una legislación eficaz en materia de cupos, pero, si esos países substituyen sus listas abiertas por listas cerradas, si todos los demás factores permanecen igual, el porcentaje de mujeres elegidas debe aumentar en torno al 10 por ciento. Las repercusiones mayores (con un aumento del 20 por ciento, aproximadamente, en el porcentaje de mujeres elegidas) corresponderían a los sistemas que actualmente no tienen una legislación eficaz en materia de cupos.
Esa clase de legislación debe tener también niveles de cumplimiento que las autoridades electorales y los tribunales del Estado revisen e impongan su cumplimiento. Una forma de imponer el cumplimiento de las normas puede ser la de decir que los partidos que no cumplan la legislación en un distrito no deben poder presentar candidatos en él.
Pero las listas por sí solas no resuelven el problema. De hecho, otro componente necesario de semejantes reformas es la adopción de los distritos de tamaño entre medio y grande para la elección de los legisladores nacionales. La mayor dificultad para que las mujeres obtengan un escaño se da en los distritos que sólo cuentan con uno. Como casi el 40 por ciento de los legisladores latinoamericanos son los únicos de su partido elegidos en un distrito, se trata de una barrera para las mujeres.
Los beneficios de esas reformas son dobles. En primer y más importante lugar, aumentarán inmediatamente el número de mujeres en los órganos legislativos de América Latina, lo que, a su vez, aumentará la legitimidad de las democracias de esos países.
En segundo lugar, al aumentar la presencia de las mujeres en cargos de poder, las reformas contribuirán a la creación de un marco autónomo y poderoso de dirigentes políticos femeninos, lo que permitirá un grado mayor de representación esencial de las cuestiones y las políticas que son importantes para las mujeres, cuyos intereses están con frecuencia insuficientemente representados en órganos legislativos abrumadoramente masculinos.
Mark P. Jones es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rice; Bjørn Lomborg es el organizador del Consenso de Copenhague, profesor adjunto de la Escuela de Administración de Empresas de Copenhague y compilador del nuevo libro How to spend $ 50 billion to make the world a better place (“Cómo gastar 50.000 millones de dólares para mejorar el mundo”).
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