Opinión

Plan México


Ni el Plan Colombia ni el Plan México constituyen iniciativas de cooperación internacional destinadas a combatir el crimen organizado. No es ese, al menos, su principal objetivo, y vistos los resultados en Colombia, tampoco se avala su eficacia como instrumento para combatir a las mafias. En Colombia se abandonó pronto el objetivo antidroga para centrarse en el combate a la insurgencia y la represión de la protesta social. Por otra parte, en Colombia ni se ha logrado someter a la insurgencia armada, ni se acallan las protestas sociales (cada vez más amplias) ni el comercio de la droga disminuye. En pocas palabras, el Plan Colombia en todas sus versiones y renovaciones ha resultado básicamente un rotundo fracaso.
¿Por qué entonces mantener ese plan en Colombia y extenderlo ahora también a México? ¿Es posible esperar resultados diferentes en el país azteca?
La respuesta al primer interrogante es sencilla: esos planes forman parte de una estrategia global de los Estados Unidos en la región de la cual el ALCA es su capítulo económico y político, y los “planes” la nueva forma de intervención militar, una estrategia que se mantiene y recompone ante los enormes rechazos que despierta. La segunda cuestión tampoco parece demasiado complicada. En México el plan también fracasará, al menos como operativo antimafias. Y la principal razón es la misma que en Colombia, esto es, las intenciones reales son otras y no existe voluntad real de acabar con el crimen organizado. En realidad, frente a las actividades económicas ilegales la idea de fondo parece ser que antes que extirparlas lo mejor es asimilarlas, pues a fin de cuentas, ¿qué capitalista que se precie puede arrojar la primera piedra? ¿Existe realmente una contradicción tan antagónica entre estas diversas formas de capital? ¿Por qué entonces embarcarse en una guerra de resultados tan inciertos?
En efecto, el origen mafioso de muchas fortunas no es extraño al capitalismo ni sería la primera vez que el “capo” de ayer devenga en el honorable empresario de mañana. La mafia se acomoda bien al funcionamiento del capitalismo y no parece tener demasiados problemas con el resto del empresariado. En el caso de México, por ejemplo, el comercio de cocaína y heroína genera enormes capitales a ambos lados de la frontera y el tráfico de seres humanos por su parte --que somete a millones de desheredados, víctimas de los “ajustes” de la globalización-- deja márgenes de ganancia enormes a los empresarios de Estados Unidos explotando la barata mano de obra ilegal que viene del sur. En Colombia, el dinero de la droga representa tanto o más que el aporte en divisas que hacen millones de emigrantes a la riqueza nacional, igualando o superando las exportaciones tradicionales (café, petróleo). En los Estados Unidos es difícil separar mafia de capitalismo y el fenómeno florece con vigor en la Europa del Este, precisamente cuando sus economías desembarcan frenéticas en el capitalismo más feroz.
No debe sorprender que estas guerras contra la delincuencia organizada apenas inquieten a los empresarios vinculados con el negocio. En efecto, no habrá disminución sensible en la demanda de precursores químicos para los laboratorios de las mafias, ni disminuirá el tráfico de armas y avituallamientos para los ejércitos mafiosos. Pequeñas disminuciones momentáneas se ven pronto compensadas con generosas demandas posteriores, como demuestra el caso colombiano. Por su parte, los empresarios de la guerra estarán ahora frotándose las manos ante las fabulosas futuras ventas de armas sofisticadas, equipos de comunicaciones y transporte y las toneladas de productos químicos que serán esparcidas sobre los campos de amapola, marihuana y coca.
Como en el caso colombiano, el Plan México no va a terminar con la delincuencia organizada, pero si conseguirá los verdaderos objetivos, que no son otros que multiplicar la presencia estadounidense en el país, aumentar la influencia y control de las fuerzas armadas locales y atar a México al carro de posibles aventuras gringas en el área. Existe además otro factor que no debe desdeñarse: no hay una institucionalidad con fuerza suficiente para hacer frente al entramado mafioso, pues el Estado está penetrado por sus intereses y la Policía y las fuerzas armadas resultan impotentes para combatirle; la delincuencia organizada está hondamente infiltrada en sus propias filas, no menos que en el resto de las instituciones.
Por otra parte, tampoco puede confiarse en los agentes gringos que más de una vez se han visto implicados en el tráfico de estupefacientes ni en Washington que usualmente da un “tratamiento político” a estas iniciativas, sin excluir pactos y arreglos con la mafia mientras lo justifiquen sus llamados “intereses nacionales”. Así fue con Lucky Luciano, así corrió con Noriega, el cartel de Medellín y la “Contra” nicaragüense, así está ocurriendo con los señores de la guerra y el tráfico de opio en Afganistán; no otra cosa pasa en Colombia cuyo plan sirve de modelo para México. Allí los vínculos de la DEA y de las autoridades locales con los paramilitares y el narcotráfico explicarían muchos acontecimientos oscuros, muchos pactos secretos y hasta los “arreglos” de los grandes jefes de las mafias con el gobierno estadounidense al punto que, como señalaba recientemente un analista bogotano, ahora los “narcos” prefieren ser extraditados a los Estados Unidos que purgar sus penas en Colombia, siempre y cuando, claro está, puedan llegar a acuerdos ventajosos con las autoridades gringas (incluyendo por supuesto la “prisión atenuada”). Nada de esto parece perturbar la filosofía del Plan Colombia y no existen motivos para pensar que será diferente en México.
No faltan pues razones a quienes ven en estos planes una iniciativa estratégica estadounidense con fines continentales. Con el Plan Colombia el objetivo es convertir el país en base de apoyo para futuras aventuras bélicas contra Venezuela, Ecuador o cualquier otro país del área que decida distanciarse de los designios imperialistas de Washington. Se trata del control militar del área andina y de la amazonía; se busca recuperar la influencia perdida en los países cuyos votantes han llevado al gobierno a fuerzas políticas poco afectas al sometimiento y decididas a ejercer de veras la soberanía nacional. Para tales propósitos Bush cuenta con las lealtades de Álvaro Uribe y Felipe Calderón. Y para cada uno, su plan.