Opinión

Los desafíos del CSE


El Consejo Supremo Electoral (CSE) continúa en el ojo de la tormenta. Nos critican no sólo por lo malo que hacemos, sino por lo bueno que nunca miran. Si no es porque estamos dirigiendo elecciones, las que administramos muy bien, es porque algún ciudadano que vive en el exterior se queja porque no tiene su cédula de identidad, o porque a los líderes de algunos partidos políticos no les caen bien los magistrados que conforman este poder del Estado.
La verdad es que bajo la administración del magistrado presidente Roberto Rivas, han transcurrido seis procesos electorales, realizados con la supervisión de miles de observadores nacionales y extranjeros, y hasta el momento ningún organismo internacional nos ha acusado de haber propiciado un fraude electoral. Los resultados están a la vista de toda la sociedad.
Sin embargo, en los períodos no electorales, a pesar de estar fuera del blanco, seguimos en el ojo de la tormenta de la opinión pública, porque no resolvemos como quisiéramos el problema de cedulación y de registro civil que enfrentan miles de personas que, por diversos motivos, no logran tener un documento de identidad. Pero, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Han investigado los medios de comunicación cuántos recursos necesita el Poder Electoral para cumplir a cabalidad con todas las funciones que le demanda la legislación?

1- El Presupuesto. El Consejo Supremo Electoral, desde su nacimiento, ha sido una institución que no ha gozado del respaldo adecuado de las finanzas públicas. Ha sido, por así decirlo, la Cenicienta de los poderes del Estado, pues se maneja la percepción equivocada de que sólo necesitamos dinero para realizar elecciones, cuando la Ley Electoral y la Ley de Identificación Ciudadana nos asigna otras funciones sustantivas y permanentes, como la de cedular a los nicaragüenses que vayan a cumplir dieciséis años.

Según datos oficiales, el Gobierno de la República asigna históricamente al CSE en períodos no electorales, la precaria cifra de 100 millones de córdobas anuales, con lo que este poder del Estado difícilmente paga la planilla de los empleados y funcionarios que laboran en la institución, y lo poco que queda es para pagar luz, agua, teléfonos, alquileres de edificios donde se encuentran ubicados los Consejos Electorales Departamentales, beneficios sociales, etc.
En períodos electorales, el Consejo Supremo Electoral recibe un monto de aproximadamente 560 millones de córdobas para realizar las elecciones, de los cuales unos 120 millones son utilizados para rembolsar a los partidos políticos que alcanzaron el cuatro por ciento de los votos válidos, según lo establece la Ley Electoral. Entonces, la cifra asignada se reduce a 440 millones, con lo que se tiene que fortalecer el proceso de cedulación, creando ventanillas, toldos, abriendo oficinas temporales; publicar listas en las radios, programar cuatro domingos de verificaciones, actualizar equipo informático, comprar papel para cédula; contratar personal temporal para los centros de votación. Aquí no incluimos los recursos extraordinarios que deben estar listos para una emergencia.
Todo este proceso de trabajo que involucra a más de setenta mil técnicos electorales movilizados por todo el país, implica una fuerte erogación financiera de millones de córdobas que algunos medios de comunicación social critican gratuitamente, porque no logran comprender lo que significa mover una ingeniería electoral en tiempo de elecciones. Y si a esto le agregamos los intereses políticos de algunos partidos que se coluden con algunos medios de comunicación para atacar al Poder Electoral, es fácil llegar a la conclusión de que somos un organismo gastón, inoperante y que se necesita un cambio estructural.

2- La Ley Electoral y la Ley de Identificación Ciudadana. La Ley Electoral y la Ley de Identificación Ciudadana mandan al Consejo Supremo Electoral a realizar una serie de acciones que necesitan de un presupuesto especial como son, entre otros, el monitoreo permanente a la vida política de los partidos; la promoción de la cedulación, que necesita un fondo permanente; la depuración del padrón, que no es una tarea del CSE, sino que es una tarea interinstitucional; la verificación ciudadana y la actualización de la cartografía electoral que debe hacerse año con año. En otras palabras, para ejecutar con efectividad el contenido de las leyes que rigen el funcionamiento del CSE, necesitamos más recursos de los asignados. No existe, entonces, compatibilidad entre lo que las leyes nos mandan a hacer y lo que el gobierno y la Asamblea Nacional nos asignan anualmente. Esto debe corregirse con urgencia para que efectivamente el Poder Electoral pueda cumplir en un cien por ciento con todas sus tareas. Ni el gobierno ni los legisladores pueden estar asignando al Poder Electoral un presupuesto que no está acorde con las exigencias que la legislación electoral establece. Si queremos pedir eficiencia, debemos tener los recursos adecuados para garantizarla.

3- Balance objetivo. Pese al déficit presupuestario que venimos arrastrando desde el año 2000, la cedulación se ha convertido en un proceso masivo que ha avanzado sustantivamente, con algunos problemas registrales que enfrentan los ciudadanos y que no pueden ser solucionados por el Poder Electoral. Asimismo, el CSE ha mejorado los servicios de extensión de partidas de nacimientos que otorga a la ciudadanía a través de la Dirección de Registro Civil de esta institución. Actualmente, según registros del CSE, en los últimos seis años unos tres millones seiscientas mil personas han tramitado su cédula de identidad, de éstas un ochenta por ciento cuenta con su cédula de identidad, otro porcentaje no la ha retirado aún. Esto es un logro del CSE, pese al Movimiento Por Nicaragua, que gasta más dinero en fabricarse liderazgos televisivos que en ayudar a la ciudadanía en obtener su documento de identidad. Hay un universo de nicaragüenses que tiene problema con su partida de nacimiento, y que no tendrá su cédula mientras no inicie un juicio civil o no se reformen las leyes correspondientes, otorgando al CSE la facultad administrativa de corregir los problemas registrales. Por otra parte, en este momento se está trabajando en la actualización del documento de identidad y en la eventual digitalización del registro civil, de cara a la modernización de este poder del Estado, gracias a la cooperación española.
Finalmente, creo que al gobierno de Daniel Ortega le toca reivindicar la función trascendental del Poder Electoral, administrador y garante de las elecciones, y por lo tanto, gerente de los procesos democráticos. Y la mejor manera de que el presidente Ortega reivindique al CSE, es persuadiendo a los diputados de la necesidad de dotar a esta institución de los recursos adecuados para que se fortalezca, dándole el lugar que otros gobiernos irrespetuosos de la Constitución le han quitado. Es hora que el CSE deje de ser la Cenicienta de los poderes del Estado para convertirse en lo que es: un Poder Electoral que ha demostrado calidad y transparencia en los procesos, a pesar de sus adversarios.

* El autor es vocero del CSE.