Opinión

Las mujeres queremos dar vida, no morir en el intento


Bajo esta consigna miles de mujeres han dado continuidad a la lucha por defender su vida y las de las otras mujeres que están en riesgo desde que entró en vigencia la Ley 603, la que dejó sin posibilidades al personal de salud de salvarle la vida a niñas, adolescentes y mujeres adultas que enfrentan embarazos de riesgo y que ameritan una interrupción del mismo para seguir viviendo.
El observatorio de los derechos humanos, creado por el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto, ha dado seguimiento a algunos de los casos de Muerte Materna, que se presume están vinculados a la existencia de la famosa Ley 603.
Han sido insólitos y desgarradores los testimonios contados por las madres, los compañeros y demás familiares de las víctimas, al recordar paso a paso el calvario vivido, al que hemos llamado “EL CAMINO DE UNA MUERTE EVITABLE”.
Igual situación están enfrentando los trabajadores de la salud, por un lado saben y conocen cuál es su deber como trabajadores de la salud, y por otro lado se debaten ante dos grandes temores, la familia me puede demandar por no haber hecho lo que debía para salvarle la vida a su pariente, y por otro lado, si lo hago la ley me cae encima y no quiero ir a la cárcel.
Muchos años hace que en Nicaragua no aparecían en las estadísticas oficiales un Embarazo Ectópico Roto como causa de muerte de una mujer embarazada, y le correspondió a Olga María, de Nagarote, pasar al histórico registro, luego de que en todos los servicios de salud que visitó, incluyendo el hospital de mayor nivel de resolución para los problemas de las mujeres embarazadas, no hicieron lo que debían, lo que manda el protocolo de atención de las emergencias obstétricas, que está vigente, por temor a que ofrecer un servicio de urgencia fuese calificado como un delito, después de la penalización del aborto terapéutico.
Otra historia es la de Evelyn de los Ángeles, quien vivía en un barrio capitalino, la que no puede ser más ilustrativa del impacto que esta ley ha tenido, con sólo 16 años, con un embarazo de 22 semanas, con Leucemia Mieolicitica Aguda, diagnosticada desde el mes de mayo de 2004, en el hospital La Mascota, desde el 12 de enero de este año, que empieza a descompensarse hasta el 22 de enero, a las seis de la tarde, se produce el aborto espontáneo incompleto, diagnóstico con el que se hizo la transferencia al hospital de la mujer. Luego de las diligencias de ginecobstetricia vuelve a ser trasladada a La Mascota, cansada del martirio de los tratamientos, de los múltiples traslados, desiste y muere en su casa el día 31 de enero de 2007.
De acuerdo con declaraciones de funcionarios del Ministerio de Salud, estas muertes no se le pueden atribuir a la Ley 603, a su criterio, a lo sumo se puede calificar de una negligencia médica, misma que amerita una sanción administrativa y legal, hasta el momento no se conoce de ningún caso que esta conducta haya tenido alguna consecuencia de este tipo en ningún centro asistencial, se podría especular que esto se deba a que en el fondo las autoridades están conscientes de que la ley los tiene a todos entre la espada y la pared, y que a todos los niveles los responsables de la salud del pueblo y específicamente los que están enfrentando a diario estos dilemas, tienen MIEDO.
Definitivamente, quienes decimos SÍ A LA VIDA, y por ello defendemos la restitución del aborto terapéutico en el Código Penal, no estamos demandando el castigo para los trabajadores de la salud, estamos demandando que las leyes les permitan cumplir con su deber y poner los recursos científicos, técnicos, y humanos para salvar vidas.
El plazo para responder al recurso por inconstitucionalidad interpuesto a principios del año por diversas personalidades de la sociedad civil ya se le venció a la Corte Suprema de Justicia, mientras tanto, ya son 54 mujeres las que han muerto, los reportes reflejan que de las que han perdido la vida en lo que va del año;
T 43 mujeres vivían en el campo, es decir el 80% .
T Las causas sociales asociadas muestran que 21 vivían en extrema pobreza, que siete no habían planificado el embarazo y que UNA de ellas vivía situación de violencia.
T La causa institucional por la que fallecieron, mayoritariamente, se dice que es la “inadecuada organización de los servicios”.
T Las edades de las víctimas van desde los 15 hasta los 40 años.
T Una de ellas deja a 13 hijos en la orfandad.

¿Será que necesitamos mayor evidencia para confirmar que esta ley es injusta, es discriminatoria contra las mujeres y sobre todo con las más pobres? ¿Cuántas mujeres más tendrán que sacrificar su vida, dejar a sus hijas e hijos en la orfandad para que sus testimonios sirvan de instrumento para sensibilizar a los que tienen en su manos esta decisión?
Confiamos en que los responsables de velar por la seguridad jurídica de todos los ciudadanos, incluyendo a las mujeres, tomen en cuenta esta realidad, que no es inventada, que la pueden ir a comprobar a las instituciones estatales, que deberían también hablar con las familias y comprobar que esta ley solamente está afectando a quienes no tienen recursos, ni información, ni condiciones de vida que les permitan tener una vida digna.
Seguimos defendiendo el derecho a la vida que todas las mujeres tenemos y estamos a la expectativa de la respuesta de la Corte Suprema de Justicia.

Msc. Marta Ma. Blandón Gadea
Movimiento Feminista de Nicaragua