Opinión

El Banco de Fomento en Nicaragua


Con la reciente aprobación de la ley creadora del Banco de Fomento en Nicaragua se abre nuevamente un espacio dentro del espectro financiero nacional a una entidad pública que por su naturaleza de fomento debería, al menos en teoría, ser el brazo operador del estado en la promoción del desarrollo industrial y agrícola, fundamentalmente.
Las razones para su creación son válidas e indiscutibles. Si analizamos el comportamiento de la banca privada en Nicaragua podremos constatar que el financiamiento a las actividades industriales y agrícolas no representa, de ninguna manera, una prioridad para los banqueros privados nacionales.
Esta situación es una consecuencia lógica de las complejidades que implicaría un verdadero programa de desarrollo industrial y agropecuario en Nicaragua. Los proyectos industriales de gran envergadura que apuntan a la consolidación de la competitividad del país en términos de exportaciones son mucho más riesgosos y menos redituables que los otros rubros que retienen la atención privilegiada de la banca privada nicaragüense.
El financiamiento al comercio, a las actividades inmobiliarias, a la especulación financiera en relación con la deuda pública así como el meganegocio de la emisión de tarjetas de crédito a intereses elevadísimos representa para el sistema financiero nacional un rubro mucho más atractivo y que paga al estricto contado y a plazo inmediato. Estas ventajas no las tienen las actividades de inversión industrial ni agropecuaria. Los banqueros han actuado con una estricta lógica de mercado.
No han tomado en consideración ni por un momento el interés general de la nación y los efectos multiplicadores en la economía nacional que podría llegar a tener un programa de financiamiento a las actividades productivas en el campo de la agricultura y la ganadería, por ejemplo.
El espacio de mercado que ha sido marginado por la banca comercial lo han ocupado, poco a poco, las microfinancieras que pululan como un cáncer agresivo. Muchas de estas instituciones llevan el financiamiento a las zonas no cubiertas por los bancos privados a un costo elevadísimo. De ninguna manera éstas representan una alternativa sostenible para financiar el desarrollo de las actividades productivas en el campo.
Si revisamos algunas cifras podremos señalar que según el consolidado de créditos otorgados por todas las instituciones bancarias del país, que lleva la superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, el 79.6% de la cartera de créditos se otorgó en el departamento de Managua, seguido por la región Norte, con un 5.9% y más atrás la región Occidental, con 5.5%, y el resto del país con porcentajes insignificantes.
Lógicamente, Managua es el departamento donde el comercio se mueve con mucho más vigor y ahí es donde se concentra la banca privada. ¿Y el resto del país? ¡Bien gracias! Los departamentos de mayor producción agrícola de Nicaragua han sido abandonados a la buena voluntad de Dios o, mejor dicho, a la excesiva ambición de lucro de muchas microfinancieras que no hacen más que dejar en la calle a muchos pequeños productores.
En el corto plazo es muy difícil que la banca privada desarrolle un interés importante por el financiamiento a la industria y la producción. Cuando se tiene un mercado de tarjetas de crédito robusto y en expansión, y que rinde una elevadísima rentabilidad del 60 % anual más el deslizamiento de la moneda; cifra que está muy por encima de otros países de la región, como México en donde la tasa de interés para las tarjetas de crédito es del 25% anual. Ningún banquero en su sano juicio retiraría fondos invertidos en financiamiento de tarjetas de crédito para ponerlos a riesgo en programas de préstamos a los productores.
Las cifras consolidadas sobre el Sistema Financiero no hacen más que confirmar la urgente necesidad de una entidad de Fomento. No es porque a Managua los bancos destinan casi el 80% de sus carteras crediticias que el resto del país no necesita financiamiento.
En lo que se debe tener mucho cuidado con relación con el Banco de Fomento es en los mecanismos de financiación de parte del Estado, y en su factibilidad técnica en el largo plazo.
El Banco de Fomento no deberá ser un elefante blanco más como los programitas improvisados que se saca constantemente de la maga el nuevo gobierno, tales como “Hambre Cero”, “Usura cero”, que al final lo que generan es cero resultados efectivos.
Para el Banco de Fomento debe asegurarse que los fondos con que inicie su operación sean los suficientes para cubrir una gran parte de los productores y campesinos que necesitan crédito y así comenzar a tener impacto en el plano político y efecto en el plano de desarrollo.
Si se le crea con fondos irregulares en su flujo, como la cooperación venezolana, por ejemplo, se le estará poniendo de entrada importantes obstáculos para su desarrollo, capitalización y expansión por el fuerte componente político que acompaña la petrocooperación de Venezuela.
Lo más aconsejable en este caso sería negociar este proyecto con las entidades internacionales, como el BID, el Banco Mundial, y en alguna medida el Fondo Monetario Internacional, así como permitir eventualmente una participación de la cooperación de gobiernos amigos. La presencia y en cierta medida la presión que ejercerían los organismos internacionales podría ser un importante disuasivo para las tentaciones del gobierno para usarlo con fines políticos, o para intervenir en su sistema de gestión para corromperlo.
El Banco de Fomento de Nicaragua debería ser algo parecido al programa Oportunidades de México, un programa autónomo de promoción del desarrollo que ha trascendido ya a varios gobiernos y que los presidentes de turno no influyen de manera marcada en la directriz central del programa ni en su dominio operativo.
Un paso importante se está dando en Nicaragua con el Banco de Fomento, sin embargo, debemos estar vigilantes para que este posible avance no se vea truncado por el actuar irresponsable de la clase política nicaragüense que se relame los bigotes desde ya ante las posibilidades de esta nueva institución pública.

* El autor es especialista en Economía Gubernamental y Administración Financiera Pública. Coordinador de la Alianza Franco-Mexicana de Saltillo, Coahuila. México.