Opinión

Politiqueando a miskitos


Después del huracán “Félix”, entre algunas personas vuelve el tema sobre la competencia de las autoridades en las dos regiones autónomas de la Costa Caribe nicaragüense, una de ellas afectada el cuatro de septiembre.
El huracán fue noticia no anunciada o muy poco anunciada. El lunes 3 de septiembre el presidente Daniel Ortega declara alarma y los miskitos vuelven a ocupar el primer lugar en la agenda. Tras la ferocidad del viento y la lluvia, la muerte y destrucción, renacen todas las expresiones nacionales, culturales o multiculturales, raciales o étnicas.
Con estos acontecimientos de primera plana se evidencia la ignorancia sobre el territorio costeño. El Caribe nicaragüense no es miskito, seis pueblos o etnias o razas habitan el territorio, con diferencias entre ellos y muchos de ellos con el resto del país.
En Nicaragua, los políticos negocian las cuotas de poder, la creación de un nuevo Estado en el país: el parlamentario, y no consideran los aspectos jurídicos de la autonomía de las regiones en el sistema propuesto, nadie lo menciona.
El huracán “Félix” es una oportunidad excelente, o más bien una prueba de conocimiento y habilidad de los costeños para definir las políticas regionales y colocarlas en agenda del país. De los miskitos hablan sólo de ayudarles, no de sus intereses económicos y políticos, a los otros pueblos poco mencionan.
Un estudio realizado por el Centro de comunicaciones y estudios sociales (Cesos) determina que la controversia fundamental entre Estado Nacional y pueblos caribeños es la relación de poder entre el Estado de Nicaragua y los dos Consejos Regionales Autónomos (norte y sur) y organizaciones partidarias o no.
A mediados de septiembre se produjo una fricción entre una comisión parlamentaria (constituida por opositores al gobernante FSLN) y las autoridades de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) (aliadas del presidente Ortega). Fue una polémica sobre la competencia de la Asamblea Nacional, compuesta por 91 miembros electos de los partidos políticos, y la que otorga la Ley de Autonomía a los gobiernos regionales en materia administrativa.
Dice en el acápite 3 del artículo 23 de la ley autónoma: Será atribución del Consejo Regional participar en la elaboración, planificación, realización de las políticas y programas económico-sociales… que afecten a su región.
Sin embargo, los partidos políticos nacionales usan al Estado para conducir el proceso político en el Caribe nicaragüense, y las organizaciones sociales regionales son débiles, por muchas razones.
Autonomía de papel dominada por Estado Nacional
Después del triunfo de la revolución sandinista, los pueblos del Caribe nicaragüense han sido partícipes de un proceso político nacional, con sus mitos y mitomanías, algunas propias y otras inventadas por los estereotipos.
Tres mitomanías dominan en el Pacífico: El Caribe nicaragüense actual es territorio miskito, no pueden gobernarse por sí mismos, y las riquezas naturales son nacionales.
La mayoría de nicaragüenses desconocen a mayangnas, garífunas, ramas, creoles, y mestizos de las regiones autónomas, dueños de propiedades. También ignoran que los costeños pueden gobernarse por sí mismos, y no lo toman en cuenta por menosprecio a la capacidad de aquellos. Y creer que las tierras son nacionales es contradictorio con reconocer la propiedad de los costeños en sus diversas modalidades.
El discurso no ha sufrido cambio. En 1980, los gobernantes no conocían a los miskitos, conceptúan que las riquezas naturales son nacionales, imponen un modelo desconocido en un territorio desconocido. El eje rector del discurso es la pretensión independentista de los líderes indígenas visibles.
Desde 1990, la diatriba es: propiedad privada motor económico de la sociedad, riquezas naturales son del país, partidos políticos nacionales tienen derecho a presencia en las regiones autónomas, los miskitos son muy conflictivos, la ley fue un acuerdo para detener la guerra, hay que reformarla, con la extensión de la frontera agrícola los miskitos serán minoría.
Durante la revolución sandinista, al término de la guerra, la Ley de Autonomía es uno de los principales logros, acaso el principal visto como política de Estado, tan importante como los procesos electorales, la institucionalidad de las fuerzas armadas, el Estado laico, los derechos a salud, educación y organización, el divorcio unilateral y la unión de hecho, el reconocimiento a los hijos fuera de matrimonio como iguales con sus hermanos, la reforma agraria.
Sin embargo, la “democracia” no trajo avance a favor de los pueblos del Caribe nicaragüense. Los empresarios saquean los recursos naturales; sin programas de manejo reciben licencia comercial. Las comunidades indígenas no son consultadas y la corrupción por drogas y sobornos es el mecanismo efectivo para garantizar la inversión.
Con este panorama se mantiene la dicotomía entre independencia o autonomía de los pueblos indígenas, fundamentalmente. El problema es la correlación de fuerza en el territorio, invadido por mestizos campesinos provenientes del resto del país que se dedican a derribar el bosque, sembrar granos básicos o criar ganado vacuno.
Manipulando los antecedentes del conflicto entre indígenas costeños y el Frente Sandinista, en los ochenta; y el menosprecio a los pueblos costeños desde la firma de la Ley de Autonomía, podría contribuir a seguirse gestando un descontento que lleve al primer plano el deseo de gritar: ¡Independencia!
¿Pero quiénes gritarían? ¿Habrá suficiente fuerza organizada? ¿Es otra mitomanía el deseo independentista de los indígenas miskitos? ¿Quieren ser autónomos o independientes los negros, los mestizos, los ramas, los mayangnas, los garífunas?