Opinión

Depósito, usura y apremio


En una epidemia se han convertido los casos de Apremio Corporal Civil (Prisión) hasta por un año por la no restitución de un depósito contractual. Muchos ciudadanos se ven forzados a acudir a prestamistas usureros que simulan y encubren los préstamos bajo el disfraz de depósitos contractuales. Los casos más frecuentes de simulación de préstamos los podemos resumir en dos ejemplos inconcebibles para una persona mentalmente sana:
a) El deudor =depositario recibe en documento simulado en calidad de depósito la suma que en realidad se le dio en mutuo con los intereses capitalizados, y se obliga a restituirla en cuanto le sea solicitada por el prestamista. No es concebible que un particular confíe a otro en depósito una fuerte suma de dinero para que se la guarde y se obligue a restituirla cuando se le solicite, y que asuma los riesgos de pérdida, robo o sustracción, sin devengar honorario alguno. ¿Qué persona sensata prefiere los roperos a las bóvedas bancarias para guardar su dinero y sin devengar intereses?
b) Otros deudores “venden” vehículos, apareciendo los prestamistas como compradores y además se exige al deudor firmar una escritura adicional de depósito del mismo vehículo, mediante la cual el deudor sigue trabajando el vehículo (que ya vendió) y el comprador permite, gustosamente, que el vendedor lo siga usando bajo riesgo de robo o destrucción; sin embargo, estos riesgos también son asumidos por el deudor que vendió el vehículo. Lógicamente, esta “generosidad” del comprador = prestamista termina cuando el deudor atrasa sus pagos, entonces recurre el usurero a la vía
judicial a solicitar la restitución del vehículo, dado en supuesto depósito. ¿Quién es aquel que compra un vehículo para no gozarlo y dejarlo en poder del vendedor para que lo deteriore usándolo?
Estos contratos simulados son el prototipo de la lógica de lo absurdo y tienen a muchos nicaragüenses con una doble guillotina sobre sus cabezas: el Apremio Corporal Civil y la Estafa Penal.
Nuestra ley nos brinda suficientes argumentos para frenar estos abusos que por su condición de contratos simulados son reprochables, no sólo por sus cláusulas leoninas, sino por el efecto en los nicaragüenses estrangulados por la usura particular y de algunas financieras autorizadas por la SIB, que se comportan en algunos casos peor que los usureros.
Debemos partir del arto. 41 constitucional, que fija la regla de prohibir la cárcel por deudas, no olvidemos que ninguna ley puede oponerse a la Carta Magna (arto. 182 Cn). El Apremio Corporal se encuentra en el Código Civil en su arto. 2521 y señala los casos taxativos en que tiene lugar, y en su inciso 1, expresa:
“El Apremio Corporal tiene lugar: 1) Contra todo depositario por depósito judicial que requerido para la devolución de la cosa u objetos depositados no la verifique en el término legal o en el que le señale al efecto la autoridad respectiva.”
Dicha disposición, al igual que la contenida en el arto. 3495 C, se refiere al depósito judicial y no contractual, como el que acostumbran realizar los prestamistas, y en materia represiva no hay interpretación analógica ni extensiva. (Boletín Judicial año 1961, página 20806 y sentencia del 5 de octubre de 1921. Página 3451 ) siendo tajante nuestro Supremo Tribunal cuando expresó: “ Sin que sea jurídicamente lícito aplicar el Apremio Corporal a casos diferentes, ni siquiera por analogía”.
¿Se pueden controlar estos abusos? Sí, tiene cabida el Recurso de Habeas Corpus por amenazas de detención ilegal o por detención ilegal si se materializó la misma, ya que cabe contra cualquier funcionario que viole o trate de violar los derechos constitucionales, sin excepción de si es juez civil o penal. La Corte Suprema de Justicia así lo expresó ( Página 103 del BJ 1997): “Cabe el recurso de amparo por amenazas de detención en virtud de Apremio”. Si el Tribunal de Apelaciones desecha el recurso puede recurrirse de Queja ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema ( artos. 58 y 71, Ley de Amparo), quienes ya los han admitido. ( Sentencia del 24 de enero 2001) al no estar en los casos de una resolución judicial en asuntos de su competencia. (arto.51,Ley 49).
En sentencia de las 10:15 AM del 01 de noviembre de 1961, y en opinión del magistrado del CSJ, Marvin Aguilar, (Revista Derecho UCA, número 4, página 127, se mantiene el criterio que aún en casos de Prenda Agraria o Industrial, el no presentar los bienes pignorados sería consecuencia de una obligación puramente civil; y la restricción de la libertad personal del deudor es una violación de la garantía constitucional que prohíbe la prisión por deuda encubierta por el subterfugio del apremio civil, lo cual es notoriamente inconstitucional, y como los Tribunales están en la ineludible obligación de aplicar en primer término la Constitución con preferencia sobre leyes secundarias no puede menos que dejarse sin efecto dicho apremio.
Soportan este mismo criterio el arto.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA, incorporado a nuestra legislación por el Arto. 46 Cn. “Nadie será encarcelado por el sólo hecho de no poder cumplir una obligación contractual”. Bolivia y República Dominicana han abolido de sus legislaciones lo relativo al Apremio Corporal por jueces civiles.
El Consejo de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, en Aplicación de la Resolución 60/251 de la Asamblea General del 15 de marzo de 2006, en Informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria en su visita a Nicaragua ( 15 al 23 de mayo 2006), recomienda la no aplicación y ulterior derogación del Apremio Corporal que imponen nuestros jueces sobre depósitos contractuales civiles. Una buena forma de comenzar el proyecto Usura Cero es simplemente que nuestro jueces apliquen al pie de la letra el arto. 41 de la Constitución Política, que establece el principio de no cárcel por deudas, y el Apremio Corporal por depósito contractual debe dejar de aplicarse por los juzgadores, ya que quienes quebrantan la ley al aplicar tal Apremio son los mismos jueces y no los deudores a quienes recetan cárcel hasta por un año. La USURA CERO puede empezar con sólo aplicar la Constitución y la Ley. El Poder Judicial lo tiene a su alcance.
Granada, 24 de septiembre 2007
* El autor es Abogado, Catedrático de Derecho Civil Universidad Santo Tomás, Granada.