Opinión

¿Vamos hacia la “partidocracia”?


Aun cuando el lanzamiento de la propuesta de transformar nuestro sistema de gobierno, de un régimen presidencialista a otro parlamentario, pudiera ser un simple “sofisma de distracción”, a fin de desplazar de la atención del debate público una serie de problemas frente a los cuales el desempeño del actual gobierno ha sido poco efectivo, como lo son la atención de la emergencia y reconstrucción de la Región Norte de la Costa Atlántica, los apagones cada vez más frecuentes y prolongados, el alza del costo de la vida, en buena parte causada por el incremento en el precio de los combustibles, etc… el tema no puede dejarse pasar, desde luego que se han referido a él los propios caudillos del pacto y sus más cercanos colaboradores.
La primera pregunta que cabe hacerse es: ¿qué gana el empobrecido pueblo de Nicaragua con un cambio de sistema tan profundo como el que se propone? ¿Es que un régimen parlamentario va a garantizar una mayor eficacia en cuanto a los problemas prioritarios que nos aquejan, especialmente los referentes a la lucha contra la pobreza y el desempleo? No hay ninguna evidencia que permita dar una respuesta positiva a esta pregunta.
Porque si consultamos el provecho que el pueblo nicaragüense obtuvo con las reformas pactistas de los años 2000 y 2005, la conclusión que podemos sacar es que en nada contribuyeron a mejorar la situación de los sectores populares, y más bien debilitaron nuestra ya endeble institucionalidad democrática.
En consecuencia, cabe interrogarse si la tal propuesta de régimen parlamentario más bien responde a intereses políticos de los caudillos del FSLN y del PLC, como ya sucedió con las reformas parciales a la Constitución Política antes aludidas.
¿No será que hay propósitos ocultos detrás de una propuesta que se trata de vender como un adelanto democrático, donde la participación ciudadana sería más efectiva y el Poder Ejecutivo estaría sujeto a mayores controles para evitar el autoritarismo? Es cierto que en países de larga tradición democrática, como lo son los europeos, el sistema parlamentario permite un mayor control de los partidos políticos sobre el Ejecutivo, pero en esos países los partidos practican la democracia interna y los diputados no son electos por el “dedazo” de caudillos en planchas cerradas.
Para todo sistema de gobierno es necesario tener en cuenta el avance democrático del país de que se trate, el desenvolvimiento de sus instituciones, es decir, todo el contexto en que va a funcionar el sistema. No se puede afirmar que lo que ha dado buen resultado en ciertos países europeos necesariamente los va a dar en nuestro medio.
La sociedad civil tiene que estar bien alerta ante semejante propuesta, desde luego que aún no se ha demostrado el fracaso del régimen presidencialista por sí mismo. En todo caso, quienes lo han hecho fracasar son los políticos inescrupulosos que en vez de perfeccionar el presidencialismo se han empeñado en utilizarlo para su propio provecho, menospreciando las verdaderas necesidades del pueblo nicaragüense.
Cambios tan substanciales de la Constitución Política no pueden llevarse a cabo mediante reformas parciales a la Constitución, negociadas por las cúpulas partidarias, a espaldas del pueblo. Si tanto habla este gobierno de las bondades de la “democracia directa” ¿por qué no se lleva a cabo un referendo sobre este asunto, aprovechando las próximas elecciones municipales, y danto tiempo suficiente para un amplio debate nacional sobre sus ventajas o desventajas? Esto lo contempla el artículo 2 de la Constitución vigente.
Además, para cambiar tan drásticamente el sistema de gobierno se requeriría una Asamblea Nacional Constituyente, electa especialmente para aprobar una nueva Constitución Política. No podrían ni deberían ser los actuales diputados los encargados de esta tarea, pues no fueron electos con facultades de poder constituyente.
Lo que se sospecha es que el propósito verdadero es evitar el desgaste político que para ambos partidos significaría la derogación de la prohibición de la reelección presidencial continua. La introducción inconsulta del sistema parlamentario permitiría a los caudillos Ortega y Alemán ser electos Primer Ministro por la Asamblea Nacional, dominada por sus obedientes diputados, sin someterse al voto directo del pueblo, donde ambos saben bien serían rechazados.
También ambos partidos ya no sólo se repartirían, como ya lo hicieron, los Poderes Judicial, Electoral y la Contraloría General de la República, sino también el Poder Ejecutivo, pues los ministros del gabinete, en el régimen parlamentario, salen del Parlamento.
Entre nosotros, por la experiencia que tenemos de los últimos años, el tal “parlamentarismo” no sería otra cosa que establecer la dictadura de “la partidocracia”, que entre nosotros en realidad sería de la “caudillocracia”.