Opinión

Fallo de la Corte Internacional: un preámbulo del caso Nicaragua vs. Colombia


Las disputas con Honduras y Colombia, sumándose la demanda sin lugar ni razón de Costa Rica, no son más que una lucha por nuestra soberanía territorial y el desarrollo de nuestro pueblo. Una lucha que no hemos pensado ganar por medio de la espada, sino porque el derecho y la justicia nos dan la razón.
Sobre el histórico fallo de la Corte Internacional en La Haya se ha comentado que fue bueno para ambas partes, y que fue una decisión salomónica de parte de la Corte. Sin lugar a dudas, el victorioso ha sido el Estado aplicante, Nicaragua.
¿Qué solicitaron las partes a la Corte que declarara y juzgara con respecto a los islotes y cayos?
Nicaragua solicitó a la Corte decidir sobre el asunto de soberanía sobre islas y cayos dentro del área en disputa, específicamente Hall Rock, South Cay, Arrecife Alargado, Bobel Cay, Por Royal Cay, Porpoise Cay, Savanna Cay, Savanna Reefs, Cayo Media Luna, Burn Cay, Logwood Cay, Cock Rock, Arrecifes de la Media Luna, y Cayo Serranilla.
Por su parte, Honduras solicitó a la Corte que las islas de Bobel Cay, South Cay, Savanna Cay y Port Royal Cay, junto con las otras islas, cayos, rocas, bancos y arrecifes reclamados por Nicaragua, ubicadas al norte del paralelo 15, se encuentran bajo la soberanía de la República de Honduras.
Sobre el tema de soberanía de los islotes y rocas, la Corte, de manera unánime, en la cláusula operativa del fallo, determinó que encuentra que la República de Honduras tiene soberanía sobre Bobel Cay, Savanna Cay, Port Royal Cay y South Cay. Sobre este punto la Corte determinó, con respecto a Nicaragua, que no encontró pruebas de intención o voluntad de actuar como soberano, y ninguna prueba de ejercicio de autoridad en las islas. Por consiguiente, Nicaragua no cumplió con el criterio establecido por la Corte Permanente Internacional en el caso de Eastern Greenland. En este caso la Corte Permanente estableció que un título de soberanía puede deducirse del ejercicio efectivo de poderes pertenecientes a las autoridades del Estado sobre cierto territorio. Para sustentar un reclamo de soberanía sobre esa base, una serie de condiciones deben probarse de manera conclusiva, a como describió la Corte “un reclamo de soberanía basada no sobre un acto particular o un título tal como un tratado de cesión, pero específicamente actos continuos de autoridad, que involucra dos elementos que deben ser demostrados: la intención y voluntad de actuar como soberano, y ejercicios de tal autoridad.”
Destacamos que la Corte únicamente concede soberanía sobre cuatro cayos y no sobre “las otras islas, cayos, rocas, bancos y arrecifes reclamados por Nicaragua y ubicados al norte del paralelo 15.”
La Constitución Política de Honduras de 1982, introdujo un Artículo 10, que incluía por primera vez los Cayos de Media Luna y los bancos de Salmedina, Providencia, De Coral, Rosalinda y Serranilla.
Honduras tendrá que reformar su Constitución, por cuanto la Corte trazó la frontera marítima única al norte del paralelo 15, en dirección noroeste, más allá del meridiano 82, hasta donde se afecte derechos de terceros Estados.

Con relación a la frontera
en el Mar Caribe
Nicaragua solicitó que la Corte juzgue y declare la bisectriz de las líneas que representan los frentes costeros de ambas partes, trazada desde un punto fijo, aproximadamente a 3 millas de la desembocadura del río, en las coordenadas 15° 02’ 00” N y 83° 05’ 26” O, la que constituye la frontera marítima única para los propósitos de la delimitación de las áreas en disputa del mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental en la región del Promontorio de Nicaragua. El punto de inicio de la delimitación es la vaguada de la desembocadura del río Coco.
Honduras solicitó que el punto de inicio de la frontera marítima debe ser ubicada en 14° 59.8’ latitud N, 83° 05.8’ longitud O. La frontera desde el punto determinado por la Comisión Mixta en 1962 (14° 59.8’ latitud N, 83° 08.9’ longitud O) hacia el punto de inicio de la frontera marítima a ser delimitado por la Corte debe ser acordado entre las Partes sobre la base del Laudo del Rey de España del 23 de diciembre de 1906, tomando en cuenta las características geográficas cambiarias de la desembocadura del río Coco. Y que al Este del punto 14° 59.8’ latitud N, 83° 05.8’ longitud O, la frontera marítima única que divide los respectivos mares territoriales, zonas económicas exclusivas y plataforma continental, siga la coordenada 14° 59.8’ latitud N, como la existente frontera marítima, o una línea equidistante ajustada, hasta que alcance la jurisdicción de un tercer Estado.
Nicaragua ha mantenido que su frontera marítima en el Caribe con Honduras no ha sido fijada, mientras que Honduras sostenía que, de hecho, existe una línea de delimitación que corre hacia el este sobre el paralelo de latitud, desde el punto fijado por el Laudo Arbitral del 23 de diciembre de 1906.
La Corte rechazó el alegato de Honduras de que el Laudo Arbitral de 1906 lidiaba con delimitación marítima y que confirmaba la frontera marítima entre las partes a lo largo del paralelo 15. Sobre este tema la Corte determinó que el laudo indicó los puntos de la frontera extrema en la costa del Atlántico, y desde ese punto indicaba la frontera terrestre con dirección al oeste. Y segundo, que no hay indicación en el laudo que el paralelo 15 era percibido como la línea fronteriza.
La Corte determinó que el alegato de Honduras, de que el uti possidetis juris provee sustento a la alegada frontera marítima “tradicional” a lo largo del paralelo 15, no es sustentable.
Sobre el tema de la supuesta frontera “tradicional” reconocido por ambos países (según Honduras), la Corte determinó que a pesar de que en ciertos periodos de tiempo existe evidencia (concesiones petroleras, regulaciones pesqueras) de que el paralelo 15 pareciera que tuvo alguna relevancia en la conducta de las partes, dicha evidencia no es suficiente para que la Corte concluya que existía una frontera marítima internacional entre las partes. La Corte, tomando en cuenta el reconocimiento de parte del gobierno de Honduras en 1982, que en realidad no existía ningún acuerdo legal, concluyó que no existía ningún acuerdo tácito en vigencia entre las Partes en 1982, ni nada que implicara en fecha subsiguiente el establecimiento de una frontera marítima legal y vinculante.
En este sentido, la Corte, al encontrar que no existía una frontera “tradicional” procedió a trazar la frontera marítima entre ambas naciones.
La Corte estableció que la propuesta nicaragüense en sus sumisiones finales es problemática en ciertos aspectos, y su sugerencia inicial de comenzar la línea a cierta distancia en el mar parece ser una solución juiciosa. Que una delimitación puede empezar a cierta distancia en el mar ha encontrado soporte en jurisprudencia en casos donde hay incertidumbre con el final de la frontera terrestre. Por consiguiente, la Corte determinó el punto de partida tres millas fuera en el mar (15° 00’ 52” N y 83° 05’ 58 W) desde el punto ya identificado por la Comisión Mixta en 1962 a lo largo del acimut de la bisectriz.
La Corte, sin especificar un punto final específico, delimita la frontera y establece que se extiende más allá del meridiano 82, sin afectar derechos de terceros Estados. Asimismo, establece que en ninguna circunstancia esta línea debe interpretarse que se extiende a más de 200 millas náuticas a partir de las líneas de base de donde la anchura del mar territorial es medido.

Que más se gana
Poner de manifiesto la mala fe de Honduras y Colombia al pretender imponerle a Nicaragua, sin su consentimiento, una doble frontera.
Reforzar la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia de 2001, a través de la cual resolvió que Honduras, al ratificar el Tratado de Delimitación Marítima entre la República de Honduras y Colombia, infringió el Protocolo de Tegucigalpa; y que a consecuencia de dicha infracción, el Estado de Honduras incurrió en responsabilidad.
En la corta vigencia de ocho años del tratado López- Ramírez, Honduras nunca lo pudo aplicar y oponer a terceros. Primero, en virtud del Memorando de Entendimiento, firmado entre ambas naciones y la OEA el 7 de marzo de 2000, por medio del cual acordaron una serie de Medidas de Fomento de la Confianza, entre las cuales se encuentran: un mecanismo de patrullaje combinado en el Mar Caribe y el congelamiento de efectivos militares y puestos fronterizos, y segundo por el presente fallo de la Corte Internacional que desconoce una frontera tradicional que corre a lo largo del paralelo 15.
*Autor del Libro Las Disputas Internacionales de Nicaragua.
edgh14@hotmail.com