Opinión

Las hormiguitas no tienen derechos


A mi hermana Martha

Siempre saltan por encima de mí esas dos palabritas tan de moda desde hace rato: igualdad y equidad, sobre todo cuando me veo, veo y reveo a otras colegas afines al oficio de “ama de casa” que como hormiguitas formando una hilera marchan rápido cargando sobre sus hombros hojas amarillas por las mañanas para dirigirse a sus respectivas cuevas. No es mi intención comenzar a desarrollar uno de esos escritos tipo manual o bien un discurso feminista desgastado sobre los derechos de las mujeres.
Como otras vivencias en las cuales nuestros derechos son violentados, las mujeres dedicadas exclusivamente al oficio de ama de casa carecen de los derechos sociales que corresponden a cualquier trabajador, como por ejemplo, a la pensión por jubilación (éste es sólo uno). Para las mujeres triple rol es casi imposible obtenerlo por la inestabilidad en el empleo causada en el transcurso de su vida, a veces por la maternidad y concomitantes, o por la inexistencia de guarderías, entre otras.
Hasta el momento, este derecho no ha sido defendido por los movimientos feministas, ni por nadie: el derecho de la ama de casa a una pensión cuando se jubile. La preocupación ha girado más que nada alrededor de los derechos de la mujer trabajadora y no a una ley que permita que las mujeres amas de casas, que no tengan una jubilación, puedan recibir --una vez cumplidos los 60 años-- una pensión decente y digna, ¡y en este país somos tantas!
Lo anterior se evidencia en los resultados de la Encuesta de Medición de Nivel de Vida (INIDE, 2005) en donde se “ubica” a las amas de casa como Población Económicamente Inactiva (PEI), constituyendo a nivel nacional el 42.1%. En el área urbana el 35% y en la rural 51.5%. Además, un estudio del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) refiere que: “Las amas de casa son a quienes más se les violan sus derechos”.
Es casi cotidiano en nuestra sociedad cuando una de estas mujeres se presenta ante una institución (estatal, escuela) al preguntársele a qué se dedica, responda ama de casa y la respuesta de la otra persona sea: “No señora, me refiero a ¿en qué trabaja?”
El trabajo se define como toda aquella actividad física asalariada orientada a la generación de un producto o servicio acordado por un contrato entre un empleador y un empleado. De tal manera que las tareas del hogar no se contabilizan como trabajo, ni se cuentan como desgaste físico. El aporte económico de las amas de casa y el impacto en el ejercicio de su derecho social del trabajo no remunerado continúan bajo el tapete.
Sin embargo, los frijoles no se cuecen solos, las peinados de la niña que va a la escuela no los hace la peluquera, el lampazo y la escoba no bailan sin compañía por la casa, los platos no tienen servicio automático incluido, la ropa desconoce el lavandero y su uso, los calcetines rotos no se pegan con goma, la comida no viene a domicilio… Son un sinnúmero de actividades que aún no terminan de contabilizarse (ah… ¿y la ropita del maridito sobre la cama arregladita?). Pero todo eso no es reconocido como trabajo, ya los sabemos, históricamente ha sido invisibilizado cruelmente. Algunas mujeres se sienten retribuidas en su labor por el dinero que los maridos les dan y del cual ellas hacen de “tripas corazón” para la reproducción familiar hasta conducirlas a“fiar” en la pulpería.
Hasta el momento desconozco estudios comparativos serios que permitan establecer un método de evaluación y valoración del trabajo doméstico y su contribución al Producto Interno Bruto. Partiendo de que este trabajo no “aporta” a la economía del país, y los estudios y/o investigaciones generalmente enumeran las tareas domésticas, contabilizan el tiempo invertido pero la relación económica trabajo-valor está ausente, se hace necesario justificar lo justificado.
José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), expresó que América Latina debería tener conciencia del valor que tiene el trabajo de las mujeres en el hogar, actividad que merece una compensación social. Ningún país en el mundo tiene una compensación social al trabajo de la mujer en el hogar y tampoco se han hecho estudios sobre el valor económico de esa actividad, y espera que en el medio plazo, en América Latina se introduzca ese indicador en las cuentas nacionales. El trabajo de la mujer no sólo es castigado con la falta de salario, sino excluidas sus actividades de las cuentas nacionales y, lo más importante, del resguardo de sus derechos como trabajadora, entre los cuales, sin duda, debe estar el derecho a pensión. Hasta el extinto papa Juan Pablo II en el documento final del II Sínodo de Obispos para Europa (junio, 2003), reivindicó el derecho de la mujer a obtener un reconocimiento económico por el trabajo que realiza en el ámbito familiar.
Entonces, les pregunto: ¿Dónde están las tomadoras de decisiones políticas, esas aguerridas diputadas que pelean por el sombrero de un hombre de un partido? ¿Dónde están las redes, movimientos u otras formas de organización de mujeres que se lamentan entre sí unas por el poder político perdido y otras porque nunca lo tuvieron? ¿Dónde están los hombres de la “nueva generación”? ¿Dónde están esas mujeres?, que a veces nos preguntan para que respondamos en coro como niñas de jardín infantil. Obviamente, sólo encontramos una cosa: insensibilidad.
Pero es alentador que en agosto de 2007, durante la X Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y El Caribe, se esperaba entre sus resultados se recogiera el proyecto para empezar a estudiar mejoras en la protección social de las mujeres. ¿Por qué no comenzar entonces a trabajar en un proyecto de ley en que el Estado estime un monto salarial para el trabajo doméstico y les garantice, vía cotizaciones, su atención médica y pensión? Ello debe formar parte de una política social, de un Plan Nacional de Desarrollo de cualquier país, es elemental Mrs. Watson.
No obstante, se registran avances en varios países latinoamericanos y europeos en este sentido, entre ellos encontramos Colombia, Argentina, Venezuela, Panamá, Costa Rica, España (algunas provincias) e Italia.
En Nicaragua, el artículo 4 de la Constitución Política norma la obligatoriedad del Estado de promover los avances de carácter social y político, protegiendo de toda forma de explotación, discriminación y exclusión. Se establecen como principios la libertad, la justicia y el respeto a la dignidad de la persona. Con relación a las normas referidas a la igualdad, aunque no están integradas formalmente entre los principios, se identifica su abordaje en varias normas constitucionales, por ejemplo, el Arto. 27 señala que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección y no habrá discriminación, y el Arto. 61 señala que el Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la seguridad social para su protección integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo, en la forma y condiciones que determine la ley. Es decir, no existen especificaciones que beneficien a las mujeres amas de casa.
Lo anterior es respaldado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su Arto. 22 indica que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Contamos con un marco jurídico legal favorecedor para proceder a la elaboración de un Proyecto de Atención de Seguridad Social dirigido a las mujeres amas de casa. Aunque muchos pensarán que esta demanda justa encierra algunas limitantes: ¿De dónde procederán los fondos? ¿Quiénes tendrán acceso a ellos? ¿Todas las mujeres recibirían la misma pensión? Unos cínicos pensarán tirados en su hamaca meneando un trago y viendo a su mujer barrer: ¿Y todavía van a tener derecho a la jubilación estas mujeres que no hacen nada? ¡Que vivan los derechos humanos de las mujeres amas de casa!