Opinión

Cédula de identidad para la diáspora


He leído con tristeza y lástima las últimas declaraciones de un magistrado del Consejo Supremo Electoral que en vez de explicar, como lo ha hecho repetidamente el presidente de dicho Consejo, que la cedulación en el exterior no se puede llevar a cabo por razones económicas, despotrica en contra de ciudadanos que se han tomado la digna tarea cívica de reclamar los derechos constitucionales de que a todo ciudadano, al llegar a la edad de 16 años, se le debe emitir su cédula de identidad.
Dice el señor magistrado que algunos de los voceros de los nicaragüenses en el exterior tienen cédula, lo cual es normal, ya que cuando nuestros coterráneos viajan a Nicaragua, hacen lo posible por obtener su respectiva cédula, con la cual adquieren validez cívica, ya que sin ella no pueden realizar ninguna transacción en el suelo patrio, por más simple que ésta sea.
Pero lo anterior no tiene nada que ver con los conciudadanos que no pueden visitar Nicaragua, unos por no tener documentos migratorios que les permiten salir de los países donde residen, sin perder los derechos de permanencia o residencia y otros por razones económicas y compromisos laborales. Es a ellos a los que se refieren los voceros cuando hacen su justo reclamo, ya que el poseer una cédula les daría un importante documento de identidad, que pueden portar constantemente, lo que no es el caso del pasaporte, cuando lo tienen, ya que éste es un documento de viaje que contiene visas o permisos especiales estampados en sus páginas y por lo cual, no se puede andar permanentemente con él en los bolsillos.
En cuanto al censo que desean algunos de los magistrados antes del proceso de cedulación en el exterior, deberían saber que con la emisión de la cédula, el censo se haría en forma automática.
En referencia al problema financiero que aduce el Consejo, esto puede ser solventado con la Ley de Reforma a la Ley 152 que, según tengo entendido, establece los requisitos para llevar a cabo la cedulación en los consulados, los aranceles a cobrar y además establece un plazo para iniciar el proceso de cedulación; de esta forma el Estado recupera el costo que el proceso en el exterior requiere, el cual estoy seguro nuestros paisanos estarían más que anuentes a reconocer, ya que para ellos es vital obtener dicho documento.
Lo que no puedo comprender es por qué el Consejo Supremo se niega a cooperar, sabiendo que su presupuesto no será afectado y que dicho acto les daría el honor de cumplir con un mandato constitucional y al mismo tiempo, el prestigio de beneficiar a cientos de miles de conciudadanos que residen en el exterior.
El asunto del voto en el exterior es un proceso independiente que requiere de un presupuesto y de una organización que tarda muchos años para poner en práctica, así que no hay por qué mezclar la cedulación con el voto en el exterior, que es solamente uno de los derechos que el ciudadano obtiene al poseer cédula.
El proveer cédula de identidad a nuestra diáspora debe verse como un servicio público para que los nicaragüenses pueden trabajar con mayor protección y así integrarse al progreso económico y social de Nicaragua con sus inversiones en inmuebles y pequeños negocios familiares, aparte de sus remesas mensuales.