Opinión

¿Está paralizada la participación en el centro educativo?


El Plan Nacional de Educación, el Foro Nacional de Educación y la Ley General de Educación coinciden en que el centro educativo es el punto de encuentro clave en el que se produce la acción educativa. Ésta, para que sea integral y legítima, requiere contar con la participación de todos los sujetos que se dan cita en la educación.
A partir del Acuerdo Ministerial Nº 017-2007 del 11 de enero, que abolió la autonomía escolar, la desinformación, confusión y manipulación que viene sufriendo la participación en los centros educativos y los municipios, parecieran haber alcanzado tal grado que, al parecer, la paralización de las instancias y espacios de participación es cada vez más evidente. Al parecer, quienes son responsables de este error no leyeron o interpretaron bien dicho Acuerdo que reza así: “Revocar y dejar sin ningún efecto legal todos aquellos acuerdos ministeriales, convenios de autonomía, manuales, normativas y demás disposiciones administrativas que se hayan emitido antes de la publicación de la Ley Nª 413, Ley de Participación Educativa”, lo que aclara sobre la vigencia de la Ley.
Pero precisemos, aún más, tales errores nacidos de la falta de información y de la manipulación que algunos hacen de este desconocimiento de las leyes, casi generalizado, en la comunidad educativa. Es claro en Derecho que, toda normativa de una Ley queda superada por la de otra ley más reciente, y que una ley particular se ha de sujetar siempre a la Ley General. En este sentido, la Ley de Participación Educativa (20 de marzo, 2002), y su reglamento, norma la participación y, aunque tal normativa tiende, aún, a “estrechar” la participación, ha supuesto un avance significativo con respecto a lo que establece la Ley de Carrera Docente, publicada el 20 de noviembre de 1990. Pero aún más: la Ley General de Educación, publicada el 3 de agosto de 2006, da pasos adelante sobre lo anterior, superando y anulando cualquier contradicción con la normativa anterior. Así, en su Arto. 113 establece que “La Educación en Nicaragua es un proceso que requiere de la participación social.
Las organizaciones civiles, las instituciones y empresas públicas y privadas, los gremios, las instituciones religiosas y laicas, y en general todos los sectores de la nación, tienen en la educación intereses, objetivos y responsabilidades ineludibles; el Arto. 109 obliga a los padres de familia a “participar en la gestión educativa a través de las Asociaciones de Padres y Madres de familia, de los consejos escolares, y demás instancias participativas, y velar por la adecuada realización de la actividad educativa”. Deja, también, muy claro en su Arto. 108 que “los cargos de confianza, tanto en el Mined como Inatec, están referidos a los cargos de Ministro, Vice-Ministro, Director Ejecutivo, Director General, Secretarios Generales, Sub-Director Ejecutivo”, superando y anulando la contradicción planteada por la Ley de Carrera Docente cuando afirma, en su Arto. 4, que “se entiende por cargos de confianza los de Asistentes del Ministro y Vice-Ministros, los de Directores Generales del Ministerio de Educación, Delegados Regionales y Departamentales y de los Directores de Centros Educativos”. Por lo tanto, ni los Delegados Regionales y Departamentales ni los Directores de Centros Educativos, son cargos de confianza a partir de que fuera aprobada la Ley General de Educación.
Adicionalmente, esta Ley en su Arto 84, establece que “La gestión de la educación escolar es concertada, participativa y con flexibilidad. Esta gestión está regulada por lo establecido en la Ley 413, Ley de Participación Educativa, esta acción no desliga la función indeclinable del Estado con la Educación”. Añade en su Arto. 114 que “todas las organizaciones civiles, instituciones, las empresas y la sociedad civil en general, que por su naturaleza estén relacionadas con la educación, tienen el deber y derecho de participar activamente en la planificación, gestión y evaluación del proceso educativo, dentro de la realidad nacional, pluricultural y multiétnica”. En consecuencia, cuando se orienta a un centro, a la hora de escoger a su Director(a), regirse por la Ley de Carrera Docente y no por lo que establece la Ley de Participación Educativa, claramente se contraviene ésta y la Ley General de Educación.
Llama la atención que, frente a la claridad que presenta la evolución de esta legislación educativa, la parálisis de la participación en los espacios legales de participación reconocidos en el nivel local sea una realidad. La paradoja no puede ser mayor: mientras desde el nivel central del Mined, con el Ministro a la cabeza, la participación de las instituciones y de la sociedad civil en las ocho comisiones nacionales y en las consultas curriculares, se ha desplegado como nunca antes, superando incluso los vacíos y obstáculos de estas leyes, los Consejos Municipales de Educación, los Consejos Directivos de los Centros y otras instancias de participación se encuentran en receso. ¿Será que se trata de dos ministerios que viven vidas separadas?, o que, ¿mientras en el nivel central rige la flexibilidad y la democracia, en el nivel local son otras fuerzas las que imponen criterios y normativas por encima de la legislación educativa actualizada?
Al preguntar a maestros, directores, asesores pedagógicos y padres de familia coinciden en que el miedo se ha apoderado de ellos, inmovilizando la capacidad participativa que había venido construyendo, no sin dificultades y desviaciones, en los centros educativos. ¿Adónde nos puede conducir este desencuentro entre lo central y lo local, si no es a mayor deterioro, confusión y pérdida de tiempo para construir una educación con equidad y calidad? A ninguna parte, sólo a otro fracaso, y ya el país ha tenido suficientes. Urge, pues, mano firme. Es hora de armonizar, con coherencia, tanto esfuerzo en una sola dirección, acuerpada por la más amplia participación posible que legalice y legitime la nueva educación.
IDEUCA