Opinión

Evacuar haciendo uso de la fuerza, para salvar vidas, es necesario


Los desastres naturales nos dejan mucho dolor y sufrimiento, pero también muchas enseñanzas; a veces pareciera que no son escuelas de aplicación del derecho, sin embargo, si analizamos con frialdad las actuaciones de quienes ostentan el poder nos daremos cuenta que tienen mucho que aprender en términos de prevención de desastres.
La ley y la fuerza no sólo deben utilizarse para dañar a los opositores o los delincuentes, las normas vigentes permiten que sean también utilizadas para salvar vidas. La prevención ante desastres naturales no radica en lo más mínimo en la voluntad individual cuando de salvar vidas se trata. Trato de decir que es necesario suprimir derechos fundamentales contemplados en la Constitución de una forma legítima y ejercida por el Estado y sus instituciones.
La Constitución Política vigente establece de forma clara en su Arto. 25 que: “Toda persona tiene derecho 1) A la libertad individual”, además el Arto. 31 señala: “Los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; o entrar y salir libremente del país”.
A simple vista se podrían entender como derechos ilimitados, pero su naturaleza es limitada por otros derechos que la misma Carta Magna establece, el Arto. 24 señala en su segundo párrafo: “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común”.
En tal sentido, es la misma Constitución la que determina la ponderación de derechos cuando se trata de proteger bienes jurídicos determinados. Ante una situación de emergencia, a las puertas de un desastre lo que prima es la protección del bien jurídico por excelencia: la vida.
Por tales razones, entre otras, el mismo cuerpo jurídico prevé en su Arto. 185 lo siguiente: “El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar, para la totalidad o parte del territorio nacional y por tiempo determinado y prorrogable, la suspensión de derechos y garantías, cuando así lo demande la seguridad de la nación, las condiciones económicas o en caso de catástrofe nacional. La Ley de Emergencia regulará sus modalidades”.
La llegada del huracán “Félix” creaba esas condiciones propicias para decretar la emergencia en la Región Autónoma del Atlántico Norte, eso conlleva a tomar las medidas necesarias y previstas en la ley para la protección de la vida, haciendo uso de la fuerza si es necesario para evacuarlos de sus propias casas.
El Ejecutivo tiene plenas potestades discrecionales para hacer uso de las instituciones encargadas y facultadas para este tipo de tareas, en primer lugar la Policía Nacional, esta institución está amparada por el reglamento de la Ley 228, Ley Orgánica que la regula su funcionamiento; y que en su artículo 177 señala: “El empleo de la fuerza estará limitado a la que sea estrictamente necesaria para llevar a cabo objetivos legítimos. Podrá recurrirse a una intensificación gradual del mismo en aquellas situaciones que se haga necesario el uso inmediato de un nivel más severo de su utilización”.
Esta fuerza es la que se debe utilizar ante la negativa de los ciudadanos a desalojar sus casas ante la inminente muerte en caso de quedarse a cuidar sus propiedades, lo fundamental en este caso es salvar la vida de los ciudadanos aún en contra de su voluntad. Incluso la Policía puede auxiliarse en esta tarea con el Ejército de Nicaragua, esto se contempla en el segundo párrafo del Arto. 92: “Sólo en casos excepcionales, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá en apoyo a la Policía Nacional ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua cuando la estabilidad de la República estuviera amenazada por grandes desórdenes internos, calamidades o desastres naturales”.
La Ley de Emergencia señala en su Arto. 12 que el Presidente en caso de catástrofe nacional o de guerra podrá ejercer las siguientes potestades: 1) Intervenir o controlar toda clase de vehículos, transportes y la carga de los mismos. En otras palabras, tras haber decretado la emergencia se debe disponer de todas las naves necesarias para llevar a cabo la evacuación, con o en contra de la voluntad de los ciudadanos de las zonas previstas a ser destruidas o impactadas por fenómenos como el huracán “Félix”.
Ahora bien, tras señalar toda la argumentación jurídica que tenía el gobierno para evacuar a todas estas personas, incluyendo a las que habitaban los diferentes cayos, considero que hizo falta más diligencia; ante esto la pregunta es sencilla: ¿de haber sido evacuadas o desalojadas todas estas personas, el número de muertos y desaparecidos hubiese sido tanto? No pretendo echarle la culpa a nadie, sólo señalo las diligencias que deben hacerse de previo ante situaciones de desastres principalmente en zonas donde estos fenómenos son frecuentes. Podemos echar un vistazo a las muchas negligencias ocurridas en Estados Unidos tras el paso del huracán Katrina, de ahí pudimos haber sacado muchas lecciones.
La evacuación que supone garantizar la vida de los ciudadanos NO ES DE CARÁCTER VOLUNTARIO, debe ser forzosa en los casos que hagan caso omiso a los señalamientos de las autoridades, de no hacerse así, habrá consecuencias más graves como de las que estamos siendo testigos ahora.
Hay suficientes ejemplos en otros países en donde funcionan mejor las cosas en estos casos, Cuba tiene otra política, Israel ya lo demostró en el desalojo de las colonias de judíos instalados en los territorios palestinos, no podemos en estas situaciones muy puntuales pecar de ingenuos o paternalistas, insisto, es la vida de los ciudadanos la que debe protegerse a cualquier costo, aun en contra de la voluntad, dejarlos suicidarse inconscientemente es un crimen ante el cual el Estado no puede ser un simple espectador.