Opinión

Inquietudes pendientes de la Ley de Acceso a Información Pública


Recientemente la Asamblea Nacional realizó un hito histórico en derechos fundamentales de los nicaragüenses al aprobar contra todos los pronósticos una ley que reconoce el derecho para solicitar información ante instancias estatales. Es un hito por romper con el secretismo y la discrecionalidad con que han contado los funcionarios públicos. Además, otorga derechos no sólo a nacionales sino a extranjeros, establece los parámetros para solicitar información y propone la realización de centros de información pública en cada dependencia del Estado. Sin embargo, todavía existen elementos que hace falta dilucidar para una efectiva tutela de acceso a información por parte de los ciudadanos.
Uno de los elementos se refiere a las sanciones que se establecen a las autoridades cuando de forma reiterada (como agravante) no han entregado en tiempo y forma las solicitudes de los ciudadanos. Si bien es cierto, la ley menciona que habiendo transcurrido los plazos, se entenderá como silencio administrativo positivo, no establece los mecanismos para que dicha información se entregue ni tampoco ante qué autoridad hacerla valer. La burocracia de los procesos e instancias a los que tiene que recurrir el individuo puede desalentar a una cultura de acceso a la información, y por tanto, a la eficacia de la ley.
Otro aspecto que menciona la ley es la creación de un cuerpo presuntamente colegiado que atenderá las solicitudes denegadas en primera instancia, cuando los ciudadanos han apelado, denominada “Coordinación de Acceso a la Información Pública” en cada poder del Estado, gobiernos regionales autónomos de la Costa Atlántica y gobiernos municipales. Sin embargo, no hace mención en ningún momento de los mecanismos, las sesiones y procedimientos que ésta realizará para un tratamiento oportuno. Aunque la ley hace una mención extensa de la información básica que debe contener cada página web, tal vez sería interesante valorar la publicación por el sitio web de las solicitudes denegadas para conocer a ciencia cierta la información considerada “confidencial” y los criterios utilizados por las autoridades de cada institución.
Por primera vez, grupos marginados podrán acudir gratuitamente a solicitar información y conocer sobre políticas públicas, decisiones de gobierno que no han sido diseminadas a pesar de ser oficiales. Sin embargo, la reciente ley enfrenta desde ya algunos obstáculos o retos prácticos, uno de ellos es la violación expresa que existe con el reglamento del Registro Público donde menciona que cualquier ciudadano puede acudir y ver los registros en los libros anotados (por algo se denomina Registro Público). En la práctica la misma Corte Suprema de Justicia ha accedido a que los registradores limiten este derecho exclusivamente a abogados al presentar su carné. Otro ejemplo que la Ley puede ayudar a diseminar información pública y oficial es el caso de la Gaceta, Diario Oficial, que anteriormente tenía su portal dentro de la página web de la Presidencia de la República aunque en la actualidad se encuentra un poco escondido y sólo tiene información de la actual administración. Resulta irónico que el “Diario Oficial” sea el de menor difusión para la opinión pública. En este caso, no es tanto la aplicación de la Ley como la simple voluntad de subir nuevamente toda la información al portal.
Nicaragua forma parte ahora de las 65 naciones que han sancionado leyes con mecanismos para que el público pueda acceder a la información. Es fundamental que cada uno le demos vida y cultura a este proceso de rendición de cuentas y transparencia dentro del Estado, lo que nos permitirá contar con un debate público sólido e informado. Como lo manifiestan los principios de Lima (principio III, 2003) un adecuado régimen jurídico de acceso a la información habilita a las personas para asumir un papel activo en el gobierno, condición necesaria para el mantenimiento de una democracia sana.

pauniobregon@gmail.com
Aprendiz de Barista
17 de septiembre 2007