Opinión

Los medios de comunicación y el Estado


En toda América se está planteando la relación medios de comunicación/Estado. Es un fenómeno sui géneris porque ambas partes lo plantean en el marco de la libertad de expresión y también porque para ambas partes tiene una expresión económica. Sin embrago, tiene raíces político-ideológicas, una causa que no suele profundizarse y que en el mejor de los casos se le trata de soslayo.
Para los medios el factor económico es una categoría de promoción a la libertad de expresión o de su cercenamiento, según el caso. Esto último inaceptable y argumento suficiente para acusar al Estado de totalitario, dictatorial, represivo, que impide la labor de fiscalización de la opinión pública, de la cual ellos son legítimos e idóneos representantes y voceros.
Para el Estado, en cambio, la libertad de expresión ha sido confiscada por los medios, convertidos ahora en voceros de una sola corriente de opinión, negándoles en consecuencia acceso a otros grupos sociales que se expresan en forma diferente, que según los voceros del Estado representan los intereses de la mayoría, a la cual por su propia naturaleza debe defender.
En esta radical confrontación política-ideológica los medios aducen que su labor se limita a describir la realidad, siempre relacionada con los grupos de poder, de cuya confrontación no son responsables. Es decir, sin tomar partido por ninguno de los polos de poder contendientes. Y que su constitución como empresas comerciales, producto de las condiciones económicas, no desnaturaliza su naturaleza informativa.
El Estado, por su parte, afirma exactamente lo contrario. Dice que la llamada descripción de la realidad está condicionada inexorablemente por la naturaleza empresarial de los medios. Que éstos finalmente persiguen el lucro comercial y que en este contexto dependen del mercado, de la publicidad comercial, concentrada mayoritariamente en las grandes empresas, que en los países del Sur son mayoritariamente transnacionales o están controladas por ellas, ligadas al poder del Norte.
El Estado agrega en su alegato que los medios también se benefician en forma sustantiva de la propaganda gubernamental, que es cuantiosa, incluyendo las multimillonarias campañas electorales, cubiertas por el Estado; ambos casos asumidos por los medios de todos los países como legítimo sustento económico a la libertad de expresión. Dicho de otra manera: los medios asumen la reducción, la contratación selectiva, e incluso la cancelación de estos gastos como una agresión a esa libertad. En este sentido el caso más actual es la reacción de los medios mexicanos frente a la derogación de la obligación del Estado de cubrir los gastos electorales de los partidos políticos.
El corolario de todo esto es que el Estado alega que los medios llegaron desde hace rato a un punto económico de rentabilidad mucho más allá de la autosostenibilidad, entendida ésta como punto de equilibrio, permitiéndoles convertirse en grandes emporios de la comunicación, en su acepción más amplia, formando inclusive consorcios entre sus tres modalidades: prensa escrita, radio y televisión, a veces por asociación y otras por adquisición. Y en algunos casos, lo que es peor, desnacionalizándose por venta a poderosos consorcios internacionales, como ha sucedido en Colombia y probablemente ya ha sucedido en otros países.
En otras palabras, en todas las latitudes de América el Estado plantea por una parte que los medios ya no requieren del apoyo fiscal para mantenerse, y que en consecuencia deben ser sujetos fiscales plenos; y por la otra que de ser el llamado cuarto poder han pasado a convertirse en poder paralelo del Estado, abandonando su militancia periodística y llenando los vacíos dejados por los partidos políticos, desprestigiados a partir de la cuasi privatización del Estado impuesta por el neoliberalismo.
El alegato aquí expuesto en torno a la relación medios de comunicación/Estado se da en mayor o menor grado y más o menos abiertamente en todos en todos los Estados americanos. Aunque obviamente, dependiendo de su desarrollo económico, existen diferencias sustantivas de un país a otro, tanto con relación a las tres modalidades de medios como entre cada una de ellas. En general puede afirmarse que a menor desarrollo económico corresponde una mayor diferenciación y viceversa.
Aun así, sin embargo, es válido el alegato de los Estados de la región acerca de si la aplicación de las leyes fiscales y el manejo discrecional de la propaganda gubernamental, incluidas las campañas electorales, constituye una amenaza a la libertad de expresión, o peor aún la negación de este derecho.
Éste es un tema que debe ser abordado urgentemente por los especialistas en materia de comunicación y de legislación fiscal, recurriendo desde luego al análisis de la relación actual medios/Estado en todos los países, tanto en aquellos sometidos ciegamente a la implacable fuerza del mercado como en los que están empeñados en recuperar la facultad regulatoria del Estado, hasta antes de este empeño anulada por el neoliberalismo desde hace más de veinte años.
Pero es también necesario sistematizar este debate, sustrayéndolo del ámbito puramente político, convirtiéndolo preferentemente en un foro político-académico donde la política se exprese en forma despartidizada pero no desideologizada, entendiendo la ideología en su acepción más amplia como orientación de la solución de las necesidades más sentidas de la población, y no de sectores particulares.
En el marco de esta acepción de ideología no cabe la pregunta acerca de “quién decide las necesidades más sentidas de la población”, no sólo porque están a la vista sino porque son históricas. Porque nunca han sido satisfechas o porque sólo lo han sido en forma parcial y limitada. Tampoco cabe desligar de esta acepción la contradicción Norte/Sur, también histórica, hoy día potenciada al máximo por la contradicción unilateralidad/multilateralidad, que incide directamente en el quehacer político de todos los Estados, en mucha mayor proporción en los del Sur.
El objetivo final de este foro debe ser el replanteamiento de la aplicación de la legislación fiscal para los medios de comunicación, la afirmación de su vigencia o su adecuación a la nueva realidad. Lo mismo debe hacerse con la propaganda gubernamental y los gastos de campañas electorales, aun cuando seguramente no en todos los países están reglamentadas. Mientras tanto debe actuarse en ambos casos con estricto apego a la legislación vigente, en cada país.