Opinión

Una mirada al movimiento cooperativo


En estos meses se han estado reuniendo representantes de diversos sectores del cooperativismo para definir una estrategia que les permita incidir en las políticas públicas que el Estado promulgue para el movimiento cooperativo, con la finalidad de que éstas vayan fortaleciendo la capacidad de gestión y desarrollo empresarial de estas organizaciones.
Para lograr lo anterior es necesario desarrollar la reflexión, el diálogo, las alianzas y las concertaciones entre los diferentes sectores en función de alcanzar un acuerdo de agenda mínima de consenso, y a partir de este compromiso iniciar el proceso de constitución de una instancia de integración cooperativa que represente a todos los sectores.
Para crear un movimiento cooperativo nacional que participe de forma representativa en la toma de decisiones tanto en el Estado como en otros organismos, hace falta un clima de confianza y de unidad entre los líderes cooperativistas. Ésta es la primera condición para hacer posible la integración de un órgano de representación nacional como el Consejo Nacional de Cooperativas, Conacoop.
Nicaragua es el país en Centroamérica que cuenta con el mayor número de cooperativas registradas. El total asciende a 5,678, entre las que predominan las del sector agropecuario, con un 71%. El segundo grupo está compuesto por cooperativas de transporte, que incluyen servicios de taxis y buses. En orden siguiente están las dedicadas a la pesca, ahorro y crédito, multisectorial y servicios múltiples.
En este universo podemos destacar lo siguiente:
T Hay una gran cantidad de cooperativas que están inactivas o que ya desaparecieron pero que continúan formando parte del Registro Nacional Cooperativo.
T Las cooperativas no pueden actualizar su situación jurídica porque deben pagar altos costos y soportar una lenta y burocrática atención, lo que desestimula el cumplimiento de los trámites establecidos para la formalización de su funcionamiento.
T En la legislación cooperativa actual se reconoce el interés económico y social de la nación para la promoción, fomento y protección del movimiento cooperativo como instrumento eficaz para el desarrollo y su contribución a la democracia participativa y la justicia social. Además, es deber del Estado garantizar y fomentar la libre promoción, el desarrollo, la educación y la autonomía de las cooperativas y sus organizaciones.
T El movimiento cooperativo ha logrado incorporarse en la economía nacional como uno de sus principales sectores que contribuye a la generación de fuentes de trabajo y al bienestar de miles de hogares nicaragüenses.
Entre las razones por las cuales el cooperativismo ha alcanzado un lugar destacado en la economía social y solidaria se destacan:
T En Nicaragua son más de medio millón de cooperativistas.
T Las cooperativas generan más empleo directo que cualquier otro modelo empresarial.
T Los valores y principios cooperativos están íntimamente ligados a la naturaleza del ser humano.
T El cooperativismo es un modelo socio económico, empresarial, democrático y participativo capaz de dar respuesta a sus asociados dentro del marco de cualquier sistema social.
T Los efectos del desarrollo socioeconómico de estas organizaciones se distribuyen equitativamente entre un mayor número de personas.
T Estimula la actividad económica local que genera empleos e ingresos y provee productos y servicios.
T El desarrollo de la persona es el objetivo primordial de la organización.
Sin embargo, y a pesar de los enunciados anteriores, las cooperativas han enfrentado dificultades de distintos tipos tales como: problemas de legalidad jurídica sobre la tierra, dificultades de actualización, falta de apoyo a la creación de capacidades institucionales, nula existencia de políticas de fomento cooperativo, inexistencia de una banca que brinde apoyo al sector, iliquidez, centralización de las gestiones del ente regulador en una sola oficina en la ciudad de Managua, ausencia de voluntad para dar mejor atención a los cooperados en sus trámites ante la Dirección General de Cooperativas y procedimientos rígidos para poder hacer uso de los beneficios y exenciones que la ley le otorga, encontrando resistencia y obstáculos en el Ministerio de Hacienda y Crédito público y la Dirección General de Aduanas (DGI), entre otros.
Desde el año 2005 en que se promulgó la Ley General de Cooperativas (que dio un plazo de 180 días para la instalación del Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo, Infocoop), el movimiento cooperativo ha esperado que el Estado cumpla con la conformación y puesta en funcionamiento del Infocoop, cuya función principal será la de formular y ejecutar políticas nacionales de protección y fomento y desarrollo cooperativo.
El gobierno debió incluir en el Presupuesto Nacional de la República del año 2007 los recursos para que el Infocoop cumpla debidamente su labor de ente facilitador y regulador del cooperativismo nicaragüense.
En esa misma ley se estableció que el Estado, a través de la Digecoop (Dirección General de Cooperativas) procedería a realizar los pasos necesarios para la constitución del Consejo Nacional de Cooperativas, Conacoop, a fin de que se viabilice la representatividad de las cooperativas al conformarse el órgano de mayor representatividad de los distintos sectores del movimiento cooperativo. El Estado, a través de la Digecoop, tenía la obligación de convocar a las cooperativas activas para realizar un proceso de elección de sus representantes para la conformación del Conacoop, lo cual aún no se realiza.
Los cooperativistas han demandado la introducción de reformas a la Ley General de Cooperativas y su reglamento, las cuales permitan la continuidad de la vida jurídica y económica actual de las cooperativas y faciliten las acciones de actualización y adecuación normativa, que se deben realizar en cada cooperativa.
Sólo un 15% del universo total de las cooperativas ha logrado cumplir, parcialmente, con la adecuación de su estatuto y la actualización de su personalidad jurídica.
Los dirigentes cooperativistas están promoviendo un proceso de animación y promoción para motivar y asesorar a las cooperativas para que realicen la actualización y adecuación de su situación ante la Digecoop. Esta labor también permitirá que las cooperativas participen en las asambleas departamentales para la formación del Conacoop.
Como contraparte a estas iniciativas se necesita que se dispongan recursos para el fortalecimiento institucional de la Digecoop y hacer efectivo este proceso en el cual los sectores cooperativos dispondrán de todo su tendido organizado para hacer posible este esfuerzo gremial e institucional.
En todo caso, para lograr formar parte de la agenda del gobierno y posicionarse del rol que les corresponde, como actoras económicas y sociales, las cooperativas deberán constituir el ente de representación nacional que se convierta en interlocutor ante el Estado.
Ya varias organizaciones han decidido iniciar este proceso y lo que hace falta es la unidad e integración entre los diversos sectores, para formular una agenda nacional de consenso en sus demandas, constituir el Consejo Nacional de Cooperativas y luchar para recibir los mismos beneficios en igualdad de condiciones que se otorgan a otras formas de organización social y empresarial.
De todos los y las cooperativistas depende que se logre estar en la agenda política, y para lograrlo se necesita la unidad y la integración de todas y todos los dirigentes, representantes y líderes del movimiento.
¿Estamos listos?, demos el primer paso y no pararemos de andar jamás.

* Socio Cooperativa Caruna R.L.