Opinión

Las razones de la marcha del 9 en Masaya


Sesenta días después de la toma de posesión del actual gobierno, el Movimiento por Nicaragua hizo una evaluación de su desempeño y señaló, públicamente, sus consideraciones sobre las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo que se estimaban erróneas o contrarias al Estado de Derecho. En ese pronunciamiento, el Movimiento advirtió una tendencia autoritaria en el ejercicio del poder; el riesgo que podía representar para el país la forma como se estaban conduciendo las relaciones internacionales y la necesidad de dar un golpe de timón para enmendar el curso emprendido en esos primeros sesenta días, a fin de garantizarle al pueblo nicaragüense un período de cinco años de buen gobierno, estabilidad institucional, garantías para la inversión nacional y extranjera, de manera que la lucha contra la pobreza y el desempleo alcanzara sus propósitos.
Doscientos días después, el estilo autoritario de gobierno, el secretismo en el sector público y el uso de las instituciones del Estado como instrumentos de represalia han conducido al tremendo descenso que el gobierno ha sufrido en las últimas encuestas de opinión, pasando de un alto porcentaje de percepción positiva a una cada vez más acentuada percepción negativa. Según la reciente encuesta de M&R Consultores, casi el 60% de la población considera que el gobierno actual “va por el camino equivocado”. Y el 53% no tiene ya ninguna esperanza o poca en este gobierno. Por otra parte, en el ámbito económico, la insistencia en continuar por la ruta equivocada comienza a tener sus efectos en la desaceleración de varios sectores de la economía nacional, al punto que ya el Presidente del Banco Central tuvo que reconocer que el crecimiento del PIB no alcanzará en el año 2007 el 4.2 proyectado, sino que se quedará entre un 3.7 y un 3.9.
Esta situación tiene preocupados a todos los sectores del país, incluso en las mismas filas del FSLN. De ahí que se hace necesario que la ciudadanía haga sentir al gobierno que necesita rectificar el rumbo que lleva. Hacer este tipo de advertencias o señalamientos no es oponerse políticamente al gobierno ni mucho menos “conspirar”, sino simplemente exigirle que cumpla con sus promesas de campaña, que aún están frescas en la memoria de todos los nicaragüenses.
Nuevamente el Movimiento por Nicaragua está invitando a la ciudadanía a asistir a la marcha cívica del día domingo 9 de septiembre, esta vez en la ciudad de Masaya. La convocatoria expresamente dice que “la única bandera que debe ondear sobre la marcha es la bandera azul y blanco de la patria”.
El Movimiento por Nicaragua, una organización cívica no partidaria, desde su fundación en noviembre del año 2004, considera la participación ciudadana como un derecho fundamental cuyo ejercicio es esencial para la construcción de una ciudadanía responsable y la consolidación del sistema democrático. El Movimiento siempre ha respaldado el pleno cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana que establecen nuestra Constitución Política y la Ley Nº 475, del 19 de diciembre de 2003, que reglamenta los principios constitucionales que garantizan la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, en igualdad de condiciones.
Lo que no cabe, como se pretende con los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC), es desvirtuar la participación democrática y pluralista, sustituyéndola por organizaciones que no son más que estructuras partidarias, creadas y dirigidas por cuadros políticos del FSLN. Menos aún, considerar esas estructuras como expresiones de la “democracia directa” ejercida por el pueblo, cuyos acuerdos o exigencias tienen que ser respetados por las instancias del Estado y las autoridades electas popularmente (diputados y alcaldes), según lo han manifestado los dirigentes del FSLN, incluyendo el propio Presidente de la República y Secretario General de dicho partido. Además, el 61.5% de la población, según M&R, no está dispuesto a integrarse a los referidos Consejos.
La marcha no se limita a dar una oportunidad a la ciudadanía consciente de manifestar su rechazo a los CPC. Es también la ocasión de reclamar por el incumplimiento de las promesas de campaña del actual Presidente, pues el proyecto de instalar los CPC, lejos de contribuir a la tan predicada “reconciliación”, está provocando otra vez la división de la familia nicaragüense. También servirá para que la ciudadanía claramente exprese su oposición al uso de las instituciones del Estado y las leyes del país, al amparo del pacto, como instrumentos de represión y represalias políticas; proteste por la violación de los derechos civiles y laborales de miles de empleados públicos, despedidos con total irrespeto a las leyes del trabajo, la carrera de funcionarios públicos y el fuero sindical; la creación de un clima de inestabilidad y de falta de transparencia legal, que está alejando la cooperación internacional y la inversión nacional y extranjera, lo que perjudicará principalmente a los sectores más pobres del país, por el incremento del desempleo.
En resumidas cuentas, será la ocasión de exigir el respeto a la Constitución y las leyes de la República, que el actual presidente prometió solemnemente respetar al momento de asumir la Presidencia de la República.