Opinión

Taiwan y San Andrés, un paralelismo incómodo


Los hechos son convincentes: no son los principios, como fundamentos éticos del accionar político --tan llevados y traídos por todas las corrientes ideológicas--, los que al final determinan las posiciones de los gobiernos en sus relaciones internacionales y, con mayor frecuencia, tampoco en sus relaciones con los gobernados de su país. Los gobiernos, casi de forma matemática, responden más a los intereses económicos y materiales en general que a sus proclamados principios.
Los ejemplos no pueden ser más cercanos y recientes para nosotros, según las últimas experiencias de las relaciones internaciones de Costa Rica y Nicaragua. Costa Rica, cuyo gobierno acaba de cerrar las puertas diplomáticamente en las narices a Taiwan para abrírselas de par en par a la China llamada de manera distinta comunista, continental y popular (República Popular de China es su nombre oficial), no lo hizo sobre la base de sus principios “democráticos”. Ninguno de esos adjetivos que califican al enorme país asiático se aviene ideológicamente con los principios de la Costa Rica capitalista en lo económico, y conservadora, en lo ideológico.
El otro ejemplo lo ofrece el gobierno de nuestro país, el cual, contrario al de Costa Rica, ha preferido revalidar las relaciones diplomáticas mantenidas por los tres gobiernos neoliberales precedentes con la capitalista Taiwan, y mantener en ascuas sus relaciones con China Popular. Con el antecedente de que el gobierno revolucionario rompió de forma automática con Taiwan para establecerla con China Popular en 1979, este gobierno cuasi indefinible de Daniel Ortega, prefiere no romper con la “provincia rebelde”, y poner a prueba la política exterior de China Popular, para ver si le acepte la gracia de gozar una doble relación.
Si esta pretensión de Ortega le resultara como desea --lo cual el presidente taiwanés ve tan imposible como ganarse el Premio Nobel de la Paz sólo por eso--, sería a costa de los principios de los gobernantes de China Popular y de los principios dizque “revolucionarios” del gobernante de Nicaragua, en beneficio de los intereses económicos de ambos países. Pero China Popular no lo haría con ese objetivo, dado que la economía de nuestro país no significa nada ante la del coloso asiático; y en términos políticos, no es imaginable que por sólo compartir el cariño del gobierno de Nicaragua con sus adversarios taiwaneses, va a echar al basurero su política exterior sostenida durante todos los años de su existencia.
En cualquier caso, e independiente de lo que sucediere entre una y otra parte, no serían los principios los que podrían determinar nada al respecto. Lo que está claro, y no admite ya variación alguna, es que Costa Rica y Nicaragua, sus gobiernos más bien, están actuando no conforme se supondría debieran actuar por su orientación ideológica --formal o fingida--, sino por otros motivos. Y ésta es la prueba de que no hay principios inconmovibles cuando median los beneficios materiales que, siéndolo para el país, lo son también para los gobernantes.
Aparte de estas o cualesquiera otras consideraciones sobre las relaciones de nuestro país, con Taiwan o con China, o con las dos a la vez, el gobierno del presidente Ortega no parece haber tomado en cuenta, ni siquiera pensado, que su reconocimiento oficial a Taiwan es la negación de la soberanía de China sobre un territorio insular de una provincia con un gobierno en rebeldía. Y en esta situación, está negando también la soberanía de Nicaragua sobre la isla caribeña de San Andrés y cayos adyacentes, en manos de Colombia. Aunque los orígenes de los conflictos de China con Taiwan y de Nicaragua con Colombia por San Andrés son diferentes, las consecuencias políticas de soberanía y de orden legal tienen la misma causa: la injerencia estadounidense en Taiwan y en Nicaragua.
Cuando el ejército y los políticos del régimen “nacionalista” del Kuomintang, dirigido por Shang Kai Shek, fueron derrotados por la revolución encabezada por Mao Tse Tung, se refugiaron en la isla de Formosa o Taiwan (recién liberada de los japoneses en 1945), en donde, con ayuda militar y financiera de los Estados Unidos, crearon la República de China, con sede en Taipei. Durante veintidós años, de 1949 a 1971, cuando la ONU admitió a China Popular nacida de la revolución que derrotó al Kuomintang, Estados Unidos mantuvo la ficción de que el gobierno de Taiwan recuperaría el territorio continental. La República Popular de China nunca ha renunciado a su soberanía sobre el territorio insular taiwanés. Ésta es, en breve, la raíz del conflicto entre el territorio continental y la isla de Taiwan.
Y aquí viene el paralelismo incómodo entre Taiwan y San Andrés. El imperio que ayudó a crear la República China en Taiwan, los Estados Unidos, es el mismo que veintiún años atrás, en 1928, tenía militarmente ocupado a nuestro país, cuando obligó a su gobierno cipayo a firmar el tratado Bárcenas Meneses-Esguerra por el cual le entregaron San Andrés y los cayos nicaragüenses del caribe a Colombia. Es de dominio universal, que con esta acción Estados Unidos compensó a Colombia el cercenamiento de Panamá en 1903, para construir el canal interoceánico.
Ahí está la clave de la inconsistencia de nuestro gobierno, pues reconocer al gobierno de Taiwan, significa, indirectamente, reconocer la legitimidad del tratado que cedió los territorios insulares del Caribe nicaragüense a Colombia, porque no ha dejado de ser territorio de China Continental, como San Andrés y demás territorios insulares no han dejado de ser nicaragüenses. ¿No es por eso acaso que nuestro país mantiene su reclamo ante la Corte Internacional del Justicia? ¿Entonces, por qué este gobierno no le reconoce a China su soberanía sobre Taiwan? ¿No es esta una contradicción que desfavorece a nuestro país?
Si fuera verdad que el gobierno del Frente Sandinista es la continuidad de la revolución, pondría en funciones los principios que lo acreditarían como revolucionario, también en sus relaciones internacionales.