Opinión

Inseguridad y elecciones en Guatemala

“Puerta: unas veces se abre; otras se cierra” Augusto Monterrosa (Guatemala, 1921 -2003)

Guatemala, centro de la Capitanía General durante la colonia española, el país con mayor población de Centroamérica (12.7 millones de habitantes), la economía más grande de la región representando 30% del PIB, uno de los países más desiguales del Continente (Gini 2005: 0.56). Fue sede del encuentro que inició el largo camino de la paz regional hace veinte años con los Acuerdos de Esquipulas I y II. Ahora se prepara para elecciones generales el 9 de septiembre de 2007, en donde diecinueve partidos políticos se disputan la Presidencia y la participación en el Congreso de la República por un período de cuatro años; contienda electoral donde el primer lugar de sus ofertas programáticas lo ocupa la seguridad ciudadana, lo cual no es de extrañarse, por cuanto esta hermosa y multicultural nación tiene la tercera tasa más alta de violencia criminal, sólo por debajo de Colombia y El Salvador, con la desventaja de poseer la más frágil institucionalidad y vulnerabilidad en los órganos encargados de la seguridad pública con respecto a los dos países antes mencionadas.
Algunos afirman: “Muchos partidos y pocas soluciones”. Y es que la partidocracia guatemalteca tiene sus particularidades: a) partidos y alianzas surgen, desaparecen, se fragmentan y fusionan con gran variabilidad, b) al menos 40% de diputados y directivos “trásfugas” o volátiles durante un período de cuatro años entre una elección y otra, c) tendencias predecibles de los resultados en dos aspectos: ningún partido en más de dos décadas repite ganando otra elección y el que quedó en segundo lugar en la elección anterior ganará la siguiente. Lo anterior influye en que las políticas públicas, al menos en materia de seguridad ciudadana, no sean sostenibles y cambien entre un gobierno y otro, sumado a los factores de la desconfianza social e histórica acumulada por más de cuarenta años de conflicto armado interno y a una cultura político-económica prevaleciente: conservadora, excluyente y autoritaria.
El 2 de agosto de 2007, se realizó en un hotel de la capital guatemalteca un foro debate organizado por el Sedem (Seguridad en democracia, ONG), con la participación de ocho aspirantes presidenciales, aunque con la ausencia de cuatro de los que las encuestas de opinión favorecen en los resultados electorales. Discutieron bajo la pregunta: “Si la seguridad es un desafío para la democracia, ¿en qué consiste su propuesta de política de seguridad y cuál es el paradigma que la sustenta?”
Sin entrar en detalle sobre los planteamientos particulares de uno y otro, enumeraremos los asuntos comunes y contradictorios expresados, lo cual confirma la dispersión del consenso en cuanto a la valoración diagnóstica y las acciones a emprender para el abordaje eficaz y sostenible de la solución de los problemas. Lo logrado en los Acuerdos de Paz (diciembre 1996), particularmente en el ámbito de la seguridad, es aún asunto pendiente; ahora, en Guatemala, mueren en promedio más personas por la violencia criminal que durante el conflicto armado, ¿necesita y es posible en el país un NUEVO ACUERDO DE CONVIVENCIA?
Para unos las causas están en la desigualdad, la exclusión, la centralización del Estado y el deterioro del desarrollo humano, la existencia de mecanismos de “limpieza social”, la criminalización de la lucha social, el involucramiento del ejército en los roles de la seguridad pública y que es necesario superar la “cultura de la violencia”. Se señala que hay “un Estado débil al servicio de los poderosos”, que la justicia y la seguridad “están privatizadas”, lo mismo que el sistema penitenciario. La “delincuencia juvenil es casi un llamado desesperado ante la desigualdad y la exclusión social”. Hay quienes afirman que no existe “un estado fallido”, sino un “estado secuestrado por las mafias”. La institución policial se percibe como débil, pequeña e incapaz. En Guatemala hay un policía por cada 640 habitantes, en Nicaragua, esa relación es de 1 x 580. Unos afirman, con evidente interés electorero, que pueden cambiar las cosas en unos pocos meses, otros piensan que es un proceso largo, de muchos años. Unos evaden su responsabilidad histórica, trasladan las culpas, se lavan las manos.
Una encuesta de opinión pública realizada en abril de 2007 por Borge y Asociados, muestra los siguientes resultados: el 34% cree que las autoridades aplican medidas de limpieza social, el 35% justifica que las autoridades en ocasiones deben actuar al margen de la ley para luchar contra la delincuencia, el 64% afirma que la Policía está involucrada con la delincuencia, el 56% que la Policía no tiene capacidad, el 62% se siente inseguro o muy inseguro y el Índice de Victimización fue del 18.9%.
Unos identifican las alternativas de solución como la necesidad de empleo y salario justo, el fortalecimiento institucional, la depuración de la Policía y los órganos del sistema penal a quienes se identifica como infiltrados por la delincuencia organizada, poner fin al “perverso negocio de la violencia” que permite el crecimiento indiscriminado de empresas privadas de vigilancia y comercio de armas de fuego sin control, crear la inteligencia civil en la lucha contra la delincuencia organizada. Unos están de acuerdo con la pena de muerte (Guatemala es uno de los pocos países que la establece para delitos muy graves) y otros no. Algunos planteamientos extremos son “disolver todos los órganos corruptos del Estado”, crear una nueva Constitución Política, construir un nuevo Estado a partir de un “plan visión de país”.
El 1ro de agosto, después de cuatro años de negociación política, el Congreso de Guatemala ratificó la creación de la Cicig (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, según acuerdo con el Secretario General de la ONU), al respecto, unos candidatos piensan que es “una payasada”, algo “vergonzoso”, “pérdida de soberanía” ceder facultades de investigar los problemas de impunidad a entidades y funcionarios extranjeros, que es responsabilidad de los guatemaltecos hacerlo. Otros afirman que es una institución necesaria demandada por la sociedad, por cuanto “el Estado ha fallado severamente en la aplicación de la justicia y la seguridad”.
Alguien preguntó: “¿Qué se pretende: mantener el Estado de Derecho o el ESTADO DE DERECHA en el país?” Siempre, incluso en nuestro contexto latinoamericano, surge la duda: ¿Qué es institucionalidad? ¿Institucionalidad para quién o quiénes?, se le invoca cuando conviene, se esconde cuando no, se le disfraza, silencia, utiliza, ahoga o levanta como bandera… según las conveniencias e intereses. Tiene una multitud de interpretaciones, igual que la ley, está plagada de rendijas.
Los y las guatemaltecas elegirán a sus autoridades, dejarán su voto o no, se llevarán las esperanzas, abrirán una puerta y verán cerrarse otra. Tal vez algunos ni se percaten.
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