Opinión

Las consecuencias de la judicialización de la noticia


En Nicaragua la cobertura periodística destinada a hechos que tarde o temprano tienen que llegar al ámbito de la justicia, generalmente cae en el vicio informativo o círculo vicioso no sólo de la politización, sino también de la judicialización de la noticia, lo que significa que su contenido conlleva una carga subjetiva, antiética, antiprofesional y carente de veracidad. Elementos propicios que desprestigian a personas y/o instituciones según los intereses debajo de la mesa --ya sea de grupos políticos, religiosos o empresariales--, orquestados en un ritmo repetitivo que termina imponiéndose en la sociedad.
Este fenómeno, el del vicio informativo de la politización o el de la judicialización de la noticia --que en este país actúan como hermanas gemelas promovidas por los medios de comunicación para atraer y mantener su clientela--, responde a un proceso de información que, por ejemplo, en el caso de narcotráfico se convierte en una espada de doble filo.
A ese vicio informativo se encuentran sometidos la administración de justicia y sus aparatos auxiliares, que muchas veces toman decisiones no apegadas al ámbito de su conocimiento técnico y científico, sino para responder a la presión social promovida desde los medios de comunicación con una información servida con objetivos claramente trazados de antemano.
Hay decisiones tomadas fuera del ámbito propio de cada una de las autoridades que en determinados momentos son aplaudidas por la sociedad, pero que las mismas pueden actuar como una especie de boomerang contra la misma sociedad y sus instituciones.
No puede negarse que la atmósfera que rodea al tratamiento periodístico de la noticia del narcotráfico está contaminada por la forma en que se maneja la información desde su punto de partida, porque ésta es subjetiva y conlleva una carga de elementos que van desde lo sublime, lo heroico, el ensalzamiento de valores que son bien vistos por la sociedad, hasta el odio y el rechazo. Elementos que permiten a primera vista formarse un criterio del fenómeno en cuestión. Todo un inicio hecho a la medida para parir una historia, novelarla, recrearla, dibujarla y desdoblarla al gusto del receptor de medio impreso, televisivo o de las hondas hertzianas para convertirla en mercancía, darle su uso de valor y su uso de cambio en el mundo de los negocios en nombre de la libertad de expresión.
El primer actor que aparece en escena es la Policía Nacional, que llama a un despliegue periodístico para dar a conocer los resultados de una “Operación X”, presenta las supuestas pruebas, los implicados, los medios y los testigos, exaltando, por supuesto, el valor, la entrega y la valentía de los oficiales de la Policía, lo que es innegable. He aquí la madeja de que comienza a alimentarse la historia.
El segundo actor que aparece son los medios de comunicación que asisten al ser llamados por la Policía, pero a diferencia de los demás y muy a pesar de la Policía, tienen un poder en sus manos que lo consideran absoluto o superior ante la opinión pública y que en determinado momento se torna independiente de la información primaria, pues la hace suya, la envuelve, la matiza con los ingredientes del morbo, el sensacionalismo, el amarillismo, el ingrediente político si es necesario y es adobado con la coyuntura del momento.
Obviamente, los medios de comunicación se sirven en bandeja de plata el filete informativo, el cual tendrá que ser destacado por el editor de turno para la edición, emisión o audición que corresponda. Hasta aquí los periodistas se limitan simplemente a recoger lo que la Policía les ha informado y la noticia es trasladada de “cabo a rabo” al receptor. Es decir, que todo lo que informó la Policía pasa a ser una verdad incuestionable, absoluta y así es reflejada por los medios de comunicación con el colorido que el caso amerita para atrapar la atención, pero principalmente para mantener esa atención el tiempo que crean conveniente por asuntos de rating y de “pesos y centavos”.
Este ciclo informativo ya vendió ante la opinión pública la imagen de que Juan, Pedro, López y Pérez son culpables por el delito de narcotráfico; la Policía ya aportó pruebas suficientes y, por tanto, el juez que conoce la causa debe sentenciarlos a tantos años de cárcel. Los medios ya juzgaron, ya tienen su sentencia y ni siquiera se han molestado en investigar y valorar lo que les informaron, atar algunos “cabo sueltos” cuando los hay. Comienzan a imponer su sello al fiscal, al juez, y en un ciclo repetitivo ya tienen moldeada la conciencia de la opinión pública, la que después les sirve como termómetro de presión en caso necesario.
Por tanto, el tercer actor que aparece en escena es el receptor, la gente que lee periódicos, escucha radio o se informa a través de los canales televisivos o Internet, que pasa a ser un actor pasivo y con la información servida por los medios de comunicación en sus manos cuestiona, interroga, toma posiciones apegada a la verdad que le han venido depositando día tras día los medios de comunicación.
Posteriormente toda esta trama llega al espinoso mundo de la justicia a través de la Fiscalía y por fin comienza todo el proceso judicial para que la autoridad competente administre justicia.
Pero no podemos olvidar que ese hecho, el del delito de narcotráfico --y otros hechos de resonancia nacional--, antes de llegar a las salas judiciales ya ha pasado por un proceso de información que ha tocado las puertas de la opinión pública vendiéndole una historia con su principio (el delito y sus actores), desarrollo (la forma en que se llevó a cabo) y final (condenados y sentenciados). Aquí los medios de comunicación ya judicializaron la noticia, se convirtieron en tribunal supremo y como tal impartieron su condena y sentencia, que de manera repetitiva ya fue trasladada a la opinión pública. De ahí que cualquier actuación judicial fuera de los parámetros marcados por los medios de comunicación, ahora convertidos en tribunales de justicia, será devastadoramente censurable, reprochable y condenable, y la única manera de resarcir esa actuación es destituyendo a la autoridad.
Es por eso que creo que se vuelve peligroso cuando aquí los distintos poderes del Estado y las instituciones se dejan arrebatar iniciativas producto de la presión o imposición vía medios de comunicación de masas, simplemente porque cuando se trata del delito de narcotráfico la misma ya está satanizada. Éste es un problema que puede ser muy sentido en las esferas de la administración de la justicia, porque sus autoridades en el caso de delitos de narcotráfico pueden dictar sentencias apegadas a la presión de los medios de comunicación o por un futuro incierto y no apegado a derecho.
He aquí el principal peligro, ya que en el círculo vicioso informativo los resultados de las investigaciones de Auxilio Judicial pasarían a ser juez y parte al ser sus pesquisas prueba invulnerable en manos del fiscal y un material que el juez pasaría a ver ciegamente como prueba fehaciente para que todos los actores a los que me he referido anteriormente estén contentos con la justicia que querían. Es decir, una justicia que simplemente sigue el guión trazado alegremente por los mass media en su afán de mantenerse en el mercado ¡Cuidado!
*El autor es periodista y Director de Relaciones Públicas del Tribunal de Apelaciones de Managua.