Opinión

Conspiración


Palabra fuerte, dura, que encierra misterio, secretos, amenazas. Intimidante si se emplea para acusar, sobre todo si quien lo hace es el Presidente de la República.
Cuando se conspira en contra del poder establecido, éste hace uso de todos sus instrumentos persuasivos y represivos en función de su preservación. Los más intimidantes de estos instrumentos son las fuerzas policiales y de seguridad y el Poder Judicial, a través de los tribunales de justicia, principalmente de jueces leales al mandatario.
La conspiración presupone confrontación entre dos o más fuerzas que tienden a desbordar los límites establecidos por las leyes en aras de hacer prevalecer sus intereses. Se supone que el poder establecido no debería conspirar contra sus adversarios, ya que es el depositario de la institucionalidad y ésta se ejerce y salvaguarda a través del imperio de la ley, pero son incontables los casos en que los temores a ser desbancados hacen que los gobernantes de turno o sus cercanos colaboradores dejen los escrúpulos a un lado y se conviertan en los primeros violadores de la legalidad que están obligados a defender.
También pueden darse casos de conspiración inter poder, es decir, entre fuerzas o corrientes contradictorias dentro del partido de gobierno o del gremio o corporación a la cual pertenezcan los conspiradores, con el objetivo de hacer prevalecer sus posiciones sobre sus oponentes internos. A veces las manifestaciones públicas de tales conspiraciones se traducen en expulsiones de la organización, golpes de mano políticos, encarcelamientos y juicios sumarios, en destierros o en muertes misteriosas o brutales.
La conspiración desde el poder tiene en los trucos, en las mañas, en el engaño, en las zancadillas, en las trampas, en los chantajes, en los falsos testimonios, en las acusaciones infundadas, en las medio verdades o medio mentiras, en supuestas pruebas de culpabilidad imputadas ilegalmente de forma encubierta, en la manipulación de la opinión pública --entre otras perlas--, las herramientas más comunes para ejercer su acción.
Cuando un Presidente de la República acusa, ante plaza llena y ante la nación entera, y peor aún, ante mandatarios invitados de otros países, de conspiración a sus adversarios políticos --que por cierto suman la mayoría de la población votante-- por el solo hecho de querer ésta hacer uso de los instrumentos legales para contraponerse a una medida gubernamental que no goza del consenso nacional y de la cual se tienen serias sospechas del perjuicio que causaría a la sociedad de llegar a ser implementada --tal es el caso de los CPC--, estamos en presencia no sólo de una actitud autoritaria del gobernante sino de una acción conspirativa de éste y su señora esposa, en contra de la institucionalidad establecida y de los defensores de la misma. Estamos en presencia, de nuevo, del círculo vicioso que como estigma o maldición se ha convertido en el principal reflejo condicionado de los políticos tradicionales más atrasados de nuestra cultura política: el autoritarismo y la concentración del poder en una persona y su familia.
Los ideólogos del Danielismo señalan, a manera de justificación de la actuación del Presidente, al margen o a contrapelo de la institucionalidad democrática establecida, que estamos en presencia de la nueva etapa de la Revolución Popular Sandinista de 1979, pretendiendo ignorar que ni las condiciones políticas nacionales e internacionales de aquella época son las de hoy, ni que el 38% de los que votaron por Daniel Ortega se acerca siquiera un poco a aquella mayoría de nicaragüenses que nos juntamos alrededor de aquel querido y respetado FSLN, en un amplio frente de lucha contra la oprobiosa dictadura somocista, hasta lograr su derrocamiento, y en los primeros años de los 80 por llevar adelante aquel hermoso proyecto de justicia e igualdad con libertad y prosperidad para todos. Aquel consenso que aquel Frente --el de Carlos Fonseca, Germán Pomares, Araceli Pérez, Francisco Rivera, Arlen Siu, María del Pilar Gutiérrez y tantas y tantos nicaragüenses heroicos-- logró conquistar con su ejemplar comportamiento fue el mejor acicate para tratar de empujar el proyecto revolucionario; hoy, tal consenso no existe más. Lo que existe es una legitimidad dada a través del ejercicio democrático del voto del pasado noviembre, que no faculta a Daniel Ortega a actuar contra la misma institucionalidad a través de la cual llegó a convertirse en Presidente, menos aún a su señora esposa, por la cual nadie votó para otorgarle el poder político que pretende tener.
Pretender empujar un proyecto político que trastocaría el sistema institucional establecido, en lugar de buscar su perfeccionamiento, modernización y engrandecimiento, llevándolo a estadios superiores de desarrollo en términos de igualdad y justicia social, sólo provocará mayor fricción, polarización y sectarización de nuestra sociedad, lejos del discurso de unidad y reconciliación esgrimido todos los días por los gobernantes, y lejos también de la necesaria gobernabilidad que el país está reclamando con urgencia. En lugar de tratar de convencer a las mayorías de lo justo de tal proyecto, el Presidente, su señora esposa y sus colaboradores cercanos se empeñan en tratar de empujarlo contra toda lógica o sentido común o de “rempujárselo” como purgante contra los parásitos al que no le guste, tal como lo hacían nuestros abuelos con sus hijos al darles laxol, cañafístula o aceite fino, aunque el costo del mismo fuera acabar con toda la flora intestinal.
Al acusar de conspiradores a los que no quieren ese purgante, el Presidente hace uso de un viejo recurso político: tomar la iniciativa y poner --a través de la intimidación-- a la defensiva a sus adversarios; cuando quieran recuperarse del susto ya el plan del mandatario habrá avanzado lo suficiente como para evitar su retroceso, a la espera de mejores condiciones para seguir avanzando. Todo esto a un precio alto en términos de libertades civiles y de los derechos humanos de los y las nicaragüenses, aun de los beneficiarios materiales (y aunque ellos no se enteren) de la política clientelar de Daniel Ortega y su señora esposa. Es curioso y lastimoso cómo ciertos políticos de la vieja escuela política criolla no aprenden las lecciones de la historia y vuelven de manera obcecada a querer desarrollar un guión, en su borrador original, que la vida se ocupó de corregir.
Con el proyecto del Presidente se sumará un nuevo desprestigio y un nuevo estigma a lo que mucha gente cree que es el socialismo y qué es una organización política de izquierda. Por suerte para el socialismo democrático y para la izquierda, hoy existe en nuestro país un nuevo referente de organización política que reinvindica los postulados económicos, políticos y sociales, y los éticos y morales de aquel hermoso proyecto revolucionario, a la luz de la consideración de que es posible llevarlo adelante en el marco de un modelo democrático moderno, representativo y cada vez más participativo, en el cual logremos hacer coincidir la razón de ser del mercado y del Estado. Lo otro es otra cosa; lejos de la izquierda y lejos del socialismo. Un acucioso pensador lo llamó proyecto bonapartista, y puede que tenga razón, el autoritarismo está a la vista y una mayor concentración del poder por parte del Presidente en detrimento del Poder Legislativo y de los otros poderes del Estado es un interés evidente; cómplices no le faltan, producto del pacto, para tratar de lograrlo; de las fuerzas sociales y políticas más sensatas, incluidos los militantes más maduros del Frente, depende impedírselo.
Managua, 8 de agosto de 2007.