Opinión

El caso Bolaños Davis


Toda sociedad que no tiene la separación de poderes establecida y una garantía de derechos asegurada, no tiene Constitución”, arto 16 de la Declaración del Hombre y del Ciudadano que en el contexto de la Revolución Francesa fuera promulgada en 1789, ello impone el reconocimiento de parte de cada uno de los poderes del Estado reconocidos por la Constitución Política del país de que se trate, de sus propios límites y de su propio grado de independencia de los unos frente a los otros. Con esta breve introducción quiero opinar sobre el recurso de amparo interpuesto por el señor Alejandro Bolaño Davis en contra de la resolución emanada del Consejo Supremo Electoral.
Las consideraciones jurídicas que ya han sido expuestas por otros juristas en cuanto a su Ius solis y su Ius Sanguini, uno a favor y otro en contra, da para seguir debatiendo sobre la doble nacionalidad y lo que mandata el arto 134 constitucional como condición necesaria para poder ser diputado en su inc. a) “…quienes hayan adquirido otra nacionalidad deberán haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de verificarse la elección”. Comparto el criterio de que la doble nacionalidad se adquiere por lazos de sangre, por lazos con el suelo que nos ve nacer o por haberla solicitado. De ello se deduce que en las tres condiciones precitadas se DEBE RENUNCIAR para poder optar al cargo de diputado, de cualquier otra nacionalidad independientemente de la forma, razón o circunstancia en que se haya adquirido.
El recurso de amparo que interpuso el señor Bolaños Davis ante la Corte Suprema de Justicia y que fuera rechazado por ésta al excusarse de conocerlo por considerar que las resoluciones del CSE no admiten recurso alguno, nos lleva a otro escenario: el del posible conflicto entre poderes del Estado y la supremacía constitucional, de darse el caso de que la Asamblea Nacional someta a consideración del plenario tanto la resolución del CSE como la excusa de la CSJ que respetando la independencia de que goza el CSE como un poder del Estado y lo que preceptúa la Ley Electoral, decide no violentar la misma, sobre la base de que sus resoluciones no son recurribles.
Soy del criterio de que la excusa de la CSJ se apega al espíritu del arto 160 constitucional que establece que: “La administración de justicia garantiza el principio de legalidad…”, y es esa legalidad de que no hay recurso alguno en contra de las resoluciones del CSE, el que refrenda el arto 183 Cn cuando nos ilustra: “Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que la que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República”. Y es claro de que la JURISDICCIÓN a la que se refiere el precitado artículo en el caso que nos ocupa es propia del Poder Electoral.
De ello se puede deducir que la CSJ estaría rompiendo el equilibrio que debe haber entre los poderes del Estado, si hubiera dado curso al recurso interpuesto por el señor Bolaño Davis.
De cara a esta situación, si la Asamblea Nacional, por las razones que fueren, no acata la resolución ya señalada, nos estaría poniendo a los nicaragüenses frente a un conflicto entre poderes del Estado que para restablecer el orden constitucional que se rompería con dicho conflicto, deberá ser resuelto por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN PLENO. Se podrá argumentar la inexistencia de un recurso para resolver este tipo de conflicto entre poderes del Estado por el hecho de no existir en la Ley de Amparo una reglamentación especial que lo dirima, pero a su favor, es decir de la CSJ tiene la disposición constitucional del arto 163 cuando en su propia voz nos dice “…La Corte Plena conocerá y resolverá los recursos de inconstitucionalidad de la ley y los conflictos de competencia y constitucionalidad entre los poderes del estado…” de la misma forma, el arto 164 Cn, inc 12, OBLIGA a la CSJ a resolver la controversia cuando señala el citado artículo “Conocer y resolver los conflictos de competencia y constitucionalidad entre los Poderes del Estado”.
Se pude seguir argumentando a favor o en contra de la resolución del Consejo Supremo Electoral en el caso del señor Bolaños Davis, de la misma manera que podemos continuar opinando sobre lo que se ve venir en materia constitucional en relación al posible conflicto entre dos poderes del Estado, lo que nos es discutible es la facultad de la Corte Suprema de Justicia, en consonancia con los artículos ya citados y en correspondencia con el arto 443 Pr. que le manda a resolver un caso elevado a su conocimiento independiente de que no haya ley para ello, de constituirse en TRIBUNAL CONSTITUCINAL QUE DEBERÁ RESOLVER SI SE LLEGARA A DAR EL POSIBLE CONFLICTO ENTRE LOS DOS PODERES.
* Profesor de Derecho Constitucional
Universidad Central de Nicaragua