Opinión

Su sentido y tensiones


IDEUCA
En su núcleo substantivo y original la beca estudiantil combina dos propósitos específicos: por una parte, superar la desigualdad socioeconómica de los alumnos como condicionante de sus oportunidades escolares o de educarse, y por otra cumplir propósitos académicos propios de la dinámica escolar-educativa, es decir su rendimiento y su requerida formación.
La beca ayuda al estudiante a revertir sus limitaciones socioeconómicas y convertirlas en oportunidades educativas, y exige al estudiante satisfacer ciertas condiciones académicas, humanas y sociales a través de las cuales la oportunidad se convierte en éxito escolar y educativo.
Éstos son los dos componentes esenciales y generalizados de una política de becas o de casi toda normativa referida a las becas estudiantiles.
En algunos países existe una política social de becas para atender a los estudiantes particularmente desde el nivel medio, por cuanto en dicho nivel se evidencian más crudamente los efectos de la desigualdad económica debido a la diversidad de costos de ese nivel. El nivel básico está debidamente cubierto por la gratuidad amplia y efectiva a cargo del Estado.
En Nicaragua no existe una política social de becas por cuanto la gratuidad escolar abarca los niveles básico, medio y en gran parte del terciario.
Esto no quiere decir que la forma de gratuidad oficial vigente en Nicaragua cubra los costos reales que conlleva el proceso educativo. De ahí que todavía muchos niños, adolescentes y jóvenes de Nicaragua no cuenten con la accesibilidad económica requerida para seguir estudiando a lo largo del sistema educativo. Son varios miles los que quedan a la vera del camino educativo.
Sí existen iniciativas personales, la práctica de algunos diputados, de empresas e institucionales, por ejemplo de los colegios privados de carácter religioso que por determinadas razones de compromiso social tienen establecida una normativa de ayuda a estudiantes de escasos recursos y de capacidades intelectuales normales. No obstante, estas iniciativas se pierden en el mar de las condiciones económicas adversas en la que viven amplios grupos de nuestra población adolescente y joven para tener la oportunidad de educarse.
Decíamos que en Nicaragua no existe una política social de becas a estudiantes. Sin embargo se ha establecido una práctica generalizada de ayuda económica a estudiantes de la educación universitaria. Del 6% del presupuesto del Estado asignado a las universidades que integran el CNU, un 8% (116.0 millones de córdobas) se utiliza en becas directas aparte de la gratuidad.
La UCA, universidad de gestión propia y servicio público ampliamente reconocida por este doble carácter, dedica el 5% (5.0 millones de córdobas) de la asignación que recibe del Estado en becas directas a favor de estudiantes de escasos recursos.
Me parece oportuna y necesaria esta política social de nuestras universidades a fin de superar las desigualdades socio-económicas que impiden a muchos estudiantes cursar estudios de nivel superior y fundamentar en ellos parte importante del desarrollo del país.
Quizás habría que prestar una atención específica en forma de política social del Estado a ese segmento de población (adolescentes y jóvenes) que tiene serios problemas socioeconómicos para completar la educación secundaria y media. Una vez más, aunque desde otra perspectiva, este nivel educativo no parece recibir la prioridad estratégica que posee pese a convertirse en el eje de decisiones educativas importantes de los y las jóvenes para toda su vida y la de la nación.
Decíamos al inicio que la política social de becas tiene su razón de ser en la necesidad de combinar un propósito socio-económico y un propósito académico.
La práctica confirma la dificultad de articular debidamente estos dos objetivos. Las tensiones entre ambos se expresan en la definición de los destinatarios, quien es el sujeto específico de la beca, y se evidencian a través de los criterios de selección (donde pueden caber algunas influencias) y del sostenimiento del beneficio (demasiado centrado en el rendimiento académico formal sin tener presente el desarrollo cualitativo, humano, profesional y social del becario).
Esas tensiones están también presentes tanto en las normativas vigentes naturalmente cambiantes y perfeccionables como en las apreciaciones de los agentes educativos, fundamentalmente los profesores, por el peso específico que se le otorga al rendimiento académico.
No es fácil conjugar perfectamente todas estas variables puesto que en cada una de ellas se pueden abrir fisuras por donde pueda debilitarse el sentido, alcance y finalidad propios de la beca estudiantil y de la categoría específica de becario.