Opinión

La nueva piñata


En cualquier sistema que se trate, denunciar la corrupción requiere de un acto de valentía porque, generalmente, la corrupción opera bajo la protección de intereses poderosos. Cuando se trata de denunciar la corrupción de un gobierno que controla, no sólo el poder, sino las instituciones que están supuestas a ejercer justicia, esta acción no sólo requiere valentía, sino que demanda la solidaridad y la participación de los ciudadanos para exigir que las instituciones que fiscalizan las acciones del gobierno dejen de ser controladas por los mismos partidos que tienen que rendir cuentas ante ellas. Actualmente, tanto las Cortes como la Contraloría son juez y parte y por tanto no están en capacidad de ejercer sus funciones de manera objetiva y en beneficio de la verdad y los derechos de los ciudadanos.
La semana recién pasada, la revista televisiva semanal que dirige Carlos Fernando Chamorro, Esta Semana, denunció y mostró evidencias de un tráfico de coimas donde personeros del Frente Sandinista ofrecen interceder en la resolución favorable de decisiones judiciales a cambio de recibir sumas millonarias de parte de los inversionistas afectados. En el caso particular que denunció Esta Semana, el arreglo de una demanda judicial extemporánea promovida por una minoría de miembros de una cooperativa disuelta, a raíz de la venta de terreno, a inversionistas hace cuatro años, fue ofrecido a éstos por el cónsul sandinista de Liberia, Gerardo Miranda, a cambio de cuatro millones de dólares, según consta en una grabación presentada en el programa.
En los últimos años, Nicaragua ha venido colocándose como un punto de interés para la inversión extranjera. Nuestras playas del Pacífico Sur tienen el atractivo de ser aún relativamente vírgenes; de poseer una belleza salvaje e intocada que se presta para el desarrollo de proyectos ecológicos que están de moda entre los turistas norteamericanos y europeos. “Nicaragua es la nueva Costa Rica”, han afirmado artículos aparecidos en prestigiosas revistas y periódicos que se leen en todo el mundo. Esto ha atraído la atención de inversionistas que buscan desarrollar estas playas. Muchas de estas tierras pertenecen, por títulos reales antiguos, a comunidades indígenas que se posesionaron de nuevo de estas tierras durante la revolución por medio de títulos de Reforma Agraria. A raíz de la derrota electoral sandinista de 1990, muchas cooperativas dueñas de estas tierras las vendieron a precios muy inferiores a su valor actual.
Actualmente, muchas de las playas más valiosas del Pacífico o han sido vendidas por sandinistas, o son propiedad de sandinistas o ex sandinistas que, en 1990, mientras otros llorábamos la derrota, se aprovecharon de la situación para comprar tierra de los cooperados pobres que buscaban alternativas para la miseria que se les venía encima.
Las leyes 85 y 86 protegieron estas transacciones de ventas y reventas, pero los cambios de gobierno, la inestabilidad legal y las ofertas jugosas de inversionistas extranjeros en los últimos años han propiciado la avaricia de quienes, conocedores de estos tejes y manejes, han decidido incitar nuevos litigios cuya resolución tiene que tomarlos a ellos en cuenta. Es así como, en ese entramado complejo, se levantan acusaciones a nombre de los birlados, para que otros birlen a quienes fueron embaucados por los birladores originales. Es la piñata de los 90 reciclada por los mismos piñateros. Es una vergüenza. Y una vergüenza que debía ser resuelta por los tribunales. El problema es que quienes manejan los tribunales están involucrados en el delito, de allí que nunca sean suficientes las pruebas presentadas, porque de lo que se trata no es de encontrar la verdad, sino de ocultarla levantando cortinas de humo o enfilando las baterías hacia quienes tuvieron el valor de denunciar los hechos.
Ya el oficialista Canal 4 ha empezado a señalar a Carlos Fernando Chamorro como “empresario de medios aliado con los terratenientes”. Menospreciando la herencia de honestidad y coraje periodístico de su padre y la suya propia como director del periódico del FSLN, Barricada, durante quince años y como periodista independiente y serio en Esta Semana, pretenden maliciosamente presentarlo como un oligarca preocupado por los terratenientes en contra de los campesinos. Ésta es una maniobra acostumbrada por el Orteguismo para acusar de intenciones anti-populares o de nefastas alianzas “pro-imperialistas” a todo el que se atreve a señalar sus acciones cuestionables o poco transparentes.
Es de la mayor importancia, si es que queremos mantener el turismo como fuente de empleo y riqueza en nuestro país, que estos nublados se aclaren, que se nombre una comisión de abogados notables sin filiación partidaria para que examine esta situación. Es urgente impedir que la avaricia de unos cuantos destruya las posibilidades de este recurso tan importante para el futuro de nuestro país. Es urgente, además, que se instituyan marcos ecológicos armónicos que regulen este mismo desarrollo.
Por otro lado, se requiere que los medios más importantes cierren filas y defiendan su derecho a informar sobre estas irregularidades. De otra manera, los ataques contra Chamorro y Esta Semana puede que sean el preludio de una situación donde a fuerza de amenazas veladas y acciones de desprestigio, se obligue a los medios a callar y se suprima, a punta de miedo a las represalias, la libertad de prensa.
Como bien dijera Bertolt Brecht en un poema, si callas cuando el poder actúa en contra de otros, qué harás cuando venga por ti.