Opinión

De peleles, conspiradores, petróleo y consejos


El 18 de mayo recién pasado, durante el acto conmemorativo del 112 aniversario del nacimiento de Sandino, en Niquinohomo, el presidente de la República, Daniel Ortega, atacó a la oposición a su gobierno calificándola de pelele y conspiradora y además de estar siendo financiada por ustedes ya saben quien (¿?). El general Augusto C. Sandino, impasible desde el mural en el cual los organizadores del acto lo pusieron a compartir el mismo con una estrofa del himno La Internacional, modificado en parte de su letra para no ofender ni al amo ni a Dios ni al rey, presenciaba cómo los gobernantes del país, lejos de traer al presente su ejemplo de desprendimiento personal, de humildad, de decoro y dignidad nacional, era instrumentado para, en su nombre, suplantar su deseo de paz, progreso, honradez en el manejo de la cosa pública y unidad nacional, por un mensaje revanchista, provocador y tendiente a distraer la atención de los ciudadanos del tema de la transparencia a que está obligado el gobierno en el manejo de los asuntos del país y principalmente, en este momento, de la cooperación venezolana, y en particular de las millonarias sumas de dólares que significará el manejo del petróleo otorgado en términos altamente concesionales por el gobierno del presidente Hugo Chávez.
Los lemas o consignas usados por la dirigencia del FSLN durante la recién concluida campaña electoral y los gestos posteriores inmediatos de parte del presidente Ortega, tendientes a la creación de confianza en la ciudadanía en relación con su futura gestión, han ido dando lugar a una serie de medidas totalmente contrarias a tal propósito y, en consecuencia, lo que han venido creando es mucha incertidumbre, confusión y una creciente desconfianza hacia los verdaderos propósitos del gobernante y su grupo de colaboradores cercanos.
La sensatez de aquellos gestos, los cuales fueron bien recibidos por un amplio sector de la población, incluyendo un buen número de los tradicionales adversarios del Frente, va quedando en el recuerdo lejano, con el agravante de la desilusión y el desencanto de los que le habían dado el beneficio de la duda al presidente Ortega, creyendo que el paso del tiempo y de los difíciles momentos por los que atravesó nuestro pueblo en los años precedentes le hubieran dejado las lecciones y la experiencia acumuladas suficientes como para comprender que los tiempos de hoy son otros, porque otra es la realidad nacional e internacional y porque otra es la conciencia de los nicaragüenses, respecto a lo que desean tener como sistema político institucional en el cual desarrollar su vida. El esfuerzo actual de los gobernantes por presentarse ante los ojos de la población como desdeñosos de la institucionalidad democrática establecida, sólo sirve para alimentar nuevos prejuicios y para reafirmar los de vieja data.
Sin lugar a dudas, ésta es una oportunidad única para sentar las bases del desarrollo económico, político y social del país, porque la estabilidad macroeconómica y las ofertas de cooperación internacional son muy alentadoras y porque el país está en paz. Probablemente, si no se sabe aprovechar esta oportunidad responsable y eficientemente, no volveremos a tener otra parecida en mucho tiempo. Entonces el sufrido pueblo de Nicaragua vería, una vez más, frustradas sus esperanzas en que la clase política en el poder sea capaz de guiarlo hacia un futuro mejor para sus hijos.
A menos que la ayuda venezolana esté veladamente condicionada a servir los intereses del presidente y su grupo cercano, para fortalecerlo económicamente de cara a su futuro político, los nicaragüenses estamos en la obligación de no permitir que tal ayuda se convierta en deuda de la nación, exigiéndole al presidente que aclare los nublados del día respecto a la naturaleza de los convenios suscritos y del destino de los millonarios fondos que sin dudas se desprenderán de la comercialización del petróleo y sus derivados. La fórmula es sencilla: a) si la deuda es de Estado a Estado, independientemente del mecanismo que se use para la recepción, traslado, almacenamiento y comercialización del petróleo, los réditos que resulten de la operación deberán ser declarados y puestos a la orden de las necesidades del país, principalmente de las tareas del desarrollo, vía Presupuesto de la República; b) si es un convenio privado no tendría que haber pasado --el convenio inicial-- por la aprobación de la Asamblea Nacional, ni tendría por qué asumir el Estado nicaragüense ninguna responsabilidad frente al Estado venezolano.
Si nos atenemos a los términos de lo ratificado en Barquisimeto, Venezuela, en el último viaje del presidente Ortega, la cooperación en referencia es del Estado venezolano hacia el Estado nicaragüense; eso no debería dejar ninguna duda respecto a la responsabilidad que tiene el Presidente de La República de enviar cuanto antes este nuevo convenio a la Asamblea Nacional para su ratificación, y hacer la debida aclaración a la ciudadanía sobre la propuesta de empleo de los fondos que se desprendan de dicha cooperación, los cuales deberán incorporarse, en su momento, a las propuestas de reforma del presupuesto de la nación de este año y a las propuestas ordinarias de los presupuestos de los próximos cuatro años.
El otro asunto de primer orden sobre el cual el Presidente debe dar las debidas explicaciones, a la luz del orden institucional establecido y de las leyes de la materia, es sobre la naturaleza y competencias de los llamados Consejos del Poder Ciudadano, que están supuestos a instalarse oficialmente el próximo 19 de julio. Lo único que los nicaragüenses hemos escuchado de boca de algunos de los dirigentes sindicales oficialistas es que dichos Consejos servirán de vigilantes de la gestión de los ministros y funcionarios del gobierno. En este caso, si tomamos al pie de la letra lo dicho, estaríamos asistiendo a la implantación de organismos partidarios y paraestatales de gestión, fiscalización y administración de la cosa pública, paralelos a los ministerios, entes estatales, alcaldías, Contraloría de la República y los propios organismos de participación ciudadana que ya están funcionando en cumplimiento y al amparo de las leyes que les dieron vida.
Mucha preocupación existe en amplios sectores de la sociedad respecto a la naturaleza de dichos Consejos. La sospecha más generalizada es que los mismos servirán para realizar labor de inteligencia política a favor del partido de gobierno, favorecer a través de la aplicación de las políticas gubernamentales a su clientela política, y presionar y chantajear a los adversarios. Parte de la sospecha es que se convertirán, al amparo de la cuantiosa cooperación manejada sin controles institucionales de Estado, en nidos de corrupción y descomposición social.
A la luz de estos verdaderos problemas que corresponde al Presidente dilucidar para darle tranquilidad a la ciudadanía, su preocupación hecha denuncia el pasado 18 de mayo sobre la intención de algunas organizaciones políticas, gremiales y de la sociedad civil por conformar un frente de oposición a su gobierno parece más una actitud diversionista para tratar de desviar el enfoque de la población sobre los problemas más sentidos, los actuales y los por venir. En un régimen de verdadera democracia las dirigencias de los partidos políticos en el poder ya deberían de estar acostumbradas, en aras de la salud del régimen, a tener oposición, y mientras más fuerte sea ésta mejor debería ser para el gobierno y para todos, en cuanto engrandecería la vida política de la nación al obligarnos a todos y en primer lugar a los gobernantes, que están llamados a cumplir y hacer cumplir la ley, a actuar con responsabilidad, cordura, inteligencia y legalidad. El Presidente y sus colaboradores cercanos están a tiempo de demostrar que los lemas y consignas de la campaña electoral pasada no eran discursos huecos y falsos propósitos para engañar a los incautos. El Presidente y sus colaboradores cercanos deben hacer un esfuerzo por comprender lo positivo de estas preocupaciones y reconocerlas como sanos aportes al ejercicio de su gestión gubernamental, y reconocer también que la ecuación es que si le va bien a Nicaragua le irá bien a su partido, y no al revés.