Opinión

Una buena ley de la que la gente se debe apropiar, a pesar de sus detractores


Después de múltiples consultas, críticas periodísticas, acertados consensos y encendidos debates, los diputados de la Asamblea Nacional aprobamos la Ley de Acceso a la Información Pública, hecho que en estos días ha generado una intensa polémica entre los adversarios de los partidos que integramos la Alianza Unida Nicaragua Triunfa.
Más allá de la distorsión sectaria y de la polémica partidista de los opositores --que querían por su medio modificar la Ley de Probidad--, la Ley de Acceso a la Información aprobada es una buena ley de la que la gente debe apropiarse, conocerla y usarla, a pesar de sus detractores, ya que así se fortalecerá el sistema democrático que fue acordado desde hace 20 años con los Acuerdos de Esquipulas. Su vigencia, entonces, era perentoria, pues necesitamos ser exitosos en la gestión de los recursos públicos --que con su voto ha encomendado la población--, para salir de la pobreza y lograr el desarrollo integral, sostenible y con equidad.
Las dos exacerbadas críticas que a esta ley le han hecho los opositores carecen de fundamento y no la demeritan, pues la publicidad sin cortapisas de las declaraciones de probidad se logrará mediante la reforma a la “Ley 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos”, y las referencias al ejercicio periodístico “no tienen ningún impacto negativo ni positivo sobre el periodismo nicaragüense”, como lo reconoce el experto en comunicación social Arturo Walace.
Con la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública se realizará de mejor forma el derecho humano a la información, se fomentará la vocación de servicio y la rendición de cuentas de los funcionarios del Estado, se mejorará la transparencia en la función pública, se perfeccionará el ejercicio de la democracia, se hará más efectiva la participación ciudadana, se ejercitará la ciudadanía, se disminuirá la corrupción y los abusos con los recursos públicos y se mejorará la eficacia, la eficiencia y la gobernabilidad. Todos estos postulados del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional son metas que dicen haber asumido también otras alianzas políticas, por lo que hay razón para que todos nos congratulemos de la vigencia de esta ley, si de verdad queremos el bienestar de la gente.
No obstante, el “cuello de botella” en la aplicación de esta estratégica ley será la falta de apropiados sistemas de archivo y de documentación en casi todas las dependencias del Gobierno y de las alcaldías, así como la ausencia de suficiente personal entrenado en la clasificación, archivo y documentación. En estos meses hemos visto en todas las oficinas públicas cómo se estaban “archivando” en cajas de cartón y en “sacos macén” los documentos producidos en el año anterior y que no son del uso corriente. Cuando dentro de seis meses termine la “vacatio legis” de la Ley de Acceso a la Información Pública, y la gente solicite cualquier documento e información producida en años anteriores, no se le podrá atender, pues por la falta de los equipos, de los instrumentos, de los sistemas y del personal referidos, será imposible que se cumpla con esta ley, y de nuevo la culpa se la achacarán al Gobierno.
Urge, por lo tanto, que el Presidente de la República, además de ordenar la pronta reglamentación de la ley, gire instrucciones a todos los ministros del Poder Ejecutivo y a los titulares de las empresas autónomas, para que a lo inmediato comiencen a subsanar esa deficiencia, se destine presupuesto y se organicen los Centros de Archivo y Documentación como lo mandata la Ley, así como que se entrene y se contrate el personal calificado en estas tareas. Organismos internacionales cooperantes como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea, entre otros, han expresado la disposición de apoyar proyectos con estos propósitos, por lo que el Gobierno debe aprovechar esta disposición y apoyar también a las alcaldías en estas necesidades.
Mientras tanto, los medios de comunicación --incluidos los recalcitrantes opositores-- deberían promover entre los habitantes el conocimiento de esta Ley, habida cuenta que ellos, día a día, serán importantes beneficiarios de la misma en el ejercicio de su labor social informativa.