Opinión

Las privatizaciones deben revertirse


Los procesos de privatización en los diversos países son impulsados y financiados por las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el beneplácito y acompañamiento de los Estados Unidos de América como socio mayoritario de estos organismos, quienes se encargan de presionar a los gobiernos ofreciéndoles falsas expectativas para convencerlos de las bondades de este modelo de desarrollo neoliberal que ha traído tanta pobreza y miseria a millones de seres humanos.
Los modelos tienen su origen en la deuda externa que cada país tiene con estos organismos multilaterales, los que argumentan que muchas de las instituciones representan una carga para el Estado en donde tanto éste como sus bienes públicos son altamente ineficientes y por lo tanto tienen que pasar a manos privadas para que, según ellos, sean “bien administrados y autosostenibles”, poniendo en duda la capacidad gerencial del Estado y de los ciudadanos que lo conforman. Lo más lamentable del caso es que una vez que logran su objetivo ellos mismos se vuelven incapaces y, sospechosamente, en vez de mejorar, la situación empeora, y como si esto fuera poco el servicio que prestan se vuelve más caro y su gestión más agresiva hacia el usuario, que al final es el que paga los platos rotos.
Los programas de ajuste estructural, o ESAF por sus siglas en inglés, continúan siendo impulsados mayoritariamente por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quienes condicionan su entrega de ayuda financiera para su ejecución particularmente en los países pobres como el nuestro que así la solicitan, los que se ven obligados a adoptar una serie de medidas y políticas para ‘ajustar’ sus balanzas de pago y tener acceso a nuevos créditos. Estos programas han incidido directamente en el aumento de las políticas de privatización de empresas estatales por parte de los gobiernos de países en vías de desarrollo y en los recortes sustanciales a sectores como salud, educación y cultura. Diversos estudios han documentado los impactos negativos, contraproducentes y dolorosos que estos recortes han causado en las sociedades pobres de los países de América Latina, África y Asia (Rapley 1996; Elson 1989; Redclift 1995).
En el caso de Nicaragua, los procesos de privatización iniciaron con el gobierno de Violeta Barrios en 1990. En este contexto se privatizó una serie de empresas estatales, iniciando una desmantelación sin precedentes del Estado, lo que trajo como consecuencias el aumento del desempleo y la pobreza a gran escala. Inspirados por el lucrativo negocio que dicho proceso resultó para muchos funcionarios, se inició una cacería en contra de muchas empresas estatales, sólo de las Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap) se privatizaron 351 empresas según el ex procurador Julio Centeno Gómez, quien califica estas acciones como “el fraude más grande en la historia de Nicaragua” (END 18/10/2002).
Entre los fraudes más dolorosos están los casos de los ingenios azucareros como el del Ingenio “Javier Guerra”, comprado en 400 mil dólares, y el Ingenio “Victoria de Julio”, con un costo de casi 200 millones de dólares, donado a Nicaragua por la solidaridad y generosidad del pueblo y gobierno cubano, y que durante una licitación llena de irregularidades fue vendido por cinco millones de dólares. En octubre del año 2000 el gobierno vendió la empresa estatal de energía a Unión Fenosa por 115 millones de dólares, misma que ha sido expulsada de otros países por no cumplir con sus compromisos y encarecer el servicio, no obstante, en Nicaragua hasta la fecha no ha cumplido con sus compromisos y más bien se jacta de estar protegida por el gobierno español de Zapatero.
En el proceso de las privatizaciones no se escaparon a la rapiña los servicios de salud y educación, en donde apareció la fórmula mágica de Humberto Belli con su autonomía escolar que provocó la deserción estudiantil sobre todo en la clase pobre, en donde los padres de familia tenían que bolsearse hasta para comprar los lampazos y escobas de los centros escolares, lo cual aumentó dramáticamente el analfabetismo en el país. Cabe mencionar las pretensiones del BID de privatizar las universidades, cuando en Nicaragua se invierte en cada estudiante apenas 70 dólares al año, mientras en Honduras, un país atrasado como el nuestro, se invierten 200 dólares por estudiante. “Cosas veredes”.
La privatización ha golpeado tanto que activos nacionales estratégicos resultantes de todo un proceso de acumulación efectuado por la sociedad a lo largo de décadas y muy sensibles a la población se siguieron canjeando a precios de “guate mojado” debido a los apuros financieros derivados de compromisos con el propio esquema de ajuste estructural y los chantajes impuestos por los organismos financieros internacionales que carecen de sensibilidad humana ante la estela de muertes prematuras, desnutrición, analfabetismo y miseria que van quedando en nuestros pueblos.
Especialistas en la materia de los tantos que tenemos en Nicaragua han señalado el proceso de privatización como erróneo e inhumano, sin embargo, los gobiernos de los últimos 16 años, responsables directos del desmantelamiento y venta del Estado, que han sido a la vez cómplices directos de la rapiña, nunca se preocuparon por disponer a un grupo de sus “iluminados” a hacer un balance económico del costo beneficio que han traído para el pueblo nicaragüense las privatizaciones, pues está demostrado hasta la saciedad que los empresarios extranjeros no han hecho inyecciones considerables de capital a las empresas, pues sencillamente, según su conveniencia, no deben arreglar la casa ajena.
De tal manera que los gobiernos neoliberales han venido dejando al pueblo de Nicaragua en manos de usureros internacionales como el BM y el FMI, los que al igual que sus colegas de Unión Fenosa están siendo rechazados por los países víctimas de su “asistencia” que ha sido institucionalizada disfrazándola con palabras bondadosas como modernización, fortalecimiento de capacidades comerciales, concesiones, etc., lo cual es una trampa bien sabida por sus aliados dentro del país, a los que no les importa el sufrimiento del pueblo si han de llenarse los bolsillos negociando lo que no es de ellos.
Con el nuevo gobierno surgen muchas esperanzas de que se puedan revertir algunos procesos de privatización más sensibles y que fueron enajenados durante licitaciones viciadas y dolosas que han puesto a la ciudadanía de rodillas ante sus acreedores, que son los nuevos dueños del patrimonio nacional. La situación se vuelve incómoda de resolver cuando sabemos que muchas empresas y entes gubernamentales fueron privatizados de manera desventajosa para nuestro pueblo, como es el caso de la energía, en donde Unión Fenosa quiere cobrar al Estado una jugosa indemnización cuando sabemos que no han cumplido sus compromisos y se amparan en las políticas de “atracción de la inversión” que debe emplear el nuevo gobierno, lo cual es un sucio chantaje a las autoridades nicaragüenses.
Es momento de que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional emprenda desde ya un proceso de reversión de las privatizaciones de instituciones de servicio muy sensibles a la población y se olvide de andar complaciendo a quienes le acusan de populistas cuando se habla de combate a la pobreza. Los servicios básicos que en un tiempo fueron del pueblo no pueden seguir en manos de usureros, es tiempo de decirles que se vayan de nuestro país. Así como se acabó de un solo tajo con la autonomía escolar, los megasalarios y se reivindicó la gratuidad en la salud, se debe también actuar con firmeza en la recuperación de Petronic, la energía, las telecomunicaciones y otras tantas empresas que desde 1990 pasaron a manos de delincuentes disfrazados de inversionistas extranjeros cuyos actos ilícitos en un determinado momento deberían de ser investigados y juzgados no sólo en Nicaragua, sino también en los diversos países en donde han clavado sus garras a los pueblos empobrecidos de la tierra.
Nueva Guinea, RAAS
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