Opinión

Que el gobierno reconozca


Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud han demostrado que los niveles de violencia a manos del cónyuge son menores en las sociedades donde existen sanciones --sean éstas en forma de hecho legal, censura social o mandato moral-- y sistemas de apoyo a la familia. Pero es a nosotros, mediante la participación ciudadana, a quienes nos corresponde fortalecer las estructuras de apoyo tanto a nivel nacional como internacional, para hacer mayor presión, y obligar al gobierno a reconocer su falta de amparo a las mujeres. Hasta la fecha el gobierno se muestra ausente y deja claramente sentada su inoperancia y falta de interés en el tema de la violencia intrafamiliar.
Oponerse a la violencia es un débito público que exige resarcimiento legal y social. El sufrimiento originado por los actos de violencia puede mantenerse toda la vida y también la lucha por conquistar su resarcimiento. Esto bien puede revertirse si cada mujer abusada deja de pensar que está sola y empieza a exigir el reconocimiento de esos abusos y los denuncia. Apremia romper el silencio sobre la violencia contra las mujeres, compromete mayor sensibilización sobre el carácter endémico de la violencia de parte de la sociedad, es esencial educar desde la escuela a través de programas educativos acerca de los derechos humanos, enseñar a los varones que la violencia es un abuso y un delito, y crear leyes que se encarguen de la violencia intrafamiliar.
La violencia intrafamiliar ha dejado de ser un tema privado, que las mujeres sufrían en silencio, para convertirse en una cuestión pública, que exige la participación y el cambio de nosotros como sociedad. En algunos países se están promoviendo diversas singularidades de sanción civil, además de penal, como forma de neutralizar y subsanar la violencia contra las mujeres. Estas condenas civiles pueden ser disposiciones de protección, multas y desalojo del domicilio. Por ejemplo, ya en Colombia y Costa Rica puede exigirse a los agresores que se sometan a terapia de rehabilitación en centros públicos o privados; igualmente en Colombia, El Salvador, Guatemala y Paraguay, entre las órdenes de resguardo contra la violencia figuran las disposiciones de alejamiento temporal, que imposibilitan al maltratador aproximarse al domicilio de la víctima. Estos mandatos de amparo, que a menudo estriban de las autoridades municipales, también existen en Barbados, Turquía, Estados Unidos y muchos países de Europa Occidental. Pero en Nicaragua falta mucho por hacer, es abominable leer el diario cada mañana y encontrarnos con una similar noticia del día anterior: una, dos o más mujeres lesionadas o muertas, quedando como resultado familias desintegradas, niños y niñas en la orfandad con secuelas y traumas.
Las organizaciones de Derechos Humanos se han ajustado usualmente en exigir responsabilidades a los Estados en la esfera nacional por no preservar los derechos de las mujeres y no avalarles el acceso a la justicia y una protección adecuada cuando desertan de la violencia. Sin embargo, son las autoridades quienes tienen que ser más garantes y retar la arbitrariedad incontrolada. Así mismo se hace necesaria una revisión del proceso de elaboración de los presupuestos municipales que tome en cuenta las razones de género a fin de garantizar la equidad en la distribución de los recursos.
Carecemos de un sistema de justicia que se ocupe de prevenir la violencia contra las mujeres, que no se partidarice y haga diferencia entre un maltratador y otro, que provea servicios de apoyo, así como los recursos apropiados y exija compromisos a los ejecutores de violencia con efectos imperecederos. La violencia contra las mujeres de ningún modo es normal, constitucional ni admisible, y en absoluto debe soportarse, disimularse ni justificarse. Todos, hombres y mujeres amantes de la justicia, gobierno y órganos internacionales somos responsables de ponerle fin a la violencia intrafamiliar y suministrar resarcimiento por el daño que causa. Urgen cambios en el ámbito internacional, nacional y municipal. Y estos cambios los deben fundar los gobiernos, las instituciones y nosotros como ciudadanía. Le recuerdo al gobierno que es obligatorio respetar los tratados internacionales, adoptar o derogar leyes, poner en marcha métodos de apoyo y, sobre todo, transformar las actitudes, prejuicios y credos sociales que promueven y vigorizan la violencia contra las mujeres.

*Máster en Salud Pública.