Opinión

Nicaragua debe adherirse a la Corte Penal Internacional


Nicaragua, El Salvador y Guatemala son los únicos países centroamericanos que aún no se han adherido al Estatuto de Roma, mediante el cual se crea y se reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), adoptado por los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas el 17 de julio de 1998 y que entró en vigor el primero de julio de 2002.
Durante el mandato de Bolaños Geyer, el Estado nicaragüense (para vergüenza de sus ciudadanos) formó parte de un acuerdo secreto que el Gobierno estadounidense tejió con los gobiernos de Egipto, Mongolia, Seychelles, Túnez y otros; para desconocer la CPI, bajo la amenaza de cortarles la ayuda bilateral y obstaculizar la ayuda multilateral que controla.
La aprobación del singular tratado bilateral, por una mayoría relativa de nuestra flamante Asamblea Nacional, negociado en secreto por el Gobierno Bolaños Geyer, fue una vergüenza para todos los nicaragüenses y un grave error político que atenta contra los más elementales principios de derecho internacional universalmente aceptados. Fue un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad.
La CPI fue creada con el objetivo de luchar por establecer por primera vez en la historia de la humanidad una instancia jurídica mundial y permanente, que conozca las responsabilidades individuales de los que ordenan cometer los crímenes de guerra, genocidios y delitos de lesa humanidad. Es el primer tribunal permanente con la misión de investigar y enjuiciar a las personas, no a los Estados, responsables de cometer graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
La Corte tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales que sean incapaces o que no deseen llevar ante la justicia a quienes hayan cometido actos de genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad.
La persecución y represión de los delitos contra el derecho de gentes en general y de los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, en particular por los órganos estatales, tiene su talón de Aquiles allí donde los presuntos criminales forman parte del aparato del Estado o encuentran en éste una cobertura para sus actos.
Es por eso que la creación de una Corte Penal Internacional (CPI) es necesaria para complementar las funciones encomendadas de ordinario a los órganos estatales. Sin un tribunal permanente, como la CPI, que funcione bajo las reglas establecidas por la comunidad de naciones, los capturados permanecerán al arbitrio de sus captores, como el caso de los prisioneros retenidos en la base estadounidense de Guantánamo, por citar un ejemplo actual.
El actual Gobierno del Presidente G. W. Bush, desprestigiado por la invasión y ocupación de Irak, para justificación de la cual tuvo que mentir a su propio pueblo, retiró la firma del Estatuto de Roma efectuada por el presidente William Clinton el 31 de diciembre de 2000 y comenzó a hacer campaña contra la Corte Penal Internacional (CPI). Desde entonces encabeza y dirige el sabotaje de la CPI, presionando a los países pobres y dependientes de la ayuda estadounidense para que desconozcan la jurisdicción de dicho tribunal.
La urgencia de crear una Corte Penal Internacional quedó planteada como consecuencia del análisis de la experiencia del juicio de Nüremberg (Alemania, 1945-1946), donde se expresó en la sentencia: Es preciso, en primer lugar, crear una jurisdicción penal internacional permanente.
La oposición del actual Gobierno estadounidense a someterse, como todos los otros, a una jurisdicción internacional previamente establecida, sin efecto retroactivo como los otros tribunales establecidos por ellos, y con todas las garantías procesales, socavan la credibilidad y seguridad de los EU. Esto no va acorde con el espíritu de nuestra nación, reflejado en nuestra Constitución Política, y la pérdida de nuestra credibilidad como nación soberana y respetuosa de la dignidad humana sería algo inadmisible.
La adhesión a la CPI no debe esperar otra legislatura. El Gobierno de Nicaragua debe promover, acorde con su compromiso con la justicia y el respeto a los derechos humanos, la agilización del trámite y aprobación de dicho estatuto en el Parlamento nicaragüense. Esto debe efectuarse al margen de cualquier negociación interpartidaria o injerencia extranjera que signifique una nueva vergüenza para el digno pueblo nicaragüense o un menoscabo de nuestra soberanía.

* Jurista, politólogo y diplomático.