Opinión

¿Una planta eléctrica bien vale la violación de la ley?


Haciendo una analogía del espíritu de la famosa frase de Enrique IV: “Paris vaut bien une messe”, que significa “París bien vale una misa”, pronunciada el 25 de julio de 1593 al momento de convertirse en el catolicismo como una forma de mantener el poder en Francia, a pesar de que él pertenecía a la religión calvinista, en definitiva un acto de conversión motivado por los intereses personales sin importar principios morales o políticos. A pesar de referirse a un hecho histórico, también muchas veces en la cultura política contemporánea se hace uso frecuente de este tipo de ejemplos que, fuera del contexto que los motivó en su momento, en esencia mantienen el mismo espíritu degenerado de poder.
Esto va asociado también a otros referentes bibliográficos que han marcado la senda por la que muchos políticos han desarrollado sus tareas en beneficios personales y no de las mayorías. En el caso concreto del grave problema jurídico que ha generado el cuestionamiento del arribo de las plantas de energía venezolanas y tomando como base las declaraciones del propio Presidente de la República y repetida como loras paceñas por el resto de sus funcionarios y adeptos, en el sentido de que lo importante es el resultado y no los procedimientos, es más grave de lo que parece.
Para entenderlo mejor es necesario remontarnos a la figura del italiano Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, y que nosotros conocemos como Nicolás de Maquiavelo, es el autor de la famosa obra “El Príncipe” publicada en el año de 1513, tan famosa como su obra es la frase: “El fin justifica los medios”, obviamente que para entender esto debemos ubicarnos en el contexto en la que fue escrita, estamos hablando en la Italia de la época medieval en la que Europa estaba sumergida en constantes guerras de conquistas, el Estado moderno reside en la voluntad del monarca y la legislación por lo tanto emana de la casa real, por ello, es impensable en el contexto actual pensar siquiera en la posibilidad de aplicar esta fórmula histórica en un país donde supuestamente existe un Estado de Derecho.
Si todos los fines justificaran los medios en un Estado donde la ley es la que somete a los gobernantes y no al contrario, significaría que los gobernantes actuarían de facto sin importar ningún tipo de referencia jurídica que regule el ejercicio del poder, por ello a mi juicio, el análisis debe hacerse desde este punto de vista jurídico y no sólo político por el origen de estas plantas, bien pudieron haber llegado de China o de México, el asunto es que no debe permitirse bajo ninguna circunstancia el ejercicio del poder a través de voluntades personales que interpreten los beneficios antes de hacer uso de los procedimientos establecidos para estos casos.
De forma más específica podemos afirmar que es la Ley de Contrataciones del Estado la que establece de forma clara los casos en que por situaciones de urgencia o de emergencia se puede autorizar la adquisición de bienes por parte del Estado sin seguir los procedimientos establecidos en las contrataciones normales. Muchas veces existe una gran confusión acerca de las potestades discrecionales que tiene la administración pública en el desempeño de sus funciones, para ello es fundamental aclarar las características que tiene la discrecionalidad administrativa.
En primer lugar, es necesaria y para hacer uso de ella se deben llenar algunos requisitos mínimos, uno de ellos es que debe estar claramente definida en la norma, no es antojadiza ni espontánea como las voluntades del individuo, si bien es cierto que la Constitución Política establece que nadie está impedido de hacer lo que la ley no manda, en el caso de la administración pública esto no procede, en el ejercicio del poder público la administración sólo puede hacer aquello que la ley expresamente le permita, es lo que sucede con el caso de la discrecionalidad administrativa. Otro requisito es que se haga con el objetivo de obtener un bien público, es decir que beneficie a las mayorías sin violentar la norma y además deberá ser ejercida por el funcionario público que la misma ley o norma jurídica señale específicamente.
En la Constitución Política no aparece una potestad discrecional asignada al Presidente para pasar encima de la norma, ni en la Ley de Contrataciones del Estado aparece la facultad del mandatario para obviar procedimientos que son atribuidos exclusivamente al Consejo de Contralores. El caso de la emergencia es motivado por el hecho de que no existe ninguna otra posibilidad en el mercado para subsanar una necesidad de la ciudadanía, referida a la responsabilidad del Estado para darle respuesta, si en el mundo no existiera otra posibilidad de traer otro tipo de plantas generadoras de energía, más baratas y con mejores posibilidades de pago y haciendo la solicitud de previo, entonces la Contraloría puede y debe autorizar la exclusión de los procedimientos normales de contratación por parte del Estado. Sucede diferente en los casos de urgencia, esto se refiere a hechos que por casos fortuitos o fuerza mayor es necesario actuar de inmediato y estas mismas situaciones permiten la flexibilidad de contratar directamente sin procedimientos previos, esto sucede cuando hay desastres naturales imprevisibles o acciones humanas que causen tal daño y que es necesaria la intervención del Estado para subsanar dichas consecuencias derivadas. Todo esto ya está contemplado en la ley.
Siguiendo esta lógica jurídica, es inaceptable que tanto el Presidente, sus ministros, directores de entes autónomos, contralores y diputados, entre otros, estén tratando desesperada y descaradamente de justificar la inobservancia de la ley con tal de obtener un beneficio, ante una situación antijurídica sólo caben alegatos jurídicos que subsanen dicha inobservancia, como es el caso de la exclusión de los procedimientos en las contrataciones, no son argumentos maquiavélicos ni medievales los que valen es estos casos. ¿Es que acaso aparece por algún lado el sólido argumento jurídico que en la llegada de las plantas eléctricas cabía los casos de urgencia o de emergencia?, ¿es que acaso la Constitución Política o alguna otra norma derivada de ésta le da potestades discrecionales al Presidente de la República o a cualquiera de sus funcionarios para saltarse los procedimientos de contratación sin la aprobación del Consejo colegiado de los Contralores? ¿Es que la Ley de Contrataciones del Estado le da facultades a los contralores para permitir la violación de los procedimientos y la inobservancia del cumplimiento de los procedimientos fuera de los que expresamente la misma norma permite?
A eso es que deben responder los funcionarios, en ese cauce es que deben conducir la discusión los medios de comunicación, hay más que plantas eléctricas en juego, de permitir este tipo de actos nos llevaría a sentar graves precedentes en la forma de gobierno, el último que inició así fue Somoza García y miren cuánto duró su familia en el poder por tanta descendencia en su familia; nos puede ocurrir igual máxime cuando no existe oposición política como en Nicaragua, al final de cuentas les pregunto ¿una dictadura bien vale una bujía encendida para ver dónde nos golpean?

León, abril de 2007