Opinión

Una directiva de artistas, intelectuales y empresarios


El Teatro Nacional Rubén Darío ha sido gobernado desde 1970 por una Junta Directiva, aunque sus integrantes variaron significativamente entre 1970 y 1992. En el primer decreto creador de la Junta Directiva, del 13 de marzo de 1970, publicado en La Gaceta No.73 del seis de abril del mismo año, la Junta estaba adscrita al Ministerio de Educación Pública y quedó integrada por ocho miembros:
El Presidente de la Junta designado por el Presidente de la República, el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, un representante del Ministerio de Economía, Industria y Comercio en el ramo de turismo; un representante de la iniciativa privada, dos miembros de la Sociedad Pro Arte Rubén Darío, y un representante del partido de la minoría.
El Director General del Teatro quedó sujeto al nombramiento directo de parte del Presidente de la Junta Directiva, conforme el Reglamento de la Ley de 1970, promulgado el 12 de febrero de 1975 y publicado en La Gaceta No. 44 del 21 de febrero de 1975.
Con la Revolución Sandinista de 1979, la Junta Directiva fue derogada por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, y se adscribió el Teatro Nacional al Ministerio de Cultura, que dirigió Ernesto Cardenal. El instrumento legal utilizado fue el decreto No. 434 del siete de junio de 1980, publicado en La Gaceta No. 131 del 11 de junio del mismo año. Un acuerdo ministerial del ministro Cardenal estableció una forma de gobierno sin Junta Directiva, subordinado directamente el Director General al Ministro.
En 1992, la presidenta Violeta Barrios Vda. de Chamorro creó nuevamente la Junta Directiva por medio del decreto No. 13-92 del 28 de febrero de 1992, publicado en La Gaceta No. 40 del mismo día y año. En este nuevo decreto la Junta quedó adscrita al Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), quedando el Director General del INC como Presidente por derecho de la Junta del Teatro.
Sin embargo, la representación de la Junta fue modificada con relación a 1970, constituyendo membresía los siguientes representantes: el Presidente, que debe ser el mismo director o directora del INC; un delegado del Ministerio de Educación; un delegado del Instituto Nicaragüense de Turismo; un delegado del Banco Central de Nicaragua; un representante del sector artístico, cultural o intelectual del país; un representante del sector empresarial; y un delegado de la Presidencia de la República. Los tres últimos, más el Director del INC, quedaban nombrados por el Presidente de la República de Nicaragua. Para administrar el Teatro, la Junta quedaba facultada para nombrar al Director General.
Este modelo vigente desde 1992 hasta la fecha, sólo ha tenido dos modificaciones no muy significativas establecidas en 1997 a través de la reforma No. 13-92 del cuatro de febrero y publicada en La Gaceta No. 62 del cuatro de abril del mismo año, cuando se incrementó de siete a ocho los miembros de la Junta, al agregarse al Subdirector General del INC como Vicepresidente por derecho de la Junta Directiva. Pero este cargo desapareció del INC el mismo mes de abril en que fue publicada la reforma, de tal manera que en la práctica nunca se implementó.
En la siguiente reforma de la Junta Directiva, publicada en La Gaceta No. 40 del 28 de febrero de 1992, se retornó a la Junta de siete miembros, al suprimir la membresía del inexistente cargo de Subdirector General del INC. La Dirección General del Teatro siempre quedaba subordinada a la Junta Directiva, y su nombramiento sujeto a la votación mayoritaria de los siete miembros, o sea, cuatro de los siete.
La representatividad
de la Junta
Cabe la pregunta: ¿a quién representa la Junta Directiva del TNRD? Basta con repasar el origen de sus miembros: la Junta representa solamente al Poder Ejecutivo de Nicaragua. Aun los dos miembros que se dicen representan al sector empresarial privado y a los artistas e intelectuales del país, son designados personalmente por el Presidente de la República. No hay participación directa de los empresarios ni de los artistas e intelectuales en este modelo de Junta Directiva del TNRD.
Sometiendo a crítica el origen de los siete miembros de la Junta, siempre es válida la pregunta sobre por qué hay un representante del Banco Central de Nicaragua, cuando sabemos que éste no aporta ni un córdoba al presupuesto del Teatro. Tampoco el delegado del Intur ni el representante de la empresa privada están obligados a aportar dinero al Teatro. Son sillas ocupadas por representantes de instituciones o sectores que no contribuyen económicamente con el Teatro Nacional.
Las opciones del
nuevo Gobierno
El Gobierno recién instalado en el Poder Ejecutivo tiene ante sí la oportunidad de cambiar la actual situación del Teatro Nacional Rubén Darío por dos vías: 1. Derogar nuevamente la Junta Directiva en su totalidad, estableciendo el cargo de Dirección General del Teatro a través de una designación directa del Presidente de la República. 2. Reformar el decreto creador de la Junta Directiva, integrando a la misma una mayor representación directa de artistas e intelectuales, así como de empresarios que realmente vayan a colaborar económicamente con las finanzas del Teatro Nacional.
Un humilde aporte a la segunda vía: la Junta Directiva debería contar entre sus miembros con un representante del gremio de la música, otro del gremio de la danza, otro del gremio del teatro como disciplina artística, un cuarto miembro del gremio de las artes plásticas y un quinto del gremio de los escritores y escritoras Nicaragüenses. Todos éstos, presididos por la Dirección General del INC, y fortalecidos por representantes del sector empresarial turístico del país, con el compromiso de pagar el derecho de silla en la Junta Directiva (no obligatorio para los artistas e intelectuales, sino sólo para los empresarios), hasta sumar un número no mayor de cinco miembros más, para un total de once miembros en la Junta.
Considero oportuno sugerir que en caso de que la segunda vía sea atractiva a la voluntad política de nuestros gobernantes, es pragmático que el Director General del Teatro sea designado directamente por el Director General del INC, para evitar complicaciones en la relación entre estos dos funcionarios. O en un modelo mixto, permitir al Director General del INC el derecho privativo de presentar una terna a la Junta Directiva para que de la misma sea escogida la dirección administrativa del Teatro Nacional.
Que las cosas queden como están no es opción. Tal y como está actualmente la Junta Directiva, tendremos más de lo mismo. Una Junta que no representa ni a los artistas e intelectuales ni al verdadero sector empresarial comprometido con la cultura. Es necesario que los artistas e intelectuales sientan que el Teatro Nacional Rubén Darío es suyo y lo gobiernan por medio de sus representantes. Es igualmente necesario que los empresarios comprometidos con la cultura sientan que participan en la solución de los problemas de su Teatro Nacional, tanto en lo político como en lo económico.
Si las cosas quedan como están, seguirá padeciendo nuestro Teatro Nacional las constantes crisis institucionales que ha sufrido desde su colapso técnico que lo llevó al cierre por varios años, hasta los riesgos de cierre por cortes energéticos derivados de la salvaje decisión de Disnorte-Dissur de considerar a nuestro Teatro como una “industria” y no como un patrimonio cultural de la nación.
Éstos son apenas dos ejemplos de lo que no cambiará si el Teatro sigue gobernado por la actual forma directiva. Es la hora del cambio en nuestro Teatro Nacional Rubén Darío.
* Ex –Presidente de la Junta Directiva 1997-2001.