Opinión

Policía Nacional: multas al por mayor


Desde hace tres meses he venido observando un incremento desproporcionado en las multas que los señores agentes de Tránsito imponen a los conductores que --según ellos-- transgreden la Ley 431 y el reglamento general para el control de emisiones de los vehículos automotores de Nicaragua.
Y no es cuestión de bromas, ni para tomarse a la ligera. Tanto el pago, la apelación de éstas como cualquier otra gestión de multas para el retorno de la licencia de conducir se convierten en un verdadero calvario.
Ni la Ley 228 de marzo de 1992, ni las otras mencionadas al comienzo de este artículo autorizan a tan prestigiosa institución desatar toda una “cacería” en contra de los pacíficos conductores de vehículos particulares (desconozco la situación en el transporte público). Quienes tenemos que bregar con la dura situación económica, como lo es el aumento del combustible, el alza de la energía eléctrica, los servicios de Enacal (pésimos y carísimos), Enitel y el alto costo de la vida en general, además del miedo de perder sus empleos por el cambio de gobierno; no podemos soportar todavía a los amigos de la Policía con otro flagelo a nuestra endeble economía, que es la imposición de elevadas multas de 600, 800, 1,000 y hasta 1,500 córdobas a los supuestos transgresores de la Ley del Tránsito y su reglamento.
Menciono los montos de las multas más elevadas por haber sido testigo en un caso de un señor que me solicitara en días pasados llenar un formulario de depósito en Banpro para la cuenta del Gobierno que recibe el pago de dichas multas. Le pregunté cuánto ganaba y contestó que 400 córdobas semanales. Cuando escribí la suma a pagar, que era nada más y nada menos que 800 córdobas, equivalente al cincuenta por
ciento de su salario, realmente consideré esto como una soberana grosería.
El 7/11/05 escribí un artículo en el cual denuncié el golpe a la quebrantada economía del nicaragüense que produjo el pago de 600 córdobas más 75 dólares en concepto de seguro automovilístico provocado por el “ocurrente cambio de placas”, el cual totalizó 180 millones de córdobas para el Estado y 20 millones de dólares para las compañías de seguros aproximadamente. Recién se había realizado otro cambio de placas. Gracias a Dios llevamos dos años sin ocurrencias similares.
El colmo que rebalsó mi paciencia sucedió esta Semana Mayor. Mientras regresaba del balneario Poneloya con destino a Managua, en el empalme de Izapa, fuimos detenidos en forma “aleatoria” por un oficial dotado de la mayor impaciencia al no permitirme desempacar nuestras maletas en donde llevaba para protección mi fólder del seguro del vehículo cubierto con una lona de plástico, por si llovía. Esta operación me hubiera tomado de 10 a 15 minutos para mostrarle al agente mi seguro obligatorio de automóvil. Sin embargo, con lujo de altanería el caballero mencionado, cuyo nombre omito por razones obvias, sin más explicaciones que oír, le impuso a mi señora una boleta de color rojo con una leyenda que decía: Este documento no es válido para conducir, señalando como única infracción la falta de seguro, el cual llevábamos en nuestro equipaje.
Esta vez no haré mi reflexión como en el artículo de las placas, pero sí le pediré públicamente a los señores jefes de la Policía --quienes realmente hacen ingentes esfuerzos por mejorar la imagen de dicha institución-- que al implementar planes como el de esta Semana Santa, por favor se acuerden que vivimos en el segundo país más pobre de América Latina, instruyendo a sus agentes para que se calmen con las multas.
No obstante lo anterior,
felicito a la Policía por el
excelente trabajo realizado en todo el país.
acastell46@yahoo.com