Opinión

Maestros y maestras, de utility a sujetos claves


La profesión docente, en las últimas décadas, ha sido reconocida por los países como factor preponderante en el éxito de las reformas y cambios de la educación. En la práctica, tales reformas en nuestro país dejan al descubierto una visión simplista, parcial y utilitarista de la profesión docente, lo que se manifiesta en las brechas existentes entre el discurso de las políticas y su efectivo cumplimiento. La investigación educativa centroamericana y del país nos recuerda que tanto la visión institucional como la percepción que poseen los maestros coinciden en que el rol que se reserva al magisterio es simplemente el de ser instrumento de reformas y cambios educativos definidos sin su participación. Una investigación reciente del Ideuca y el Foro de Educación y Desarrollo Humano, que analiza las percepciones y autopercepciones docentes sobre los cambios y reformas educativas, lo confirma una vez más.
Frente a esta realidad es necesario relanzar la profesión docente como tema de interés nacional de debate, ampliando los marcos teóricos de análisis actuales y concibiendo la misma desde una perspectiva sistémica interna y externa, en correspondencia y plena articulación con las políticas educativas y las políticas públicas en general. Un tratamiento apropiado del tema requiere tomar un buen punto de partida, reconceptualizando la profesión docente desde una perspectiva decisional, reflexiva-crítica, de autonomía, como partícipe clave del trabajo educativo y no como simple asalariado o instrumento del sistema. Pero para entender bien la profesión docente es preciso vincularla al tema del derecho a la educación. Éste se construye no sólo en su dimensión interna, personal, sino sobre todo social, en tanto el educando proyecta su desarrollo a la comunidad; es en esta dimensión social que se completa integralmente este derecho.
Los derechos de la profesión docente se logran desplegar siempre y cuando se ubiquen dentro del amplio marco del derecho a la educación. Hablar, por tanto, del derecho a la educación debe llevar, necesariamente, a hablar del derecho a rescatar la profesión docente, como condición imprescindible para el logro del derecho a la educación. Por tal razón, construir políticas públicas que hagan efectivo el derecho a la educación exige como condición necesaria definir políticas para el desarrollo de la profesión docente que vayan acompañadas de la voluntad efectiva de cumplirlas. De manera similar, definir políticas orientadas a mejorar la calidad de la educación requiere como fundamento imprescindible elaborar políticas de desarrollo profesional destinadas a mejorar su calidad, y por ende, la calidad de la educación.
Esta relación íntima que ha de existir entre las políticas públicas de los distintos sectores es lo que hace posible su sostenibilidad y efectividad, lo que exige como condición imprescindible fortalecer la calidad de vida y de trabajo de la profesión docente, en tanto la proyección y liderazgo del educador se hacen sentir en la comunidad, en los proyectos locales, en el municipio, en la lucha por la salud, el medio ambiente, la superación de la pobreza y el logro del desarrollo. La construcción efectiva de políticas de la profesión docente requiere, como plataforma para hacerlas efectivas, voluntad política institucional, pero para que las intenciones de la administración educativa lleguen a concretarse en la práctica, es necesario que esta voluntad política descanse en una capacidad institucional dinámica y no fraccionada o debilitada. A pesar de los esfuerzos realizados, en el caso de las políticas de desarrollo de la profesión docente, estas fracturas y debilidades continúan mostrándose con mucha claridad en el país.
Hacer valer una visión de educación como arma clave para vencer la pobreza pasa necesariamente por hacer realidad el fortalecimiento efectivo de la profesión docente como su mejor socio catalizador. Siendo así, en este contexto en el que, al parecer, la profesión docente con los derechos que le corresponden, ha sido ubicada en un terreno de conflicto, incomunicación, falta de diálogo e imposición, más allá de las miradas cortas de vista que afloran en los medios de comunicación sobre el tema, es preciso que como país, como Mined, como Estado, como sindicatos y como sociedad civil, se comience de una vez por todas, más allá de las apologías que hace la demagogia, a tomar en serio a la profesión docente, ubicándola como un tema de interés para todo el país. Es preciso que el país entero se comprometa a desentrañar y curar las dolencias históricas profundas de esta gran profesión, impulsando a los educadores como auténticos profesionales, con un papel histórico que cumplir en la educación y el país.
No hay que olvidar que sólo un tratamiento justo y adecuado de la profesión docente abrirá las puertas a la calidad de la educación del país. Es hora de contribuir a que no continúen siendo tratados como simples utility, usados para todo y por todos, proporcionando al magisterio oportunidades que les ayuden a ser realmente el factor clave y decisivo para que el país logre una educación con el futuro que lo haga viable. Lo demás podría ser una gran mentira y sumar más frustración al sector que la que ya ha cosechado a lo largo de la historia de nuestra Nicaragua.