Opinión

Discapacitados y Responsabilidad Social Empresarial


El alarmante informe presentado días atrás por la procuradora especial de personas con discapacidad, Rosa Salgado, constituye una vergüenza para el Estado, los ciudadanos en general y los empresarios que hacen alarde de la llamada Responsabilidad Social Empresarial.
El informe indica que del medio millón de discapacitados, 50 mil han pensado en quitarse la vida debido la situación de mendicidad en que viven por falta de empleo, y 150 mil sufren maltrato de parte de sus familiares.
Según el último informe de la Fundación Solidez, que atiende discapacitados, sólo el 0.03 por ciento tiene trabajo y en su mayoría en el sector informal, donde carecen de todas las prestaciones sociales de ley.
Francisco Javier SANCHO MÁS decía en un artículo de opinión que “un Estado que no puede dar un poco de tranquilidad, al menos económica, simplemente material, a quienes sufren discapacidad (algunos, por cierto, por culpa misma del Estado), no se puede llamar un Estado social ni siquiera de Derecho, ni humano ni justo”.
Comparto la afirmación, pero deseo ir más allá con la responsabilidad que tienen quienes han recibido de ese Estado los mayores beneficios durante los últimos 17 años, a través de exoneraciones fiscales y los vergonzantes estímulos para promover el desarrollo empresarial.
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), promovida en Nicaragua por el Grupo Pellas y otras empresas fuentes del país, debe verse más allá de que un empleado más preparado y en mejores condiciones pueda aportar al objetivo final de la empresa, que es ganar y entre más mejor.
Uno de los pilares de la RSE lo constituyen los principios éticos y el ayudar a desarrollar a los sectores más sensibles de la sociedad, los más necesitados. Entre esos, indudablemente, se encuentran los discapacitados por ser el sector laboral más sensible y por encontrarse la mayoría en estado de mendicidad.
La Responsabilidad Social Empresarial debe comenzar por cumplir con el reglamento de la Ley 202, Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades y Reglamento, que establece la OBLIGATORIEDAD DE CONTRATAR A UN DISCAPACITADO POR CADA 50 TRABAJADORES.
El artículo nueve del reglamento de la Ley 202 establece que las comisiones departamentales y regionales (del Estado) deberán constatar que las empresas estatales, privadas o mixtas tengan contratada a una persona con discapacidad por cada 50 trabajadores según la planilla de la empresa.
Los artículos 10 y 11 establecen que las empresas están obligadas a emplear a personas con discapacidad sin afectarlas en sus derechos y salarios, y deberán acondicionar los locales con el fin de facilitarles el de-sempeño de sus funciones.
Antes de escribir este artículo, llamé a varias de las empresas más grandes que impulsan la RSE, para conocer cuántos trabajadores discapacitados tenían y ninguno supo darme una respuesta. Un responsable de personal me respondió extrañado: “¿Discapacitados? Aquí, no se puede”.
La falta de información y la respuesta concreta no me extrañó, pues en los congresos empresariales sobre la Responsabilidad Social Empresarial, el tema de los discapacitados no ha estado en agenda.
El Estado está obligado a cumplir y a hacer que los empresarios cumplan con la Ley 202; es tiempo de terminar con la insensibilidad institucional y con la blandenguería con los empresarios, acostumbrados a violar las leyes cuando significan pérdida de sus ganancias y exigir su estricto cumplimiento cuando son para su beneficio.
El Estado y los empresarios deben cumplir la Ley 202, no como una obra de caridad, sino con el respeto a la dignidad humana que los discapacitados se merecen.
La mejor forma de poner en práctica la Responsabilidad Social Empresarial es cumpliendo con las leyes laborales, sin buscar vericuetos legales para evadir responsabilidad; pagando impuestos, sin declarar ficticias pérdidas; sin distorsionar las leyes para beneficiarse de estímulos financieros y dejando a un lado el tráfico de influencias para ganar jugosos contratos a través de amañadas licitaciones como ha sucedido en los últimos años.
Todo lo anterior es más importante a que los empresarios anden en campañas de filantropía social barata, que sólo ayudan a su figuración personal y en algunos casos con miras a saltar a la política.